Un par de capas de pintura debían bastar para disimular los restos de sangre de las paredes de una de las habitaciones del prostíbulo Queen's, en Lugo. A pesar de que los gritos resonaron durante un buen rato en todo el burdel, aquella noche las compañeras de Ana no pudieron parar los golpes que presuntamente le propinó su proxeneta hoy en prisión hasta ocasionarle, casi con toda probabilidad, la muerte.

A Ana, posiblemente brasileña, pero cuya identidad real se desconoce, nadie ha vuelto a verla desde entonces, hace ya tres años. Tampoco han podido cotejarse los restos de ADN hallados bajo el estuco porque se ignora quién es su familia. Solo el grafiti aparecido en un muro en la ciudad, en el que se emplazaba a la Guardia Civil a dar con el paradero de la mujer, y el tesón de Pilar de Lara Cifuentes, jueza del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, han permitido poner en marcha la operación Carioca, que suma ya más de 60 imputados. Entre los implicados en la trama de los burdeles que ha sacudido a la ciudad gallega de 96.000 habitantes, figuran altos mandos de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y Local, Jesús Otero, ex subdelegado del Gobierno, y la cúpula de la Brigada de Extranjería de la ciudad.

La macroinvestigación arrancó en 2008, cuando una de las víctimas de explotación sexual en un club de alterne —sólo en el área metropolitana de Lugo existen más de 40— denunció a un agente por supuesta agresión sexual. Dos años después, el sumario del caso supera los 40 tomos, más de 300 prostitutas han declarado como testigos y la magistrada De Lara lleva escolta.

Procedentes de Rumanía y de Brasil, las chicas llegaban en autobús a Lugo desde Barajas, de donde salían con ayuda de un guardia civil lucense destinado en el aeropuerto madrileño, que percibía 300 euros cada vez que hacía la vista gorda, según ha publicado Interviú. Las mujeres fueron llevadas a varios moteles de carretera en los que trabajaban una media de 12 horas al día hasta seis días por semana. Las cargas familiares que habían dejado atrás y el miedo a ser deportadas les impedía reaccionar. La connivencia de las fuerzas del orden con la mafia de los burdeles tampoco les ayudó.

Cobraban entre 30 y 50 horas por cada pase relación sexual remunerada de media hora, ingresos que debían compartir en un porcentaje variable con los proxenetas. Diversas intervenciones telefónicas permitieron conocer que los policías obtenían favores sexuales de las chicas, a las que amenazaban con la expulsión.

La jueza investiga si, además de inducir a la prostitución ilegal, varias chicas fueron coaccionadas a abortar en condiciones extremas y sin anestesia, delito por el que también se encuentra encausado un conocido ginecólogo de Lugo. A los imputados se les acusa de inducción a la prostitución, agresión sexual, inmigración ilegal, blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas... La jueza deberá dilucidar además qué pasó con Ana.