Los detalles tendrán que esperar. De momento, sólo habrá brocha gorda. Una voluntad firme de “avanzar en la laicidad del Estado”. Poco más.

El Gobierno se resiste a concretar cómo operará en la Ley Orgánica de Libertad Religiosa (LOLR), de 1980, para quebrar el práctico monopolio de la Iglesia católica. Guarda sus cartas, sabedor de lo delicado del asunto y de que la furia del episcopado será segura.

“Hay que proteger las creencias de todos, las de los católicos, por supuesto, pero también las de musulmanes, judíos o evangélicos, y las creencias de los que no creen”, esbozó ayer la vicepresidenta. Lo hizo tras el primer Consejo de Ministros presidido por el Rey en esta legislatura. Como si ya diese por descontada la declaración de guerra de los prelados, Teresa Fernández de la Vega insistió en que la reforma prevé “amparar y cobijar a todos” y no “ir contra nadie”.

No se habló con los obispos

El Ejecutivo inscribe su revisión de la LOLR –el Concordato de 1979 ni se plantea– dentro de la política de “ampliación de derechos” que el PSOE ha defendido desde 2004. “No gobernamos con ningún ideario religioso, sino con la ley y en el marco de la Constitución”, rubricó De la Vega. Es decir, “sin dogmas y sin imposiciones de nadie ni a nadie”.

Ése era un mensaje explícito a la Conferencia Episcopal Española (CEE), con la que la vicepresidenta confesó no haber hablado desde el miércoles, cuando comunicó al Congreso su idea de laicizar el Estado. De la Vega conversará con la Iglesia, como en los sorprendentemente calmos cuatro años anteriores: “Nunca hemos confrontado con la CEE, más allá de las discrepancias”.

Para la reforma no hay plazos. Fuentes del Gobierno apuntan que se pretende trabajar “con sosiego” y con la intención de recabar el máximo consenso. Se trata de un cambio sensible que llevará en exclusiva De la Vega hasta su presentación pública. La postura de partida del Gobierno responde a la síntesis a la que llegaron las dos almas del PSOE, la laicista y la cristiana, en la Conferencia Política de enero, la que aprobó el programa del 9-M. Eso amarraría la calma, pero no garantiza que no se reabra el debate interno.

Para Rajoy, no es prioritario

La cuestión de la laicidad salió tres veces a colación ayer en el acto que celebró ayer el PP en Sevilla, con Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría como protagonistas. Y siempre fue bajo el mismo paraguas: no es importante profundizar en ella. “La primera prioridad es la economía española, no la reforma de la Constitución, ni la laicidad”.

En un discurso que el líder del PP usó para presentar sus ejes de oposición, la laicidad era utilizada como ejemplo de lo superfluo, de lo que “no interesa a la gente”. Sáenz fue la que más desarrolló la idea. “La reforma de la Constitución le suena a todo el mundo a antiguo porque no lo hizo en la pasada legislatura, y el debate sobre la laicidad no hace falta en un Estado aconfesional desde hace 30 años. Basta de debates de laboratorio”.

1. Financiación pública // “El Estado se compromete a colaborar con la Iglesia Católica en la consecución de su adecuado sostenimiento económico, con respeto absoluto del principio de libertad religiosa” (artículo 2. 1).

2. El artículo incumplido // “La Iglesia católica declara su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades” (artículo 2. 5).

3. Enseñanza religiosa // “La educación que se imparta en los centros docentes públicos será respetuosa con los valores de la ética cristiana” (artículo 1).

4. Profesores de religión // “La situación económica de los profesores de religión (...) se concertará entre la Administración central y la Conferencia Episcopal, con objeto de que sea de aplicación a partir de la entrada en vigor del presente acuerdo” (artículo 7).