La crisis entre Ecuador y Colombia se ha abierto un poco más tras la decisión de Quito de solicitar la mediación del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, tras la confirmación de que un ecuatoriano murió en el ataque colombiano al campamento de las FARC en el río Putumayo, el 1 de marzo.

Las declaraciones del ministro de Defensa colombiano, Juan Manuel Santos, de que de volverse a repetir una situación similar, sus órdenes de atacar a la guerrilla en suelo ecuatoriano serían las mismas, cayeron como un jarro de agua fría sobre el Palacio de Carondelet, sede presidencial de Ecuador.

Santos insistió en que Colombia 'no entendería que Quito pusiera problemas porque se dio de baja a una persona que tenía vínculos con las FARC'. Sin embargo, el Gobierno de Rafael Correa decidió ayer respaldar a la familia del ecuatoriano fallecido en el bombardeo, Franklin Aisalia Molina, en sus diligencias para reconocer el cuerpo de su hijo que está en poder de Bogotá.

Credibilidad del Gobierno

El Polo Democrático Alternativo (PDA), el segundo partido de Colombia, exigió ayer al presidente Álvaro Uribe que ponga fin a las declaraciones de su ministro de Defensa, ya que además de 'enrarecer una compleja situación diplomática, contradicen el acuerdo suscrito por el Grupo de Río y por la OEA y, por tanto, ponen en duda la credibilidad del Gobierno'.

Ambas organizaciones latinoamericanas coincidieron al rechazar la acción colombiana 'por constituir una violación inexcusable a la soberanía del Ecuador y al principio de no injerencia en asuntos internos de los Estados'.

Sin embargo, el Ministerio de Defensa de Colombia señaló que el ecuatoriano abatido el 1 de marzo en el campamento de las FARC puede ser Franklin Ponelia Molina, alias Lucho, un perseguido guerrillero, y no el civil Franklin Aisalia Molina, como asegura Ecuador. Su familia, que ya se encuentra en Bogotá, indicó ayer que no pertenecía a las FARC.

De confirmarse esta última versión, Ecuador podría llevar el caso a la Corte Penal Internacional, aplicando la figurade la protección diplomática. Lejos de apaciguarse, la tensión andina aumenta.