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La reforma de la Justicia, materia pendiente de las promesas del PSOE

El capítulo de derechos sociales es, por contra, el apartado con mayor grado de cumplimiento

FERNANDO GAREA

La legislatura parlamentaria ha concluido y se han quedado sin aprobar importantes proyectos de ley referidos a la reforma de la Justicia, que fueron anunciados en su momento a bombo y platillo y generaron polémica. Es el apartado más incumplido del programa electoral del PSOE de 2004.

El propio José Luis Rodríguez Zapatero y destacados miembros del Gobierno, como María Teresa Fernández de la Vega, Mariano Fernández Bermejo o José Antonio
Alonso, entre otros, coinciden en que, si ganan las elecciones, la próxima legislatura deberá ser la de la reforma a fondo de la Administración de Justicia.

De forma más o menos expresa se incluirá en el programa electoral la atribución al fiscal de la dirección de la instrucción de los sumarios, la limitación de las acusaciones populares y la reforma en profundidad del Consejo General del Poder Judicial, según fuentes socialistas.

Proximidad

Entre las reformas que han decaído, a pesar de que estaban ya en trámite en el Congreso, están la del recurso de casación, la descentralización del Tribunal Supremo a favor de los Tribunales Superiores de Justicia, la creación de Consejos del Poder Judicial autonómicos, la llamada justicia de proximidad y la universalización de la doble instancia penal. Todas esas iniciativas estaban en el programa, se impulsaron en Justicia por Juan Fernando López Aguilar y encallaron con Fernández Bermejo. La razón oficial del incumplimiento es la imposibilidad de cerrar acuerdos. Varias de esas reformas servían para desarrollar estatutos como el de Cataluña y el de Valencia.

El capítulo de Justicia del programa del PSOE se abría con esta promesa: "Nos comprometemos a que antes de finalizar la legislatura cualquier ciudadano o ciudadana obtenga una sentencia firme, dentro de la jurisdicción ordinaria, en un plazo no superior a dos años". No se ha cumplido.

Sí se han cumplido los compromisos de incremento de medios personales y materiales. El programa prometía mil plazas de jueces y fiscales y en 2008 se superará la cifra en 89, según datos oficiales de Justicia. También en presupuestos se ha cumplido, porque el gasto en Justicia ha aumentado
en un 50% en la legislatura.

El principal agujero está en las reformas legislativas, con algunas excepciones. Por ejemplo, se ha cambiado el Estatuto Fiscal y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, pero apenas se ha tocado la Administración de Justicia y el Poder Judicial, con la excepción del aumento de las mayorías para acuerdos relevantes, que servía para neutralizar la mayoría conservadora.

Abogados de oficio

El programa de 2004 hablaba expresamente de modificar el sistema de designación de abogados de oficio, de una Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, de Justicia de proximidad, de cambiar el sistema de acceso a la carrera judicial, de hacer recaer la instrucción en el fiscal, de descentralizar el Consejo del Poder Judicial y de derivar a los tribunales superiores de Justicia los recursos del Supremo. Ninguna de esas reformas se ha cerrado al final de la legislatura y algunas ni se abordaron.

Pero, dejando a un lado la justicia, ¿en qué estado quedan otras de las promesas?

Derechos civiles  y sociales

Es probablemente el capítulo más cumplido del programa del PSOE. Por ejemplo, el reconocimiento del matrimonio homosexual, la ley de identidad sexual, la agilización del divorcio, la Ley de Igualdad y la Ley de Dependencia. No se ha cumplido la creación de una Secretaría de Estado de Políticas Familiares, ni la creación de una Comisión parlamentaria que reflexione sobre la eutanasia.

Transparencia  y regeneración

Se ha cumplido la reforma de RTVE para que, por primera vez en la historia, sea el Parlamento el que designe al responsable del ente público y se ha sacado adelante la Ley de Financiación de Partidos, pendiente desde los ochenta.

No obstante, quedan bastantes compromisos sin cumplir. Por ejemplo, se comprometía a publicar en el BOE el patrimonio de los altos cargos y se llegó a elaborar una nueva ley de incompatibilidades y de conflicto de intereses, pero una parte ha encallado por falta de desarrollo. La norma establecía en 2005 que en seis meses se aprobaría un decreto de desarrollo para la publicación de ese patrimonio. El decreto se hizo, pasó por el Consejo de Estado, pero un año después del plazo previsto en la ley sigue frenado y no se aprobará o, en todo caso, no se aplicará ya esta legislatura.

Tampoco se siguió adelante con la creación del Consejo Superior Audiovisual que controlaría determinados contenidos, ni se avanzó por falta de acuerdo en la reforma del Reglamento del Congreso.

El programa de 2004 del PSOE era también muy preciso sobre la propuesta de reforma electoral, pero tampoco se ha abordado. Se proponía el desbloqueo de las listas, la regulación de los debates en campaña y la elección directa de alcaldes, pero no se ha hecho.
Sí se ha regulado la publicidad institucional para darle transparencia y la paridad a través de la Ley de Igualdad.

Han quedado aparcadas la Ley de Bases de Régimen Local, el nuevo modelo de financiación autonómico y municipal y la aplicación de la Ley de Agencias. El programa proponía una Ley Básica de Participación Institucional que ni se ha abordado.

Obviamente, en el capítulo de cumplimientos se incluye la Ley Integral contra la Violencia de Género, la retirada de tropas de Irak y el compromiso de aprobar en el Parlamento el envío de tropas al exterior.

Interior

El programa hablaba de la creación de un Ministerio para la Seguridad que se descartó desde el principio y de la creación de un mando único de policía y Guardia Civil que sí se ha cumplido, así como el aumento de efectivos de ambos cuerpos y la creación del carné de conducir por puntos.

Administración pública

Se ha aprobado el Estatuto del Empleado Público, pendiente desde hace años y queda sin abordar la reforma de la Administración Pública.

Estatutos  y Constitución

El capítulo de política territorial se ha convertido en el centro de una parte de la legislatura con la aprobación de seis estatutos -Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía, Baleares, Aragón y Castilla y León-, mientras que los de Castilla-La Mancha y Canarias han decaído por el final de
la legislatura.

Las cuatro reformas constitucionales comprometidas requerían acuerdo con el PP y, por eso, quedaron en nada, aunque se puso en marcha el proceso y se recabó el informe del Consejo de Estado.

Economía

Se han cumplido los objetivos de subida de pensiones y del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). A finales de enero, la promesa de incrementar el SMI será una realidad y se ubicará en los 600 euros.

Educación

Se han cumplido los compromisos de reforma educativa y de aumento de becas y en cultura ha habido, finalmente, Ley del Cine, pero se ha hecho caso omiso del IVA cultural que se incluía en el programa, a pesar de que la legislación europea lo impide.

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