Guinea Ecuatorial dice haber iniciado una investigación contra Carmelo Ovono Obiang, viceministro de Seguridad Exterior e hijo del presidente del país africano, Teodoro Obiang, por detención ilegal y torturas a dos ciudadanos españoles y a otros dos ecuatoguineanos. Todos ellos residían en España y forman parte del Movimiento por la Liberación de Guinea Ecuatorial III República (MLGE3R), grupo opositor al régimen de Obiang.

Según el auto de admisión a trámite al que ha tenido acceso Público, el encargado de instruir el caso es Eliseo Mengue Nvo Oyana, un juez al que descubrieron aceptando un soborno para mediar en un proceso judicial abierto contra la empresa General Work en el país africano. Diario Rombe publicó en 2016 un vídeo en exclusiva que lo probaba.

La conversación se enmarcaba dentro de la investigación judicial abierta entonces en el país africano contra varios empresarios italianos vinculados a la empresa Ranger Corporation Guinea Ecuatorial S.A (anteriormente General Work). A través de esta compañía, administradores y trabajadores de la empresa, pero también dirigentes políticos y miembros de la familia Obiang –incluido el presidente- habrían desfalcado 20.000 millones CFA (aproximadamente unos 30.480.803 euros) al Estado ecuatoguineano, de acuerdo a la investigación de Diario Rombe.

En el vídeo, grabado en 2011, el entonces presidente de la Audiencia Provincial de Bata y actual magistrado de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, acepta recibir un soborno de un empresario de General Work, Fabio Maximiliano Galassi, quien graba el vídeo para probar la corrupción del sistema judicial ecuatoguineano.

Una fuente cercana a la dirección de General Work ha explicado a Público que "en Guinea Ecuatorial todo funciona con corrupción, sobre todo el poder judicial". Así lo muestra el vídeo publicado por Diario Rombe.

Hacia el minuto 20 del vídeo, el empresario Galassi dice al juez Eliseo Mengue: "Nosotros [General Works] agradecemos mucho tu ayuda. Tú trabajas un poco como consejero de General Work ¿no? Yo no quiero nada. Yo sé que la ley es como una carretera con un ancho. Tú puedes ir en el medio o puedes ir un poco a la izquierda, sin salirte de la carretera. Yo lo que quiero es un apoyo, porque el abogado es bueno, pero tú tienes cabeza, sabes cómo es, cómo son las cosas aquí (...) Lo que hemos concordado con la señora es que te vamos a reconocer un pequeño honorario mensual ¿de acuerdo?".

A esta propuesta, el juez que tendrá que investigar al hijo del presidente de Guinea Ecuatorial, responde: "De acuerdo".

Según la fuente consultada por Público, Eliseo Mengue ya había estado varios años a sueldo de General Motor. Supuestamente, el juez cobraba estos honorarios a la par que trabajaba en la judicatura ecuatoguineana. Esta persona ha explicado a Público que dichos incentivos tenían la finalidad de agilizar y ayudar a solventar las problemáticas a las que pudiera enfrentarse la empresa durante el desarrollo de su actividad en Guinea Ecuatorial. "Así es como funcionan las cosas en este país", subraya.

Durante la conversación, Eliseo Mengue, Galassi y otras personas no identificadas despliegan un menú de peticiones: paralización de embargos, conversaciones paralelas con otros magistrados y proposiciones de "ayudas" y "apoyos", evidenciando la porosidad del sistema judicial ecuatoguineano a la voluntad de terceros.

Diario Rombe identificó a Teodoro Obiang, presidente de Guinea Ecuatorial desde hace 42 años, como el "jefe" al que se refieren los presentes en la grabación. También lo confirma la fuente cercana a la dirección de General Works consultada por Público. En referencia al "jefe", durante los primeros minutos de la grabación, Eliseo Mengue explica al empresario que "las cosas del jefe no se pueden hablar". Evidenciaba así la impunidad de la que disfruta el jefe de Estado africano y la capacidad que tenía para influir en cuestiones judiciales.

