La Asociación Preeminencia del Derecho ha presentado ante los juzgados de guardia de Madrid una querella contra el ex ministro de Fomento Francisco Álvarez Cascos, en la que acusa al dirigente conservador de un delito de calumnias contra funcionarios públicos por acusar a los agentes de la Policía Nacional de haber falsificado pruebas en el caso Gürtel.

La denuncia hace referencia al artículo 205 del Código Penal, que establece como un delito de calumnias 'la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad', una figura delictiva castigada con penas que van desde los seis meses hasta los dos años de prisión.

Los querellantes se refieren a las declaraciones realizadas en abril por el ex ministro de Fomento en las que aseguró que detrás de la investigación policial del 'caso Gürtel' estaba 'una camarilla policial' que se dedica a 'falsificar papeles y preconstituir pruebas' en contra del PP.

Uno de los impulsores de esta querella es uno de los artífices de la causa contra Garzón por las subvenciones  del Santander

Los hechos imputados por Álvarez Cascos a los policías del 'caso Gürtel' por su trabajo de investigación 'pueden ser constitutivos de un delito de calumnias contra funcionarios públicos, ya que se les atribuye un acto de falsificación de documentos,  hecho gravísimo que, de no ser cierto y resultar probado, es calumnia', señala el escrito presentado ante los juzgados de guardia de Madrid.

En concreto, los querellantes solicitan que se inicien diligencias de investigación contra Álvarez Cascos y que se cite a declarar a 'los funcionarios concernidos como perjudicados'. La denuncia recuerda que, en el caso de calumnias contra funcioarios, los tribunales pueden actuar de oficio sin tener que esperar a que los presuntos perjudicados inicien acciones penales.

Los querellantes solicitan que se inicien diligencias de investigación contra Cascos

Uno de los impulsores de esta querella es el letrado José Luis Mazón, uno de los artífices de la causa penal abierta en el Tribunal Supremo contra el juez Baltasar Garzón por las subvenciones que el Banco Santander otorgó a los cursos que el magistrado impartió en Nueva York en los años 2005 y 2006.

La asociación ha criticado a fiscales de Madrid que se negaron a poner una querella contra Cascos tras recibir una comunicación de los policías afectados y ha pedido a la Fiscalía General del Estado que investigue esta actitud.