Público
Público

Francia invertirá 425 millones de euros en medidas antiterroristas

El primer ministro galo asegura que actualmente hay "cerca de 3.000 personas por vigilar" por su vinculación con el yihadismo

Publicidad
Media: 0
Votos: 0

El primer ministro francés, Manuel Valls, durante el anuncio este miércoles del aumento de medidas para la lucha contra el yihadismo / REUTERS

El primer ministro francés, Manuel Valls, anunció este miércoles un aumento "excepcional" de los medios humanos y materiales de la lucha antiterrorista, ante el "cambio de escala" de la amenaza, ya que actualmente hay "cerca de 3.000 personas por vigilar" por su vinculación con el yihadismo. 

El costo global de este nuevo plan antiterrorista será de 425 millones de euros en los próximos tres años que, según puntualizó Valls, no modificará los compromisos del Ejecutivo en términos de reducción del déficit público. Es decir, que se disminuirá el gasto en otras partidas del presupuesto.

"El número de individuos radicalizados, que pueden pasar a la acción, no deja de aumentar", y en un año se han incrementado un 130% en las redes de los que van a combatir a Siria e Irak y que representan 1.300 personas que hay que vigilar, a las que se añaden otros individuos fichados en otras redes terroristas, señaló Valls en una conferencia de prensa.

Tras adoptar un paquete de medidas en el Consejo de Ministros, insistió en que "este cambio de escala impone medidas excepcionales y no de excepción".

En total, durante estos tres años habrá 2.680 nuevos empleos en los diversos servicios que luchan contra el terrorismo, y "la primera urgencia" será "reforzar los medios humanos y técnicos" de los servicios secretos, que tendrán 1.400 efectivos suplementarios en ese periodo, de los cuales 1.100 específicamente en labores antiterroristas.

En el Ministerio de Justicia, globalmente la dotación de plantillas subirá con 950 puestos en esos tres años, repartidos entre los tribunales, la administración y la protección de la juventud.

La Policía del Aire y de Fronteras (PAF) se encargará de la puesta en marcha de la plataforma de datos de los viajeros aéreos. Las unidades de lucha contra el "ciberyihadismo" también contarán con medios suplementarios.

Valls: "Luchar contra la radicalización implica una acción de gran amplitud"

El Ministerio del Interior, que contará con 233 millones de euros suplementarios en tres años, dedicará una parte de ese dinero a equipar a las fuerzas del orden con chalecos antibalas, incluidos los agentes municipales.

El jefe del Gobierno socialista, que dijo que "luchar contra la radicalización implica una acción de gran amplitud", señaló que la experiencia que se está llevando a cabo en la cárcel de Fresnes para concentrar en un módulo a los terroristas islámicos se va a ampliar a cinco centros. Se trata de controlarlos, con una mayor presencia de los servicios de información, y de "evitar la presión en la propagación del radicalismo" a otros internos. A eso se añade la contratación de 60 nuevos capellanes musulmanes para los centros penitenciarios.

Otra novedad será la inclusión en un fichero, controlado por los jueces, de todas las personas que han sido condenadas por terrorismo, pero también las que hayan aparecido en sumarios de esta naturaleza. Todas ellas serán obligadas a declarar su domicilio y cualquier cambio que hagan, pero también sus viajes al extranjero.

Valls señaló que "toda la sociedad se tiene que movilizar" para transmitir información sobre personas en proceso de radicalización, a imagen de la plataforma constituida para las familias concernidas.

Y frente al objetivo de los yihadistas de minar "la diversidad y la cohesión", el Gobierno francés va a lanzar "una política de ciudadanía, de reforzamiento del laicismo (...) de lucha contra el racismo y contra el antisemitismo".

El primer ministro no quiso precipitarse sobre las demandas de la oposición de derechas de cambiar las normas para poder retirar la nacionalidad o condenar por indignidad nacional a los terroristas. Por eso encomendó una reflexión multipartidista a las dos cámaras parlamentarias para tener en seis semanas propuestas "compatibles con nuestro derecho y con nuestros valores".