"No hay manera de evitar que las maltratadas paguen por divorciarse"

La nueva ley de tasas, que extiende el copago judicial a los particulares y que el Congreso aprobó con el rechazo de toda la oposición, tiene más impacto en las mujeres que en los hombres. Es lo que defiende la Asociación de Mujeres Juristas Themis en su informe Impacto de género de la ley de tasas en los procesos de familia. Su presidenta, la abogada de familia Ángela Cerrillos, alerta del freno que supondrá, para muchas mujeres, a la hora de emprender demandas de divorcio y solicitar indemnizaciones.

¿Por qué el impacto de la ley de tasas es mayor en las mujeres que en los hombres?

Las únicas personas que están exentas de tasas son aquellas que accedan a la justicia gratuita, que es muy limitada, pero hay una franja muy amplia de personas que pueden pagar sin ningún problema en la que las mujeres tienen una menor retribución salarial [en la Encuesta de Estructura Salarial correspondiente a 2010, el indicador Brecha salarial entre mujeres y hombres es des del 15,3%]. Por otra parte, las mujeres son las que más cogen las bajas para el cuidado de los hijos [sólo el 4% de las excedencias en 2011 fueron de hombres, según el Ministerio de Empleo], las que abandonan sus trabajos si tienen que cuidar de familiares dependientes, etc. Son las pobres de los pobres y por eso las tasas tienen más impacto sobre ellas.

Las mujeres también son las que presentan más demandas de separación y divorcio.

Sí. Y quien toma la iniciativa de demandar es quien tiene que pagar la tasa. En 2011, sólo el 10% de las sentencias de separaciones fueron promovidas por el marido. Y la cifra no llega al 20% en el caso de los divorcios. Además, también les cae la tasa a las mujeres que piden alimentos para hijos mayores de 18 años dependientes y a las que piden pensiones compensatorias o indemnizaciones en caso de separación de bienes.

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¿Existe algún modo para que el marido, si tiene más ingresos, asuma los gastos del proceso?

Sí, existe la petición de litis expensas, que es ofrecer la posibilidad a quien demanda de pedir un pago de los gastos del juicio al otro miembro de la pareja, si tiene más dinero. Pero para eso primero hay que solicitar el trámite de petición de justicia gratuita, que te la denieguen y luego el juzgado fija la cantidad, que en ningún caso cubre los gastos reales del juicio. Las cuantías que establecen los juzgados son tan misérrimas que muchas mujeres ni lo solicitan.

El ministro de Justicia dijo que las víctimas de violencia machista estarían exentas del pago de tasas, pero el retraso en la aprobación de la Ley de Justicia Gratuita provocará que, al menos en los próximos mese, deban pagar los 300 euros cuando presenten una demanda de divorcio. ¿Hay mecanismos para evitarlo?

No, no existen mecanismos para exonerarlas del pago. La ley no se ha modificado y en la orden ministerial, que es muy defectuosa, tampoco hay ninguna referencia de ello. Mientras no haya ninguna orden de algún tipo que exonere del pago de la tasa, las víctimas de violencia de género tendrán que pagar.

¿Cómo vais a responder ante esta ley?

Hemos hecho de todo. Antes de que se aprobara, elaboramos un estudio exhaustivo que mandamos a todos los grupos parlamentarios con las enmiendas que creíamos que tenían que introducirse, pero no se aceptó ninguna. Se ha aprobado la ley tal cual. Yo he tenido entrevistas personales con el grupo socialista para que interponga un recurso de inconstitucionalidad y en las reuniones del Consejo de la Abogacía se ha decidido pedir a todos los jueces que reciban demandas sujetas al pago de tasas que también planteen la inconstitucionalidad de la medida. Queremos conseguir todos los recursos posibles para impugnar la orden ministerial, que es la que desarrolla el pago de las tasas. Aun así, la ley va para adelante y, por mucho que hagamos, ya está causando impacto porque hay que pagarla.

¿Qué consecuencias tendrá el pago de tasas?

Sobre todo, desanimará al ciudadano a la hora de introducir peticiones. Por ejemplo, en mujeres que se están planteando pedir indemnización. A los 300 euros por presentar la demanda debe sumarse el 0,5% sobre la cuantía del pleito (una anualidad de los alimentos que se soliciten para los hijos e hijas mayores de 18 años dependientes económicamente o de las pensiones compensatorias y la cantidad total de la indemnización por dedicación a la familia o el valor de los bienes gananciales o comunes que se pretendan liquidar). Eso puede dar lugar a una tasa muy alta y, quien realmente no pueda pagarla, igual decide no empezar el proceso.