Si los pronósticos que arrojan las encuestas se cumplen, Chile se debatirá entre dos modelos absolutamente antagónicos en las elecciones presidenciales del 21 de noviembre. De los siete candidatos, cuatro son los que tienen más posibilidades de pasar a segunda vuelta: Gabriel Boric, como abanderado de la coalición de izquierda Apruebo Dignidad que agrupa el conglomerado Frente Amplio y al Partido Comunista; Yasna Provoste, que representa a los partidos de la centro-izquierda tradicional; Sebastián Sichel, candidato de la derecha agrupada en Chile Vamos Más; y José Antonio Kast, líder de la extrema derecha. Si la tendencia no cambia, a pesar de que en el último tiempo los sondeos chilenos no han sido acertados, son Boric y Kast quienes se sitúan con más posibilidades de disputar la presidencia.

Kast plantea un programa ultra conservador, con retrocesos en varios ámbitos, en especial, en derechos de las mujeres: quiere derogar la Ley de Aborto en tres supuestos básicos, eliminar el Ministerio de la Mujer o incentivos solo para mujeres casadas. Según los sondeos, el perfil de su votante está en las personas de entre 51 y 80 años, hombres, partidarios del actual gobierno del conservador Sebastián Piñera o que dicen no tener posición política. Pertenecen tanto a la clase media como a los sectores más populares, que en el pasado fueron bastiones de la expresidenta Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018).

Las propuestas de Boric, por otra parte, se dividen en cuatro ejes: feminismo, transición ecológica justa, descentralización y trabajo decente, y prioriza cuatro reformas fundamentales: en salud, pensiones, educación e impuestos. Su electorado supera a Kast en los sectores más ricos y entre los jóvenes de 18 y 31 años, muchos de ellos con educación superior, y está muy concentrado en la Región Metropolitana, zona emblemática para el Frente Amplio donde la ex candidata Beatriz Sánchez obtuvo su segunda mejor votación en las elecciones de 2017.

"Lo que está en disputa es una opción de izquierda (Boric) que propone una agenda con mayores derechos sociales, aumento de los impuestos a los más ricos para financiar políticas públicas sociales y que aborda la reforma de la policía para evitar abusos; mientras que en la posición contraria, la derecha (Kast) propone reducir el Estado, reducir los impuestos, fortalecer las policías para combatir la inseguridad, cerrar las fronteras y una agenda conservadora en temas de familia", comenta el historiador y académico de la Universidad Diego Portales, Claudio Fuentes. Para ​​la académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile Mireya Dávila, las propuestas en debate son, por un lado, "un cambio del modelo neoliberal que ha funcionado (con ajustes) desde 1990 basado en disminuir la desigualdad y aumentar los derechos de las personas" y, por otra parte, "un proyecto de extrema derecha a la chilena que se centra en un orden autoritario conservador combinado con rasgos populistas (disminuir el nepotismo en cargos públicos, reducir impuestos)".

Fuerzas no tradicionales

Por primera vez desde el retorno a la democracia, el pulso se da al margen de las dos coaliciones tradicionales –derecha y centro-izquierda– que se han alternado en el poder desde 1991. "Kast representa a una derecha más conservadora y extrema, y Boric representa a una izquierda emergente que no es la misma que estuvo en el poder junto a la [coalición de centro-izquierda llamada] Concertación. La oferta electoral está más polarizada hoy de lo que tradicionalmente había sido", apunta Fuentes.

También por primera vez Chile vive un proceso constituyente impulsado por una revuelta social que paralizó las calles durante meses a partir de octubre de 2019. Son dos factores que, en cierta forma, se vinculan. Kast fue uno de los máximos exponentes del rechazo al cambio constitucional, mientras que Boric fue uno de sus impulsores, hasta el punto que la firma del acuerdo político transversal que dio paso al proceso constituyente le costó el reproche de parte de sus bases, que consideraron que era una forma de salvar a Piñera y detener la movilización en la calle. Los resultados del plebiscito que en octubre de 2020 consultó sobre la voluntad de la ciudadanía de cambiar o no la carta magna fueron apabullantes: 80% a favor versus un 20% en contra. Muchos analistas plantean la paradoja de que después de ese proceso, la extrema derecha pueda llegar a La Moneda.

"Hay tendencias electorales aparentemente contradictorias. Por una parte, los movimientos independientes fueron muy relevantes para la Convención Constitucional y se enfatizó un cambio social relevante, pero al mismo tiempo sigue siendo importante el porcentaje que vota a la derecha (que suele llegar a un tercio)", señala el historiador. Según su análisis, hay que considerar que en los distintos comicios han salido a votar grupos de diferente tipo, y que la elección de los constituyentes abrió oportunidades para que se organizaran listas de candidatos independientes, mientras que en las elecciones tradicionales no pueden competir en listas. Para Dávila, la contradicción se explica por "una crisis de mal gobierno", un candidato de derecha –Sichel– que no ha logrado consolidar su candidatura y una extrema derecha que, a través de temas como el narcotráfico, la delincuencia o la migración, "logra capturar de manera eficaz al sector de la población que quiere orden, que las cosas funcionen y que no le gustan las externalidades negativas de las protestas".

Impacto en el proceso constituyente

Entre los mayores desafíos del futuro presidente de Chile hay el acompañamiento de la parte final del proceso constituyente. El plebiscito de salida para ratificar la nueva carta magna se celebrará a mediados del segundo semestre de 2022, con el nuevo gobierno ya instalado. El avance o la obstaculización de la segunda etapa dependerá, en buena parte, del nuevo Ejecutivo. "El vínculo entre el gobierno y la Convención Constitucional es administrativo. Hasta hoy la Convención ha tenido problemas porque el gobierno no le ha entregado los recursos necesarios para funcionar. Entonces, la pregunta será si el próximo gobierno podrá o tendrá la intención de facilitar el trabajo de la Convención desde el punto de vista logístico", indica Fuentes.

Tampoco está claro si el nuevo presidente ejercerá durante un período de cuatro años, como ha ocurrido hasta ahora, o acabará antes su mandato. Si la Convención acuerda un cambio en el sistema de gobierno, en la duración de los períodos presidenciales o si se establece que el nuevo régimen debe acompañarse un nuevo gobierno, podría llamarse a elecciones anticipadas. "También allí hay una relación entre lo que defina la Convención y el itinerario político del futuro gobierno", cierra Fuentes.