Al menos 555 líderes sociales fueron asesinados en Colombia entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de octubre de 2019, ha informado este martes la Defensoría del Pueblo en una declaración publicada en las redes sociales. 

Además, la entidad ha alertado sobre 15 casos más ocurridos en noviembre y diciembre pasados que están en fase de verificación.

En 2019 fueron asesinados 118 líderes sociales, de los cuales 99 eran hombres y 19 mujeres, ha añadido el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, que señala que "se trata de vidas que estaban dispuestas a la causa de la construcción de la nación".

"Estos 118 casos se suman a 133 casos del 2016. En 2017 hubo 126 casos –108 hombres y 18 mujeres– y en 2018, 178 casos distribuidos en 166 hombres y 12 mujeres", ha detallado el Defensor del Pueblo colombiano .

Negret ha manifestado su "especial preocupación por la violencia contra las defensoras de derechos humanos y las líderes sociales" al subrayar que, "si bien entre 2018 y 2019 hay una ligera tendencia a la baja en la cifra global, en el caso de la mujer hemos visto un aumento exponencial".

"Pasamos de 12 a 19 mujeres líderes y defensoras asesinadas entre 2018 y 2019 con corte al 31 de octubre. Esto en términos absolutos es un aumento del 63%", ha destacado.

En ese sentido lamenta la situación del departamento selvático del Putumayo, fronterizo con Ecuador y Perú, "donde están presionando a las mujeres que lideran causas como la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y que se han opuesto a la presencia de actores armados en sus territorios".

Por ello insta como solución para frenar esa violencia a que las autoridades estatales, incluida la Defensoría del Pueblo, actúen con "celeridad y diligencia".

"También la solución está en la sociedad, que debe reconocer la labor de los líderes sociales y defensores de derechos humanos, protegiéndolos sin estigmatizarlos. De esta manera, podemos avanzar hacia el ideal de un Estado con instituciones fuertes y una sociedad civil con garantías para promover los intereses de sus comunidades", ha apostillado Negret.

19 líderes sociales asesinados en 2020

De igual forma organizaciones sociales han denunciado que en los primeros 14 días de 2020 fueron asesinados 19 líderes sociales, mientras que la ONU los cifra en 10.

Uno de los casos más recientes fue el de Jorge Luis Betancourt, líder campesino y coordinador de deportes de la Junta de Acción Comunal (JAC) del pueblo de San Francisco del Rayo, asesinado frente a sus familiares por desconocidos en esa localidad del departamento caribeño de Córdoba. Un modus operandi que se ha repetido con varios de los líderes asesinados en 2020.

Estos asesinatos generaron el rechazo, entre otros, del senador indígena Feliciano Valencia, quien pidió al presidente colombiano, Iván Duque, que "detenga el genocidio".

Preocupación de la ONU: 107 activistas asesinados

La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha manifestado este martes en Ginebra su preocupación por "el significativo número de defensores y defensoras de derechos humanos que fueron asesinados en Colombia durante el año 2019".

"De acuerdo a nuestros registros, 107 activistas fueron asesinados el año pasado, y nuestro equipo en Colombia sigue en proceso de verificación de 13 casos adicionales que fueron reportados a lo largo de 2019, los cuales, de ser confirmados, aumentarían el total anual de muertes a 120 asesinatos", ha remarcado la portavoz de la oficina Marta Hurtado.

Por ello insta al Gobierno a que "realice un extenuante esfuerzo para prevenir ataques contra personas que defienden los derechos fundamentales, para investigar todos y cada uno de los casos y enjuiciar a los responsables de estas violaciones".

"La gran mayoría de los 107 asesinatos en 2019 tuvieron lugar en áreas rurales, casi todos ellos, el 98 %, en municipios con economías ilícitas donde operan grupos criminales o armados, y el 86 % del número total tuvo lugar en veredas con tasa de pobreza por encima del promedio nacional", ha sostenido la organización.

Política fallida

Para el analista y subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, los asesinatos de líderes sociales son producto de una política gubernamental que "ha resultado ser muy limitada", así como de "regiones incendiadas" cuya seguridad se ha "deteriorado en los últimos cuatro meses".

"En medio de ese deterioro de la seguridad han caído los líderes sociales, y la política, como es muy limitada, no ha tenido cómo prevenir esos homicidios", explicó el analista.

"El mayor esfuerzo tiene que ser por parte de la Justicia. En lo fundamental hay que buscar quiénes son los que están pagando para matar líderes sociales, los autores intelectuales y los que llaman determinadores", ha manifestado.

Por ello, el experto instó al Gobierno a "pasar de un política reactiva a una política mucho más preventiva". "Esto va a ser un tema largo y doloroso", ha lamentado.