Todos los grupos políticos han dado este jueves el visto bueno en el Congreso a la convalidación del real decreto ley del Gobierno para el impulso de algunas medidas urgentes del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, como la acreditación de víctima de violencia machista sin necesidad de denuncia previa y sentencia judicial.

Con este trámite, el decreto que aprobó el Ejecutivo en agosto, será tramitado en las Cortes como proyecto de ley.

Su objetivo es poner en marcha tres medidas del pacto que requieren modificaciones legislativas: devolver las competencias a los ayuntamientos en materia de violencia machista, permitir que los menores puedan recibir asistencia psicológica con el permiso de un único progenitor, y agilizar la acreditación de las víctimas sin necesidad de sentencia judicial para que éstas reciban ayudas.

"Este real decreto debe ser convalidado por esta Cámara porque el mensaje que debemos trasladar a nuestro país es que en esto no hay discrepancias partidistas, debemos ir todos a una contra la violencia machista. (...) Tenemos que decirles a las víctimas que pueden salir de esa tragedia, que la política está a su servicio", ha indicado la vicepresidenta y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, en el Pleno.

Todos los grupos parlamentarios han coincidido con la ministra de Igualdad en que es urgente la puesta en marcha del Pacto de Estado contra la Violencia Machista, aprobado ya hace un año, para atajar sin dilación esta tragedia.

Modificaciones legales

El decreto, que pasará a ser proyecto de ley, prevé modificar el Código Civil para que los hijos de maltratadores puedan recibir atención psicológica con la autorización de un único progenitor.

Calvo ha hecho hincapié en la situación de los menores víctimas de violencia, que en España son casi un 60% y ha indicado que la corta edad del 93,7% no les permite identificar como tal la situación en la que viven. "Esto nos obliga a poner en marcha la ayuda en ese tramo de minoría de edad y por eso se contempla la modificación del Código Civil", ha indicado la número dos del Ejecutivo.

También la ley de Bases del Régimen Local para devolver a los ayuntamientos las competencias de igualdad y prevención de la violencia machista, con el objetivo de que se "conviertan en lugares de "escucha, asilaje y respuesta" de las víctimas y sus hijos.

Carmen Calvo ha recordado que el 70% de las mujeres asesinadas no había denunciado a su agresor, por lo que las víctimas deben recibir el mensaje de que "las estamos esperando para ayudarlas".

A su juicio, una víctima de violencia machista acudirá antes a una casa consistorial que a una comisaría, de ahí que este decreto busque este cambio de competencias y permita a los ayuntamientos contratar personal especializado para la detección de casos. Se trata, según ha indicado, de convertir el ayuntamiento en "un espacio seguro" para la mujer.

La tercera modificación legal, en este caso de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, persigue que se pueda acreditar la condición de víctima sin necesidad de sentencia judicial con el fin de que puedan acceder a ayudas sociales y laborales.

"Creo firmemente que la violencia no desaparecerá si no mantenemos la unanimidad para su total rechazo", ha dicho la diputada popular Marta González Vázquez, quien ha mostrado su preocupación por determinados aspectos incorrectos o ambiguos del decreto que espera modificar durante su tramitación.

Desde ERC, Ana María Surra, también ha defendido que el decreto tiene una serie de errores, relativos al ámbito competencial autonómico, que esperan subsanar.

Ciudadanos considera que el Gobierno "ha dejado todo sin atar" por lo que también ha mostrado su intención de enmendar el proyecto. Patricia Reyes ha solicitado que se tramite de manera urgente para que las medidas del Pacto se pongan en marcha cuanto antes.

Por su parte, la portavoz de Unidos Podemos de Igualdad, Sofía Castañón, ha lamentado que Calvo no debatiera con las diputadas que han redactado el Pacto el contenido de este decreto. Aunque, a su juicio, las medidas que se incluyen son necesarias, la política en esta materia mantiene a España "en el año 2004", cuando se aprobó la ley contra la violencia machista.

"Vamos tarde y no podemos esperar ni un segundo más. (...) Nos va la vida en ello", ha destacado Castañón, que ha recordado que 85 mujeres han sido asesinadas por la violencia machista desde que se aprobó el documento para un pacto de Estado en septiembre de 2017.

Calvo ha celebrado el consenso en torno al Pacto y ha pedido a la Cámara que baje "las armas de la discrepancia y de la confrontación política" para luchar unidos contra esta violencia. La mayoría de grupos ha recogido el guante.