En términos generales, no ha sido un mal año para España dentro del bloque comunitario: el país consiguió su cometido de dar una respuesta europea contundente a la crisis desatada en Ceuta, es el primer Estado miembro en recibir el desembolso de las ayudas europeas, presenta una de las mejores tasas de vacunación y suma un aliado socialdemócrata en Berlín, la locomotora de la UE. Pero en el otro lado, encaja también una derrota de peso: la falta de una respuesta europea a los precios históricos de la luz.

España comenzó el año 2021 presa del coronavirus. Al igual que buena parte de Europa, las navidades pasadas estuvieron marcadas por una ola de contagios que limitaron los encuentros sociales, redujeron las cenas familiares y acortaron las noches de celebración a manos de los toques de queda. Doce meses después, la explosión de casos que dejan las variantes delta y ómicron apela a esos fantasmas. Algunas comunidades registran los números de casos más elevados desde el inicio de la crisis sanitaria.

Pero el inicio de 2021 difiere, y mucho, a su final por una cuestión clave: las vacunas. El pasado diciembre aterrizaron los primeros 350.000 sueros contra el coronavirus. Un año después, el país ha inyectado más de 83 millones de vacunas, que dejan al 90% de la población mayor de 12 años con la pauta completa, elevándolo al liderazgo de vacunación de la UE.

Situación muy diferente se dibuja en el Este. Bulgaria, el país con la tasa europea de inoculados más baja (32%), se marca como objetivo vacunar a la mitad de la población en abril, según el nuevo primer ministro Kiril Petkov ha afirmado al portal Politico. La vacunación europea se está librando a dos velocidades. Y, de momento, España se encuentra entre los que tienen el acelerador pulsado.

Además, la ola de anti-vacunas que se extiende por el Viejo Continente ha pasado mucho más desapercibida en el país. Las imágenes de protestas disuadidas con cañones de agua o gas lacrimógeno en Viena, Bruselas, Ámsterdam o Berlín no se han replicado en sus calles. Los españoles son los ciudadanos europeos que más confían en las vacunas como único camino para vencer al virus. Y, en consecuencia, el Gobierno que lidera Pedro Sánchez ha eludido abrir el debate de la vacunación obligatoria como sí harán durante el nuevo año países como Grecia o Austria.

Marruecos, la china en el zapato

Frente a las grandes crisis, España siempre mira a Bruselas. La gestión de la pandemia o la recuperación económica no podrían entenderse sin la palanca comunitaria. El país está llamado a recibir durante este año 19.000 millones de euros del Plan Europeo de Recuperación (9.000 en torno al mecanismo de pre-financiación y el monto restante por la primera remesa).

Y, precisamente, virar a la capital comunitaria es lo que hizo cuando unas 9.000 personas llegaron a la ciudad de Ceuta en apenas 48 horas desatando una crisis humanitaria y otra política con el vecino marroquí. La prioridad española fue, en todo momento, cosechar una respuesta a nivel UE. Mientras que Rabat acusaba a Madrid de "europeizar una crisis bilateral".

La tensión fronteriza se saldó con la primera resolución de la Eurocámara en décadas que condenaba a Marruecos por abusos de derechos humanos. Con 397 votos a favor, 85 en contra y 196 abstenciones, los eurodiputados censuraron el uso de menores como arma de presión política por parte del régimen alauí. La UE al completo cerró filas con España advirtiendo de que las "fronteras españolas son fronteras europeas". Poco después, las aguas se calmaron. Madrid, Rabat y Bruselas forman un terceto movido por muchos intereses económicos, migratorios y de seguridad.

Esta dependencia de aliados necesarios, y de cuando en cuando molestos, se escenificó con la histórica sentencia de septiembre del Tribunal General de la UE (TGUE). El fallo confirmaba, de nuevo, la ilegalidad de los acuerdos de liberalización entre la UE y Marruecos que incluyen al Sáhara Occidental por no contar con el beneplácito del pueblo saharaui. En concreto, del Frente Polisario, reconocido por la ONU como único representante legítimo de este pueblo.

