Janaina tiene 36 años, ocho hijos y, salvo la muerte, su cuerpo ha sufrido casi todas las violencias que un cuerpo de mujer puede sufrir. Maltratos físicos, violaciones de sus parejas y de desconocidos, y una última perpetrada por el Estado de Sao Paulo, en el hospital Santa Casa del municipio de Mococa, el pasado 14 de febrero: la esterilizaron. Un San Valentín amputado.

Janaina Aparecida Quirino entró al hospital para dar a luz y salió estéril para siempre. Una serie de elecciones ajenas a su voluntad decidieron su destino. El centro de salud asegura que acató las órdenes de un juez, que a su vez aceptó la petición de la Fiscalía de Mococa. Todos ellos consideraron adecuado esterilizar a una mujer sin su consentimiento, sin el derecho a un abogado de oficio que la defendiera. Todos ellos pasaron por encima de su cuerpo. De su voluntad.

Janaina era drogadicta. Janaina ya tenía siete hijos y estaba embarazada de un octavo. Janaina era pobre y estaba en la cárcel, por lo tanto Janaina no podía decidir. Eso es lo que se deduce de la acción civil que inició el fiscal de Mococa, Frederico Libere Barruffini, al alegar que “la madre no tendría condiciones de ofrecer las necesidades básicas a sus hijos, y colocarlos en riesgo de alcohol y drogas, por lo que no podría tomar decisiones por sí misma”. El fiscal advirtió: “No hay dudas de que la realización de la ligadura de trompas es lo único que permitirá salvaguardar su vida”. Y para argumentar que la esterilización se realizara sin su consentimiento, tiró de la jurisprudencia que señala que el Estado debe asegurar tratamientos de salud a los dependientes químicos “aunque sea de forma involuntaria”.

“Es un argumento falso porque trata de temas diferentes. La esterilización forzosa no se contempla en la ley, la vulnera”, dice Paula Machado Sousa, coordinadora del Núcleo Especializado de Promoción y Defensa de los Derechos de la Mujer. Machado habla del artículo 226, párrafo 7 de la Constitución brasileña en el que se prohíbe expresamente que el Estado interfiera “coercitivamente” en la decisión de la paternidad. También la Ley 9.263/96 que regula la planificación familiar y prohíbe que el control de la natalidad tenga naturaleza demográfica. Además de los tratados internacionales firmados por Brasil, como la Recomendación General nº24 del Comité sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, prevista en la 12 Convención Interamericana de Derechos Humanos, que veta expresamente la esterilización sin consentimiento.

Pero el juez Djalma Moreira Gomes ignoró estas normativas, aceptó la petición de la Fiscalía y obligó al municipio de Mococa y al hospital de la Santa Casa a practicar una ligadura de trompas “a pesar de su voluntad” y después de haber realizado la cesárea de su octavo hijo. La sentencia del magistrado se anunció en octubre de 2017, la esterilización se llevó a cabo el 14 de febrero de este año, y el 25 de mayo el Tribunal de Justicia de Sao Paulo aceptó un recurso interpuesto meses antes por el Ayuntamiento de Mococa donde se manifestaba contrario a la decisión del juez. El daño ya estaba hecho.

Cadena de errores

El caso de Janaina se dio a conocer hace apenas una semana tras la denuncia del profesor de Derecho Constitucional de la Fundación Getúlio Vargas, Oscar Vilhena, que lo contaba en su columna de la Folha de Sao Paulo titulada Justicia tardía. A lo largo de los días se han desvelado la cadena de errores de un proceso que estaba destinado al silencio con una víctima presa, pobre y sin familiares conocidos.

Primero la ilegalidad de la condena de esterilizar a alguien de manera forzosa, después un proceso en el que la víctima no tuvo derecho a un abogado de oficio, ni a una audiencia pública donde pudiera manifestar su posición. “El proceso es escatológico porque el fiscal usó una acción civil, que es un instrumento para la protección de derechos, para arrancarle la integridad y la dignidad a una persona”, señalaba el profesor Vilhena.

Paula Machado añadía otro de los atropellos del magistrado, al recordar que la sentencia además de ser inconstitucional fomentaba la violencia obstétrica: “El Código Ético Médico brasileño y la Organización Mundial de la Salud no recomiendan que se haga una ligadura de trompas justo después de una cesárea porque aumenta la posibilidad de mortalidad materna”, dice.

