La Comisión Europea ha anunciado este lunes la apertura de un expediente sancionador contra la red social X (antes Twitter) por violar las obligaciones de la nueva Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés). Entre otras cuestiones, por no poner barreras contra la desinformación y el contenido ilegal e incitar a los usuarios a pagar la suscripción premium.

Bruselas cree que también está incumpliendo los nuevos requisitos de transparencia que exige esta ley y que no está adoptando medidas efectivas para mitigar los "riesgos" en los procesos electorales, según dijo la institución en un comunicado. 

En concreto, la Comisión Europea sospecha de irregularidades graves en tres áreas, según ha explicado en un comunicado, que van desde la obligación de luchar contra la propagación de bulos a reforzar la transparencia de su actividad, pasando por las marcas de verificación azules.

"Cuanto mayor sea el riesgo que representan las grandes plataformas para nuestra sociedad, más específicos serán los requisitos de la DSA. Las pruebas que tenemos son suficientes para iniciar un procedimiento", ha advertido la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario responsable de Competencia, Margrethe Vestager. Es la primera investigación que la Comisión abre contra una gran plataforma desde que la normativa entró en vigor el año pasado.

Bruselas decidió abrir el procedimiento de infracción después de haber analizado la respuesta que le proporcionó X cuando le pidió información sobre las medidas que estaba llevando a cabo para eliminar el contenido terrorista que según la Comisión estaba promoviendo después del ataque de Hamás a Israel.

La DSA obliga a las grandes plataformas a evaluar anualmente el riesgo que pueden causar a la sociedad, teniendo en cuenta aspectos como el contenido que recomiendan a sus usuarios, la publicidad que les muestran o la manipulación intencionada que puedan promover cuentas no verificadas.

Una vez detectado, tienen que eliminar rápidamente el contenido ilegal y la propagación de información falsa y avisar en la mayor brevedad posible de su eliminación a las personas que han publicado el contenido, dándoles la posibilidad de apelar.

Uno de los principales objetivos de la normativa es obligar a las plataformas a ser más transparentes en el diseño de los algoritmos que determinan el contenido que ven los usuarios, de tal manera que se evite su manipulación.

En este sentido, las empresas deben proporcionar información a las autoridades y a investigadores independientes sobre el diseño de los algoritmos o crear un repositorio anual con los anuncios que han mostrado en las plataformas.

La DSA no establece ningún límite temporal para concluir la investigación, que según la Comisión no prejuzga el resultado de la misma.

No obstante, Bruselas podrá adoptar medidas cautelares contra X si lo considera necesario, además de explorar las eventuales medidas de corrección que ofrezca la compañía o continuar con el proceso de incumplimiento que lleve a una sanción económica.