Poco después del veredicto, Bruselas y Rabat emitieron un comunicado conjunto subrayando el clima de "serenidad, confianza y respeto mutuo" entre ambos y asegurando que tomarán las "medidas necesarias" en torno a unos pactos que tienen grandes implicaciones políticas, y sobre todo, económicas: el Sáhara abarca el 91,5% de todas las capturas que se realizan en el marco del acuerdo de pesca bilateral. El Consejo de la UE ha recurrido la sentencia ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), la máxima instancia judicial europea, dejando todo abierto y bajo el statu quo ante una sentencia definitiva que tardará meses en arribar.

Mal sabor de boca energético

Comenzó siendo una crisis nacional y estival y ha acabado desatando una tormenta perfecta en buena parte del continente. Los precios de la factura de la luz empezaron a anotar récords históricos durante el verano. Las tensiones geopolíticas, el aumento de la demanda o las especulaciones en el mercado de C02 han provocado que el precio de la electricidad se disparase en buena parte de los países europeos.

España ha llevado su lucha contra esta alza histórica, que ya supera los 300 euros por megavatio hora, a la capital comunitaria. Sánchez ha planteado en Bruselas medidas revolucionarias y "urgentes", tales como la salida del mercado eléctrico europeo o la fijación de un máximo para el coste del gas. Las iniciativas, lideradas junto a otras potencias como Francia, han sido acogidas con frialdad, en buena parte por la división entre los Veintisiete y la resistencia de gigantes como Alemania, que siguen viendo esta como una crisis temporal y pasajera.

El último mes del año deja a Madrid con mal sabor de boca. La Comisión Europea abrió la puerta a una de las peticiones españolas: estudiar la compra conjunta de gas. Pero los detalles están endiablados y no satisfacen los anhelos españoles. De llevarse a cabo, la medida sería voluntaria y bajo situaciones muy ponderadas. Además, Sánchez encajó un revés en la última cumbre europea, después de que Polonia y Chequia vetasen las conclusiones en materia energética por discrepancias sobre el mercado de emisiones (ETS).

El "aliado" en Berlín

El aterrizaje de la socialdemocracia en la cancillería alemana tras 16 años de liderazgo indiscutible de Angela Merkel supone para Pedro Sánchez dos caras de la moneda. Por un lado, gana el aliado ideológico con más peso de la UE para impulsar su agenda social. Y, por el otro, cede el testigo de referente principal de los socialdemócratas europeos, que va a parar ya a las manos de Olaf Scholz.

El que fuera ministro de Finanzas germano jugó un papel fundamental en la arquitectura del Plan Europeo de Recuperación, que con 750.000 millones de euros se ha convertido en el mayor cortafuego contra las consecuencias socioeconómicas de la pandemia. Madrid espera de Berlín un apoyo en materia social, pero especialmente busca su refugio en cuestiones económicas.

El Pacto de Estabilidad continuará suspendido durante 2022, pero el debate sobre las reglas fiscales será ya en los próximos meses una de las patatas calientes de la UE. Scholz tendrá que medir sus equilibrios con sus aliados de coalición, Los Verdes y Los Liberales del FDP. En estos últimos recae el control del Ministerio de Finanzas, y están dispuestos a dar la batalla por restringir la flexibilidad y regresar al control férreo de las cuentas. El debate es vital para el país. La economía española no tocará los niveles pre-covid hasta 2023 y es ya una de las más lentas de la Eurozona.

La llegada de Scholz es, en cualquier caso, una buena noticia para Sánchez y para la socialdemocracia europea, que arrastraba una temporada de júbilos escasos. Por delante quedan retos ambiciosos y divisorios: la Directiva sobre salario mínimo, la implementación de las leyes climáticas, las tensiones geopolíticas o la recuperación económica. Y, entretanto, España prepara el horizonte se su gran momento europeo: la Presidencia española que arranca en la segunda mitad de 2023.