La jueza del caso L'Oréal contraataca

Las brasas del caso Bettecourt, sobre fraude fiscal y financiación ilegal de los conservadores franceses, se reavivaron ayer bruscamente. La jueza Isabelle Prevost-Desprez, quien fue apartada de la investigación del caso cuando ya se cobraba la cabeza del entonces ministro, Eric Woerth, ha hecho revelaciones explosivas que implican directamente a Nicolas Sarkozy en las entregas de sobres con grandes sumas en metálico, para la financiación de campañas electorales conservadoras, por parte la heredera del imperio L'Oréal, Liliane Bettencourt.

El libro de inminente publicación Sarko me ha matado, una investigación efectuada por dos de los principales periodistas del caso, Fabrice Lhomme y Gérard Davet, habla de varias personalidades que han visto su carrera quebrada por Sarkozy. Entre ellas, la jueza Prevost-Desprez, que asegura: "La enfermera de Liliane Bettencourt, tras su declaración ante mí, se confió en aparté con la taquígrafa de mi tribunal: Asistí a entregas en metálico a Sarkozy, pero no puedo decir eso en la audiencia oficial bajo juramento".

Del caso Bettencourt ya se conocía lo que figura en el sumario que fue retirado a la jueza y que costó un ministerio (y una inculpación) a Eric Woerth,extesorero de campaña de Sarkozy: que presuntamente Liliane Bettencourt, una de las principales fortunas de Francia, logró evadir impuestos y ocultar una isla al fisco después de haber participado en un sistema de financiación irregular para los diversos conservadores que ostentaron el Gobierno y la presidencia de Francia desde 2002. La trama tenía como ejes a Woerthy a su esposa, empleada de Patrice de Maistre, gestor de la fortuna de Bettencourt. En las grabaciones que revelaron el caso en junio de 2010, el gestor de fortuna de Bettencourt citaba a Sarkozy entre los políticos beneficiarios.

Ahora crecen los indicios de que hubo sumas ilícitas destinadas a la campaña presidencial que llevó al poder a Sarkozy en la primavera de 2007, pero hoy no está abierto ningún sumario sobre ello. Cuando, tras meses de forcejeo, hace casi un año la Fiscalía (dependiente del Gobierno) accedió a abrir el proceso, las autoridades judiciales decidieron retirar del caso a Prevost-Desprez para dispersarlo en varios tribunales de Burdeos.

En Francia, si se prueba en juicio la existencia de financiación ilícita de una elección presidencial, esos comicios quedan invalidados. Así que ayer todas las alarmas de los conservadores franceses se dispararon y llamaron de refuerzo al primer ministro, François Fillon.

"El primer ministro lamenta que, en menoscabo de todas las reglas deontológicas, tales alegaciones que apuntan al presidente de la República, a todas luces desprovistas de fundamento, vengan a alimentar lo más detestable e insidioso de un rumor", escribe Fillon en un comunicado en el que pide el "fin de unas manipulaciones que sólo pueden ser explicadas por el periodo preelectoral", en alusión a las presidenciales y legislativas de la primavera de 2012.

Actualmente, el dossier judicial es un embrollo trasladado y dispersado en tribunales de Burdeos (la ciudad feudo del canciller Alain Juppé). Tres jueces de instrucción bordeleses investigan el "tráfico de influencia y financiación ilegal de campaña", pero no han pedido el procesamiento de ninguna personalidad.

Además, hay un proceso por violación del secreto profesional, porque el fiscal Philippe Courroye (próximo de Sarkozy), investigó facturas telefónicas para localizar contactos entre periodistas y el gabinete de la jueza Prevost-Desprez.

El capítulo familiar inicial del caso Bettencourt (querella contra el fotógrafo gigoló François Marie Bannier,y demanda de puesta bajo tutela de la anciana Bettencourt por parte de su hija y futura heredera) quedó suspendido gracias a un acuerdo, pero ha sido reabierto recientemente. La futura heredera, Françoise, vuelve a estimar que su madre está bajo influencia perniciosa, esta vez por parte de las personas que nuevamente (y no antes) se ocupan de su fortuna.