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Brexit John Major, contra Boris Johnson: "Tuvo motivos ocultos para suspender el Parlamento británico"

Después de tres días escuchando a las partes, la Corte Suprema ya está deliberando y a principios de la semana que viene se pronunciará sobre si el primer ministro actuó de forma ilegal cuando aconsejó a la reina de Inglaterra suspender el Parlamento. El Gobierno sugiere que podría decretar una nueva suspensión de las Cámaras si el Alto Tribunal anula la anterior.

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Protesta contra Boris Johnson ante la Corte Suprema del Reino Unido. / REUTERS

No lo hemos oído de su boca sino de la de uno de los abogados de la acusación, Lord Garnier, porque, dado que la Corte Suprema de Reino Unido está actuando como tribunal de apelación, sólo los magistrados pueden dirigirse a los jueces y no las partes. Pero las palabras de John Major contra Boris Johnson han resonado en toda la sala. Un momento histórico en el que el ex primer ministro ha acusado al actual primer ministro, y compañero del Partido Conservador, de tener “motivos ocultos” para haber decretado la suspensión del Parlamento británico. Sostiene que la decisión estuvo "sustancialmente motivada por un deseo de evitar que los diputados interfirieran en las políticas del primer ministro” respecto al brexit. Y que, por lo tanto, dicho movimiento fue “ilegal”.

No se ha andado con rodeos John Major. Apelando a los once jueces de la Corte Suprema -el máximo posible, reflejo de la importancia del caso- les ha dicho que serían ‘ingenuos’ si creyeran a la defensa de Johnson, que niega la mayor y sostiene además que éste no es un asunto legal que debiera someterse al escrutinio de la justicia sino un “asunto político”. Y en ello ha insistido hasta el último momento, durante el turno de las conclusiones finales, la defensa del Gobierno en palabras del abogado general de Escocia. Lord Keen ha insistido en que “la duración de cada sesión del Parlamento y su frecuencia están reguladas por la convención constitucional y no por la ley”. Ha recordado que nunca en los últimos 300 años se ha legislado sobre este asunto y que tampoco debería hacerse ahora. Que se trata de un “campo minado” y un “territorio prohibido“ con el que los tribunales “no están adecuadamente preparados para lidiar”.

En su declaración, Major también ha responde a ello. Defiende la intervención de los tribunales porque el Parlamento ha sido suspendido durante lo que él considera un "período crítico”. Y según el ex primer ministro, cuando es así, ”no hay posibilidad de un control político significativo de esa decisión hasta después de que el daño ya se haya producido”.

En la misma línea se ha pronunciado Lord Pannick, en representación de la activista Gina Miller, quien denunció al Gobierno ante la Justicia de Inglaterra. Pannick, ha expuesto que lo que buscó es que el tribunal reconozca “que el consejo del primer ministro a su majestad fue ilegal” y que “respetuosamente le pedimos que haga tal declaración lo antes posible porque el tiempo es esencial “. De hecho, ha pedido a los jueces que se aseguren de que su sentencia garantice que la actividad en el Parlamento pueda reabrirse la próxima semana.

El primer ministro británico, Boris Johnson. / REUTERS

Uno de los argumentos que se ha repetido durante estos días para respaldar la teoría de que Johnson actuó movido por esos “motivos ocultos” es el hecho de que el Gobierno no haya sido capaz de justificar las verdaderos razones de una prórroga tan larga -cinco semanas, la mayor desde los tiempos de la guerra civil en este país-. El abogado de Major ha insistido en ello, asegurando que el primer ministro tiene el deber de "explicar todos los hechos” y las razones de su decisión. “Su fracaso o negativa a hacerlo es evidente y no ha habido una explicación adecuada para ello”, ha mantenido en su alegato el ex primer ministro, que cree que “la única explicación concebible es que, si se divulgan las verdaderas razones, serían negativas” para Johnson. La defensa del Gobierno lo rechaza y se defiende diciendo que los documento presentados deben ser leídos con una mente abierta.

Para que no quede ningún genero de duda de lo trascendental que pude ser la decisión de la Corte Suprema, John Major ha querido exponer ante los jueces los riesgos que implicaría dictaminar que Johnson actuó de formar legal. Ello, insiste, supondría que un primer ministro "poco fiable" sin supervisión judicial tendría carta blanca para suspender el Parlamento a su antojo. Y entre las situaciones que ha enumerado se encuentra la posibilidad de que lo hiciera, por ejemplo, “antes del resultado de una moción de no confianza con el único fin de evitar que se registre que perdió la confianza de la Cámara y que, por lo tanto, tendría que dimitir”.

Boris Jonson, “el padre de todas las mentiras”

La lectura este jueves de la delación de John Major ha sido, sin duda, el momento más destacado de estos tres días de declaraciones en la Corte Suprema, pero el gran titular lo dio el miércoles Aidan O’Neill, el abogado de la acusación en la demanda presentada ante el tribunal escocés: ”La madre de todos los Parlamentos -una expresión utilizada en la política británica para referirse a Inglaterra - ha sido cerrada por el padre de todas las mentiras”. En sus conclusiones finales la defensa del Gobierno ha criticado estas declaraciones y ha acusado a O’Neill de "descortés, incendiario y totalmente injustificado”.

Johnson sugiere que podría decretar otra suspensión

El rumor ha estado flotando en el aire durante los últimos días y este miércoles ha visto la luz un documento que el Gobierno ha presentado ante el tribunal que lo confirmaría. En él, el ejecutivo de Johnson sostiene que si la Corte Suprema estableciera que la prórroga fue ilegal y se debe reanudar la activad en el Parlamento como si no hubiera pasada nada, legalmente Johnson podrían solicitar una nueva prórroga por el mismo período de tiempo que la anterior, hasta el 14 de octubre. Y así lo lo ha confirmado ante el tribunal la defensa del Gobierno por boca del abogado general de Escocia, Lord Keen.

El Gobierno se ampara en el hecho de que los tribunales no pueden actuar de manera preventiva para detener una prórroga que aún no se ha decretado.

En el texto se argumenta también que, si lo que el tribunal establece es el segundo supuesto de ilegalidad, el que obligaría a Johnson a pedirle a la reina que dé comienzo al nuevo curso político antes de lo previsto, ello implicaría "consecuencias prácticas muy serias” porque “tendrían que resolverse un gran numero de cuestiones, incluso en materia de seguridad” para permitir que la reina pueda pronuncia su discurso en el palacio de Westminster con el que se da inicio a cada nueva sesión en el Parlamento. Las primeras reacciones tachan el documento de “sorprendente”, como ha sostenido el abogado Jolyon Maugham en Sky News.