El sindicato UGT ha denunciado que el recorte del Gobierno de 283 millones de euros para el nivel acordado de la Ley de Dependencia deja a 256.000 personas sin recibir ayuda en 2012. La organización califica de "histórico" este recorte en Dependencia en el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y alerta de que reduce "a cero" la aportación había comprometido hasta la plena implantación de la Ley de Dependencia en 2015. "Más recortes, más desprotección social y menos atención a los que más lo necesitan", lamenta.

A juicio de UGT, existe una "clara vulneración" en la aplicación de la Ley de Dependencia, en cuya memoria económica figuraba el compromiso del Estado, al menos hasta que la norma fuera implantada en su totalidad, a través de la aportación del nivel acordado, una cantidad anual que pasa de 283 millones de euros a cero.

Por otro lado, el sindicato afirma que llama "poderosamente la atención" que las cifras para la atención a la dependencia bajen de forma importante respecto al año pasado, "incluso el número de beneficiarios presupuestados". En este sentido, UGT alerta de que si bien el año pasado los beneficiarios con derecho a prestación "se estimaron en 1.092.872", para este año "se ha presupuestado en 790.000 beneficiarios".

Por su parte, Comisiones Obreras afirma que el recorte supone romper el modelo de financiación actual, por el que el Estado aporta una cantidad y las comunidades autónomas el resto, e implica "la renuncia" del gobierno a exigir que las autonomías pongan su parte.

Según el sindicato, este recorte significará la "desaparición del incentivo que actualmente tienen las comunidades autónomas para incrementar el número de beneficiarios de las prestaciones de dependencia", ya que este fondo se distribuía únicamente teniendo en cuenta el número de personas efectivamente atendidas. Por eso, CCOO considera probable que se incremente el limbo de la dependencia, es decir, el número de personas que con derecho reconocido a prestación, no la reciben.

"Hace escasamente dos meses, la ministra de Sanidad, Ana Mato, ofrecía un Pacto por los servicios sociales y desde entonces, su gobierno modifica unilateralmente e incumple una ley que fue consensuada social y políticamente, que además, ha permitido ampliar la cobertura de protección a cientos de miles de personas en situación de dependencia y que ha creado 195.000 nuevos empleos en tres años", ha denunciado la secretaria confederal de Política Social de CCOO, Rosana Costa.