Un insólito fallo de la Corte Suprema de Argentina ha reducido a la mitad la pena de un condenado por delitos de lesa humanidad. El dictamen, que otorga el llamado beneficio del 2x1, deja abierta la posibilidad para que se aplique al resto de represores de la dictadura que se encuentran en prisión y que no tardaron ni 24 horas para solicitar la misma reducción de sus condenas en virtud de la sentencia.

La decisión del tribunal es la consecuencia de una campaña de desprestigio hacia las políticas de derechos humanos que comenzó con la llegada de Mauricio Macri. Organizaciones, movimientos sociales y la sociedad en su conjunto han condenado el fallo y este miércoles cientos de miles de personas han salido a las calles para expresar su rechazo. 

La reducción de condena 2x1 está integrada en la Ley 24.390 que estuvo vigente en el país entre 1994 y 2001 y cuyo principal (y malogrado) objetivo era disminuir el tiempo de espera de quienes se encontraban en prisión preventiva, es decir, computar dobles los días de detención. Aunque Luis Muiña, el opresor beneficiado del fallo, fue detenido y condenado tras derogarse la ley, la mayoría de la Corte (tres de cinco jueces), argumentó que se debe considerar la norma más benigna y aplicar la ley vigente en el momento de la condena. 

La Corte Suprema argentina se compone de cinco jueces, dos de los cuales fueron nombrados en medio de una gran polémica. Macri intentó nombrarlos por decreto pocos días después de investirse presidente pero debió dar marcha atrás debido al enorme rechazo que cosechó su decisión. El pliego pasó por el Parlamento, que igualmente aprobó los nombramientos. Estos dos jueces, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, más Elena Highton de Nolasco, representan la mayoría que votó a favor del fallo. La posición de Highton de Nolasco también ha despertado muchos resquemores ya que esta jueza ─en edad de jubilarse─ debe su permanencia en la Corte a que el Gobierno decidió no apelar la medida a su favor.

"Amnistía encubierta"

El Gobierno tardó cuatro días en condenar la sentencia, y lo hizo cuando ya había recabado todos los rechazos posibles. Aunque en un primer momento el ministro de Derechos Humanos, Claudio Abruj, salió en defensa del fallo recurriendo al argumento de una posible reconciliación, poco a poco casi todos los miembros del Gobierno fueron criticando la medida.  Es la mecánica habitual del actual Ejecutivo, que, cuando se trata de temas polémicos, suelen anunciarlos, medir su impacto y, en caso de ser necesario, los retiran, modifican o, directamente, los tachan de error.

Un momento de la multitudinaria manifestación en la capital argentina. - AFP

“El fallo es la expresión política de un acuerdo al que han llegado el Gobierno y los genocidas. Esto sale en la misma semana que la Iglesia pide la reconciliación”, denuncia a Público la abogada Guadalupe Godoy, querellante en causas de lesa humanidad. “Es una amnistía encubierta cuya mayor virtud es que han sido muy inteligentes a la hora de desplazar la responsabilidad. Algo que es una decisión política, que el Gobierno fue preparando durante todo este tiempo, lo transforma en una decisión judicial. A partir del cambio de gabinete lo que tuvimos fue la fuerte acción del Gobierno sobre la mirada que existe en este país sobre la dictadura”, añade.

Godoy se refiere a una larga lista de dichos y acciones de desprestigio que comenzaron con las declaraciones del por entonces Secretario de Cultura, Darío Lopérfido, negando el número de desaparecidos, y siguieron con el desmantelamiento de las áreas que se dedicaban a la investigación de los crímenes del terrorismo de Estado. Hasta el propio Macris eñaló en una entrevista que ni conocía ni le parecía importante saber cuántos eran los desaparecidos.

