"Después de tantos años, hemos conseguido acordar una política de migración y asilo común e integral, e incluso más importante, no es solo una victoria para la UE y Europa. Es una victoria para los migrantes". La comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, se ha mostrado exultante en la rueda de prensa en la que, por fin, ha podido anunciar uno de los acuerdos que más se le estaban atragantando a la Unión Europea. El nuevo pacto de migración y asilo ya tiene vía libre para que el Parlamento Europeo lo ratifique en votación antes de las próximas elecciones fijadas para este verano.

La alegría de la comisaria europea es extensible al Gobierno Español, cuya Presidencia rotatoria del Consejo Europeo ha impulsado este acuerdo que por momentos parecía imposible. Sin embargo, los cinco reglamentos de este pacto han levantado un auténtico clamor entre las ONG que da asistencia  la población migrante y refugiada y la práctica totalidad de las principales organizaciones de derechos humanos de Europa.

Todas coinciden en que lo aprobado por Bruselas supone una absoluta restricción al derecho de asilo en Europa, un retroceso que compromete incluso la legalidad internacional y que, lejos de prevenir las continuas vulneraciones de derechos que se han documentado en las diferentes fronteras europeas, va a "perpetuar el sufrimiento" de las personas migrantes.

Críticas de las ONG de rescate en el Mediterráneo

En un comunicado conjunto, nueve ONG cuyos barcos realizan misiones civiles de rescate de migrantes en el Mediterráneo han mostrado su oposición al pacto: "Con el acuerdo sobre el Sistema Europeo Común de Asilo (SECA), la UE ha decidido formalizar un statu quo en el que la violencia, el abandono, la tortura y dejar morir a las personas son prácticas cotidianas", dice el texto. 

Las ONG recuerdan que 2023 ha sido "uno de los años más mortíferos jamás registrados en el Mediterráneo central", con al menos 2.210 muertos o desaparecidos en su intento de alcanzar Europa. El pacto de Bruselas no contempla la creación de vía legales y seguras para acceder a protección internacional en Europa, una reitera petición de las organizaciones. Tampoco contempla la creación de un programa europeo de salvamento en el Mediterráneo, dejando esta labor en manos de unas ONG cada vez más perseguidas y obstaculizadas, sobre todo por parte de Italia.

Médicos Sin Fronteras (MSF), otra de las ONG que patrullan el Mediterráneo, también ha cargado contra el acuerdo. "No es una solución a la "crisis migratoria" de Europa ni un acuerdo histórico. Es simplemente la continuación e intensificación de las políticas de contención y disuasión, con el rechazo arbitrario en las fronteras y las expulsiones como núcleo", asegura Raquel González, coordinadora de la organización.

Fingir que no están en suelo europeo

"El Pacto no hace sino institucionalizar la detención de facto y socavar el derecho de las personas a solicitar asilo", añade MSF. La línea de este acuerdo pasa por hacer una criba previa y rápida entre las personas que pueden tener derecho a protección internacional y las que no. De hecho, la UE va a fingir que los migrantes no han llegado a suelo europeo para llevar a cabo este proceso que sustituye a las leyes de asilo propias de cada país.

El texto lo llama "ficción de no entrada" y da vía libre para una evaluación exprés, de apenas siete días, sobre si un migrante tiene derecho a ser acogido o el deportado a un tercer país que se considere "seguro". Esto implica la detención de cualquier persona que acceda irregularmente a Europa, incluidas las rescatadas en el mar y sin excluir a menores de edad, acompañados o solos. Para Estrella Galán, secretaria general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CAER), este prorrogativa es "contraria al Derecho Internacional y representativa del intento de consolidar las fronteras como espacios de no derecho".

"Las reformas acordadas harán retroceder durante decenios el derecho de asilo europeo y causarán más sufrimiento humano", asegura Amnistía Internacional. La organización ve "deficientes" estos procedimientos de cribado en los que ni siquiera se garantiza la posibilidad de presentar un recurso judicial antes de ser deportado.

Más de 50 organizaciones de derechos humanos ya habían alertado en una carta abierta a los negociadores de este pacto que el rumbo emprendido por la UE en materia migratoria es "cruel, económicamente costoso y no garantiza un buen funcionamiento", ya que deja cuestiones "críticas" sin abordar con claridad.

Solidaridad "a la carta"

Otro de los puntos más criticados es la llamada "solidaridad obligatoria, pero flexible". Todos los estados miembros deberán reubicar en su territorio a solicitantes de asilo en "situaciones de crisis", es decir, picos de grandes llegadas de migrantes a los considerados países de primera línea (España, Grecia e Italia, fundamentalmente).

Sin embargo, se podrá eludir esta cuota a cambio del pago de 20.000 euros por cada persona que se rechace reubicar. El dinero irá a un fondo común sin que se haya precisado a qué se destinará. Las organizaciones temen que este dinero se dedique a medidas de control fronterizo y refuerzo de la seguridad en lugar de a políticas de acogida.

Otra de las grandes preocupaciones estriba en la posibilidad de suspender temporalmente aspectos clave de las leyes de asilo alegando escenarios tan abstractos como "situaciones de fuerza mayor" o "instrumentalización de los migrantes" por un tercer país para "desestabilizar" a algún Estado miembro de la UE o al conjunto de la Unión. 

Detención "sistemática" de niños

"En la práctica, supone hacer que se incumplan las obligaciones internacionales contraídas en virtud del Derecho Internacional, los Derechos Humanos y del refugiado", considera Amnistía Internacional. La población migrantes y refugiada quedaría expuesta "al peligro de sufrir violaciones graves de derechos humanos" al tiempo que se "podrían normalizar medidas de emergencia desproporcionadas en las fronteras europeas".

Por su parte, Save the Children alerta de que este acuerdo "pondrá en peligro a los niños que migran y producirá una mayor separación de las familias migrantes". En un comunicado, Willy Bergogné, director de Save the Children Europa, afirma que el pacto "plantea sistematizar la detención de niños de todas las edades en las fronteras de la UE y eliminar su derecho asilo en todo el continente".

"Los niños no estarán más seguros, especialmente los que viajan no acompañados, para quienes la importancia de reunirse con sus familias, incluidos sus hermanos, queda descartada en el nuevo Pacto", detalla Bergogné. "Los niños no estarán exentos de una evaluación temprana de sus necesidades de protección en las fronteras. Como consecuencia, muchos de ellos correrán el riesgo de que no se les conceda asilo u otras formas de protección basadas en su historia y necesidades personales, ni podrán acceder a educación, sanidad, vivienda o apoyo psicosocial como cualquier otro niño en Europa", asevera la ONG.