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Argentina encara el debate final para legalizar el aborto

El Senado convocó a sus legisladores este martes 29 de diciembre para intentar que tenga sanción definitiva el proyecto de ley que autoriza la interrupción voluntaria del embarazo (IVE.

Manifestación en Buenos Aires para reclamar la legalización del derecho al aborto libre y gratuito.
Manifestación en Buenos Aires para reclamar la legalización del aborto. Agustin Marcarian / REUTERS

ana delicado

Argentina se encuentra a las puertas de legalizar el aborto seguro y gratuito. Es un reclamo que demandan desde hace años centenares de organizaciones feministas, sociales y civiles ante el proyecto de ley que más movilizaciones ha generado en la historia reciente de la nación sudamericana.

El Gobierno de Alberto Fernández apuesta por que la iniciativa que autoriza la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) pueda ser ley antes de fin de año. Con tal propósito, el Senado celebrará una sesión especial este martes 29 de diciembre a las 16.00 hora local (20.00 en España) para debatir y quizás sancionar la ley, en una votación que se presenta muy reñida y cuyo desenlace se desconoce.

La incertidumbre sobre lo que acontecerá ha redoblado el apoyo de numerosas referentes feministas de otros países, que por estos días miran a Argentina con la expectativa de que pueda consagrar el aborto legal, seguro y gratuito.

Al ser también el proyecto de ley que más controversia genera, sectores que se oponen a su aprobación recurrieron a campañas sucias para intentar desprestigiarlo. En los últimos días no han faltado intentos de ensuciar el debate con la difusión, en la ciudad de Buenos Aires, de carteles apócrifos en la vía pública que rezaban: "Aborto legal por si sale con síndrome de Down", o "Aborto legal para que no haya más pobres". Con la intención de confundir, los avisos tenían de fondo el color verde con el que se identifica la campaña a favor de la legalización del aborto.

Los ánimos se presentan más encendidos desde que el proyecto de ley fuera aprobado en la Cámara de Diputados de Argentina el pasado 11 de diciembre por 131 votos a favor, 117 en contra y 6 abstenciones. Tres días después se reunieron en el Senado las comisiones de la Banca de la Mujer, de Salud y de Justicia y Asuntos Penales para analizar la medida junto con los 60 expositores que fueron invitados para dar su opinión.

Fue así que el 17 de diciembre el proyecto de ley ya tenía el aval de la cámara alta para ser tratado por el plenario. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, como titular del Senado, presidirá este martes la sesión que podría culminar con la legalización del aborto. Dado que se necesita mayoría simple para aprobar el proyecto, será ella quien tenga la última palabra en caso de un empate en la votación.

Proyecto de largo aliento

El Congreso de Argentina vuelve a tener una segunda oportunidad para legalizar el aborto, a dos años del único y primer debate que se dio en el parlamento para aceptar la interrupción voluntaria del embarazo. Por entonces el presidente, Mauricio Macri (2015-2019), había aceptado el tratamiento de la normativa, pero sin darle impulso desde el Poder Ejecutivo. Fue así que el proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados pero rechazado en el Senado dos meses después por siete votos de diferencia (38 a favor y 31 en contra).

En el país rige una reforma del Código Penal que data de 1921 y que solo autoriza el aborto en caso de violación o de que corra peligro la salud integral o la vida de la mujer. En los últimos días de su mandato, Macri derogó una resolución que actualizaba el protocolo hospitalario para la interrupción legal del embarazo en los casos permitidos por la ley.

Dentro de una administración que había degradado a secretaría el ministerio de Salud, esta decisión insólita terminó por provocar la renuncia de su titular, Adolfo Rubinstein. A tres días de asumir la nueva gestión presidida por Alberto Fernández, en diciembre de 2019, el nuevo ministro de Salud, Ginés González García, promulgó un nuevo protocolo para los casos de aborto no punible.
Esa herramienta, a la que se adhirieron 15 de los 24 distritos del país, detalla cómo debe proceder el equipo de salud que interviene, qué evaluación médica se debe realizar, y cuál es el procedimiento de la interrupción voluntaria del embarazo. Cuatro provincias tienen sus propios protocolos, mientras que otras cinco jurisdicciones carecen de este instrumento que fue demandado por la Corte Suprema en 2012, cuando resolvió que los embarazos pueden interrumpirse en cualquier caso de violación.

Ante este escenario, el nuevo proyecto de ley que tratará el Senado permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación. El texto reconoce la objeción de conciencia, si bien las clínicas comprometidas que no tengan ningún profesional dispuesto a realizar la práctica están obligadas a garantizar el procedimiento con el traslado de la paciente a otro centro hospitalario que sí lo lleve adelante.

Votación incierta

La votación en el Senado será muy ajustada, y mucho dependerá de los legisladores dubitativos que todavía no tienen tomada una postura, incluso dentro de la coalición gobernante, pese a que el presidente no sólo se ha expresado a favor de la ley, sino que presentó su propio proyecto desde el Poder Ejecutivo.

Por un lado, el dictamen de la cámara alta fue firmado por dos senadores que estaban en el grupo de los indecisos, Edgardo Cuellar y Silvina García Lagarrugu, ambos del bloque oficialista Frente de Todos. Esta última senadora había anunciado en 2018 que iba a respaldar la legalización del aborto, pero días antes de la votación cambió de parecer y finalmente votó en contra del proyecto.
Por otro lado, uno de los senadores que había respaldado la medida hace dos años, el radical Oscar Castillo, no firmó el dictamen de apoyo a la legalización, lo que abre una incógnita sobre su voto final en el Senado.

El derecho al aborto legal, seguro y gratuito es una deuda de la democracia, sostiene la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, una entidad que reúne a unas 500 agrupaciones en todo el territorio y que desde hace 15 años intenta que el Congreso apruebe la interrupción voluntaria del embarazo. En la organización recuerdan que más de 3.200 mujeres han muerto por abortos inseguros desde el regreso de la democracia en 1983.

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