Cabe recordar aquí que la designación de jueces en Guinea Ecuatorial depende del mismo Teodoro Obiáng, lo que genera serias dudas sobre la independencia del poder ejecutivo y judicial. De acuerdo con el artículo 98 de la Constitución de Guinea Ecuatorial, Obiang, es el Primer Magistrado de la Nación, responsable de elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia del país y presidir el Consejo Superior del Poder Judicial. Esta anomalía "es propia de los gobiernos autocráticos", ha apuntado el catedrático de Derecho Internacional de la Universidad de Granada, Javier Roldán.

¿Investigación judicial real o estrategia de la defensa?

Con el inicio de la supuesta investigación en Guinea Ecuatorial, la justicia del país africano reclama para sí la jurisdicción del caso de secuestro y torturas a los cuatro miembros del MLGE3R por parte del hijo del presidente de Guinea Ecuatorial. También de Nicolás Obama Nchama, ministro de Estado encargado de la Seguridad Nacional e Isaac Nguema Ondo Director General Adjunto a la Seguridad Presidencial.

La justicia ecuatoguineana pone así en jaque dos años de investigación desarrollada por el juez Pedraz, titular del Juzgado nº5 de la Audiencia Nacional de España, a raíz de la querella criminal presentada por el MLGE3R contra los tres altos cargos africanos tras la desaparición de Marín Obiang, Bienvenido Ndong, Feliciano Efa y Julio Obama.

Este último, de nacionalidad española, murió en enero de 2023 en la prisión en la que cumplía condena. A pesar de las peticiones de la Audiencia Nacional, Guinea Ecuatorial aún no ha entregado el cuerpo del español.

Los cuatro hombres se encontraban exiliados en España después de que el régimen de Obiang los responsabilizara del intento de golpe de Estado contra su Gobierno en 2017. En mayo de 2019, la sala de lo Penal de la Audiencia Provincial Litoral los declaró ‘in absentia’ (en ausencia) culpables de múltiples delitos relacionados con el supuesto levantamiento.

En diciembre de 2019, los cuatro hombres viajaron a Sudán del Sur, donde fueron presuntamente secuestrados por Carmelo Obiang, Nicolas Obama y Isaac Nguema. Tras esto, fueron encarcelados y supuestamente torturados, de acuerdo con el relato de la acusación.

La noticia de la hipotética apertura del caso en Guinea llegó la pasada semana, apenas unos días más tarde de que el fiscal del caso en España, Vicente González Mota solicitara al juez Pedraz que emitiera la orden de busca y detención de los tres altos cargos ecuatoguineanos.

El 11 de abril, el Ministerio de Exteriores de Guinea Ecuatorial comunicó a su homólogo español que la justicia ecuatoguineana había iniciado una investigación por torturas y detención ilegal contra los ciudadanos ecuatoguineanos, reclamando para sí la potestad para investigar el tema.

Dada la concurrencia de la jurisdicción, el juez Pedraz deberá comprobar que la instrucción en Guinea Ecuatorial es real y seria, y no una mera treta para apartar a la justicia española del caso, como afirma la acusación.

Juez y parte

Eliseo Mengue, a quien le ha sido encomendada la tarea de investigar al hijo del presidente y otros dos altos cargos del Gobierno ecuatoguineano por detención ilegal y secuestro de los cuatro miembros del MLGE3R, fue de hecho uno de los magistrados encargados de confirmar la condena dictada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial de Litoral de Guinea Ecuatorial de estas mismas personas en mayo de 2019.

En aquel momento, el tribunal africano encontró a los exiliados culpables del delito de traición, delitos contra el jefe de estado, depósito de armas y municiones y financiación de terrorismo. La organización Human Right Watch criticó las violaciones detectadas en el proceso judicial, incluyendo confesiones obtenidas mediante tortura. A su vez, Juan Méndez, ex relator especial de las Naciones Unidas sobre tortura elaboró un informe preliminar en el que relató las numerosas violaciones de derechos infrigidas durante las detenciones y el juicio oral.

En 2021, la Fundación Clooney para la Justicia publicaba el reporte "Macrojuicio en Guinea Ecuatorial, una farsa contra la justicia" en el que enumeraba los abusos cometidos por las autoridades durante el proceso, entre los que se incluían el maltrato de los acusados y las dificultades a las que estos se enfrentaron para acceder a su defensa.