Las asociaciones de juristas y abogados se han mostrado divididas en relación al caso. El presidente del Instituto de Garantías Penales, Ticiano Figueredo, puso el grito en el cielo y recurrió a la literatura, concretamente a El Proceso de Kafka para definir la situación: “Se despertó detenida por personas que no conocía y tuvo que responder a un proceso del que nadie le había informado. El principio de la dignidad humana fue atropellado por la casta jurídica de este país”.

La Defensoría Pública de Sao Paulo se mantuvo en la misma línea, al señalar el caso como “una aberración jurídica”, pero la Orden de los Abogados de Brasil (OAB) publicó una carta donde defendía los argumentos del fiscal de Mococa: “Janaina se había presentado en numerosas ocasiones en los centros de ayuda a la drogadicción, tenía siete hijos y ninguna posibilidad de hacerse cargo de ellos. Por eso indiqué la esterilización, y ella en un primer momento la aceptó”, repitió esta semana el fiscal Barruffinni, para referirse a un hecho ocurrido en 2015 en uno de los centros de acogida a los que se dirigió la víctima y donde por primera vez le informaron sobre la posibilidad de ser esterilizada, una idea con la que habría concordado en el momento.

Pero en 2018 cuando el juez impuso la esterilización “a pesar de su voluntad”, Janaina no sólo no la aceptó, sino que tampoco se presentó en el hospital para hacer las pruebas médicas previas recomendadas: “La esterilización sólo se puede hacer si la pide la mujer. El que hace un tiempo aceptara la idea no permite que le hagan esta operación a la fuerza. No es un consejo que la víctima acepta, sino una operación que ella debe solicitar; en caso contrario, vulnera la ley”, recuerda Paula Machado.

El Instituto de Garantías Penales también recordaba otra de las injusticias sufridas por esta mujer de 36 años que podría parecer de setenta. Janaina Aparecida hace diez meses que se encuentra en prisión porque la Policía entró en su casa y encontró en el bolsillo del pantalón de su pareja 45 gramos de cocaína. Ella no tenía la droga, pero la metieron entre rejas a sabiendas de que tenía siete hijos a su cargo. Janaina forma parte de ese medio millón de presos que tiene Brasil, más concretamente de esos 250.000 que están encarcelados sin haber pasado por un juicio previo.

Janaína es pobre y es adicta.

Las Janainas de Brasil

Entre los atropellos jurídicos conocidos a lo largo de los días, no faltó tiempo para que saliera a la luz otro caso con el mismo fiscal y el mismo juez como protagonistas. La víctima es Tatiane Dias, de 23 años, madre de dos hijos, también esterilizada contra su voluntad, también pobre y con “un retraso mental moderado”, según el fiscal Barrufinni, que sería el motivo principal por el que indicar la esterilización forzosa: “Es una mujer completamente incapaz y en situación de pobreza extrema”, dijo el fiscal.

El profesor Vilhena define estas esterilizaciones como “prácticas eugénicas” propias del nazismo y de su preocupación por la mejora de la raza, y recuerda que hasta 1991 se toleraban en Brasil las políticas de esterilización coercitiva en masa con finalidades demográficas. El candidato presidencial ultraderechista, Jair Bolsonaro, se ha mostrado a favor de esterilizar a los pobres por no tener cómo mantener a sus hijos. Bolsonaro es el favorito para las elecciones de octubre de este año.

La Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Sao Paulo denuncia desde hace tres años la situación que viven las mujeres adictas al crack y embarazadas de esta megalópolis. “Muchas de ellas han visto cómo una vez que daban a luz a sus hijos desaparecían del hospital, les decían que estaban muertos, pero no se los mostraban. Nadie las cree, nadie las protege y sus hijos desaparecen”, dice Kátia Muniz Amarati, de la Consulta de Rua de la Secretaría de Salud de Sao Paulo. “Su pobreza y su adicción es lo que hace que no las reconozcan como seres humanos y que las autoridades se crean con el permiso de pasar por encima de sus derechos”, dice la abogada Janaina Gomes.

El profesor Vilhena también señala la cuestión de clase como clave fundamental para entender estas prácticas: “A pesar de que el principio de la dignidad determine que todas las personas deben ser tratadas con el mismo respeto y consideración, la miseria y la marginalidad hacen que una gran parcela de nuestra sociedad se haga invisible, incluso para el Estado, y pierda su condición de sujetos con derechos. Forma parte del juego perverso de la desigualdad”, concluye.