Esta campaña no es nueva, ya que antes de llegar a la presidencia del país. Macri, que fue jefe de Gobierno de Buenos Aires durante diez años, ya dio muestras de hacia dónde apuntaba su política en materia de derechos humanos. Sin ir más lejos, en noviembre de 2014 su partido fue el único que se abstuvo en la votación que ratificó la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad.

Sin embargo, el cambio del Gobierno no ha sido sólo discursivo, sino que se sustenta sobre un andamiaje judicial. “El fallo Fontevecchia establece la no obligatoriedad para la Corte Suprema de las decisiones que tome la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, recuerda Godoy.

La sentencia a la que hace referencia la abogada, de febrero de este año, protege a la Corte para que sus decisiones no puedan ser alteradas por las reclamaciones que se puedan hacer desde instancias internacionales. “El otro fallo fue Alespeiti, en abril, que relaja al máximo las posibilidades de obtención de prisiones domiciliarias para los genocidas. Este fallo viene a completar el otro, los que no salen por un beneficio salen por el otro. Es un combo”, critica Godoy.

"En honor de los desaparecidos", se podía leer en una de las pancartas durante la manifestación en Buenos Aires. - EFE

Investigación contra los jueces

Los abogados de los opresores encarcelados presentaron de forma inmediata la reclamación para que sus defendidos se beneficien, como Luis Muiña, también del 2x1. Los distintos juzgados se han negado, entre otras cosas, porque los fallos de la Corte no son obligatorios. “Aunque el poder judicial es muy permeable a los humores del poder político no siempre quiere pagar el costo de las decisiones que toman otros”, apunta Godoy. “Lo que está claro es que hay una intención de dar por terminada una etapa de procesos judiciales y esta fue la forma que han encontrado. El problema es que el poder judicial no perdona este tipo de cosas fácilmente porque dejan pataleando en el aire a la cabeza del poder judicial”, argumenta la letrada.

Las Abuelas de la Plaza de Mayo impulsaron, junto a otros hijos, los juicios contra responsables de desapariciones durante la dictadura, condenados a cadena perpetua, y que también podrían verse beneficiados con el 2x1. “Trato de no llevarlo al plano personal pero esto tiene una acción directa sobre las víctimas. Es una aberración, hemos esperado un montón de años y hoy esa espera es computada a favor de ellos”, denuncia Manuel Gonçalves, uno de los 122 nietos recuperados por las Abuelas de la Plaza de Mayo.  

Mientras se desarrollaban los juicios y debido a las amenazas recibidas por los testigos,   Gonçalves estuvo en un programa de protección de testigos durante diez años. “Sin duda esto te hace sentir expuesto, pero el poder judicial y el poder político siempre se han manejado con cierta impunidad. Nunca sentí que el sistema judicial me protegiera, ni siquiera cuando llegó el momento de condenarlos, siempre sentí que era un triunfo de nosotros como pueblo, de la lucha de los organismos de derechos humanos”, comenta.

El rechazo general al fallo de la Corte Suprema no se ha hecho esperar y este miércoles se sumó a las manifestaciones en las calles una modificación de la ley realizada en tiempo exprés. Los legisladores votaron un texto que modifica la Ley 24.390 para especificar que “no es aplicable a conductas delictivas que encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra”. También prevé que el cómputo de las penas establecidas por la ley del 2x1 “será aplicable solamente a aquellos casos en los que el condenado hubiera estado privado de su libertad” durante el período que existió la norma, entre 1994 y 2001. Asimismo, el fiscal federal Guillermo Marijuán decidió impulsar una investigación penal contra los jueces de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco por presunta prevaricación. 

“Tengo la esperanza de que como tantas otras veces, podamos vencer y romper un sistema que sigue quejándose de haber sido encuadrado en un proceso de memoria, verdad y justicia que no fue impulsado por el propio sistema sino por la sociedad y por algunos actores políticos", señala Gonçalves, que mantiene la esperanza en la fuerza de la gente, como quedó demostrado en las manifestaciones masivas contra la sentencia de la Corte Suprema.