El Consejo Europeo y el Parlamento Europeo llegaron a un acuerdo a última hora del lunes para aprobar un nuevo reglamento para regular la importación de productos cuya cadena de valor esté manchada por la deforestación. De esta forma, los países han rubricado una norma que impedirá que al menos siete productos lleguen al viejo continente con una producción marcada por la tala masiva de los bosques.

Los siete productos afectados por el reglamento son el aceite de palma, el ganado, la soja, el café, la madera y el caucho, además de algunos derivados como la carne de res o los muebles. La norma, sin embargo,  no ha resistido a todas las presiones y finalmente el texto ha dejado fuera algunos productos importantes para Europa como el maíz o el biodiésel, asociados a la pérdida de áreas naturales en países de América Latina y del Sudeste Asiático.

Entre 1990 y 2020 la deforestación en todo el planeta hizo que se perdiera un área boscosa del tamaño de la Unión Europea. La mayor parte de las pérdidas se dieron, sin embargo, fuera del continente y el 10% de las talas producidas en el exterior se relacionan con la compra de productos a terceros países por parte de Europa. Es por ello que, desde el último año, los países han tratado de sacar adelante un acuerdo para minimizar el impacto de su consumo en los países del sur global.

La norma protege los bosques primarias y secundarios. No obstante, el reglamento deja fuera otras tierras boscosas como la sabana brasileña, el conocido Cerrado, o el bosque seco del Chaco. Según los grupos ecologistas este resquicio permitirá que la agroindustria traslade sus plantaciones hacia estas zonas sin proteger por lo que los impactos en los ecosistemas seguirán siendo igual de graves. Los grupos conservacionistas estiman que la ley europea dejaría sin protección al 74% del Cerrado, el segundo pulmón verde de Latinoamérica.

La norma obligará a las empresas a mejorar sus sistemas de trazabilidad para dar información a las autoridades europeas y nacionales sobre la procedencia de las importaciones y la forma en la que se han producido. En ese sentido, se obligará a aportar datos de geolocalización sobre la parcela de tierra en la que se hayan cultivado los productos. Aunque estos mecanismos han sido celebrados por buena parte de los colectivos ecologistas, hay voces críticas que los consideran insuficientes ya que siempre serán documentos aportados y realizados por las empresas. En otras palabras, las autoridades deberán fiarse de la información facilitada.

En cuanto al respeto de los derechos humanos y de los trabajadores, las importaciones deberán garantizar que, durante la cadena de valor, se respete la legislación nacional del país de origen. En un primer momento se valoró incluir dentro de este apartado el respeto de la Declaración de las Naciones sobre los derechos de los pueblos indígenas, pero finalmente ha quedado fuera.