La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha condenado al Estado colombiano por el asesinato en 1994 del senador Manuel Cepeda a manos de militares, y le ordena indemnizar a los familiares de la víctima y castigar a los responsables.

En su resolución, publicada ayer en su página de Internet, la Corte señala que "la responsabilidad del Estado por la violación del derecho a la vida del senador Cepeda no sólo se encuentra comprometida por la acción de los dos suboficiales ya condenados por su ejecución [los sargentos Hernando Medina Camacho y Justo Gil Zúñiga, condenados hace más de diez años por un juzgado colombiano], sino también por la acción conjunta de grupos paramilitares y agentes estatales", informa Efe.

Los agentes estatales "no sólo faltaron gravemente a sus deberes", sino que usaron su investidura oficial y recursos del Estado "para cometer las violaciones", apunta la CIDH.

"El planeamiento y ejecución extrajudicial del senador Cepeda no habría podido perpetrarse sin el conocimiento u órdenes de mandos superiores y jefes de esos grupos, pues respondió a una acción organizada de esos grupos, dentro de un contexto general de violencia contra la UP" (Unión Patriótica), agrega el fallo del tribunal de la Organización de Estados Americanos, cuyas decisiones son inapelables y de acatamiento obligatorio.

La Unión Patriótica fue un partido de izquierda nacido en 1985 del proceso de paz que mantuvo la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) con el Gobierno de Belisario Betancur. Además de las FARC incluía a otros actores políticos, como el Partido Comunista Colombiano (PCC). El partido sufrió una campaña atroz por parte de grupos paramilitares, elementos de las fuerzas de seguridad y narcotraficantes: dos candidatos presidenciales, 21 parlamentarios, 70 concejales, 11 alcaldes y miles de sus militantes fueron asesinados.

En la investigación que se hizo en Colombia en su día se señaló al ex jefe paramilitar Carlos Castaño hoy extraditado a EEUU como autor del asesinato de Cepeda.

La Corte ordenó a Colombia conducir "eficazmente las investigaciones, juzgar y sancionar a todos los responsables". El Estado también debe hacer un acto de reconocimiento de responsabilidad internacional e indemnizar a los familiares del senador con 380.000 dólares.

La audiencia del caso fue el pasado 27 de enero. Los demandantes afirmaron que el asesinato se enmarcó dentro de un plan para eliminar a la UP. Los representantes de Bogotá pidieron perdón y admitieron responsabilidad internacional, pero negaron que el crimen fuera parte de una política de Estado.