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La Justicia británica tratará la extradición de Assange el 7 de febrero

El fundador de WikiLeaks asegura que continuará con su trabajo y que ofrecerá un resumen de los argumentos que presentará

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El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, compareció este martes de nuevo ante el tribunal británico que lleva su extradición para confirmar su nombre, edad y domicilio. Los magistrados le comunicaron la fecha definitiva de la vista oral en la que conocerá la decisión sobre su traslado a Suecia tal y como solicitó la Justicia de este país por las acusaciones de violación a las que se enfrenta.

La fecha elegida será en febrero, en concreto el día 7. Assange solicitará permanecer en el Reino Unido durante la vista de su extradición a Suecia, informó el equipo legal que defiende al periodista. A tal efecto, el juez Nicholas Evans, a cargo de la vista de hoy, modificó ligeramente las condiciones de libertad condicional de Assange, por lo que éste podrá permanecer en el Club Frontline, en Paddington (Londres), el 6 y 7 de febrero, a fin de facilitar la llegada del periodista al tribunal de Woolwich el mes próximo.

Assange vive en libertad condicionada en la casa de un amigo suyo en Suffolk, este de Inglaterra, desde donde le hubiera dificultado llegar a tiempo a la audiencia judicial del mes próximo. La representante legal de las autoridades suecas, Hannah Pye, no se opuso a la fecha establecida de febrero.

Los abogados del Australiano, que han difundido un documento que resume sus posiciones jurídicas para la vista de febrero, tratan de impedir la extradición por temor a que EEUU intente juzgarlo por espionaje. El tribunal les comunicará los documentos que deberán entregar en la próxima vista y nombrará a los testigos que deberán dar su testimonio en dicha fecha.

El fundador del portal WikiLeaks, Julian Assange, solicitará permanecer en el Reino Unido durante la vista de su extradición a Suecia que se celebrará el próximo 7 de febrero, informó hoy el equipo legal que defiende al periodista.

Assange, detenido en Londres el pasado 7 de diciembre en respuesta a una orden europea de arresto cursada por Suecia, compareció hoy ante el tribunal de Woolwich, sureste de Londres, para confirmar su nombre, edad y domicilio. La vista de hoy, que duró apenas diez minutos, era preparatoria de la audiencia completa sobre su extradición que empezará en este mismo tribunal el próximo 7 de febrero.

Assange lleva bajo custodia domiciliaria desde el pasado 16 de diciembre en una casa de campo en el condado de Suffolk. El líder de Wikileaks pasó nueve días en la prisión de Wandsworth después de entregarse en una comisaría londinense para prestar declaración por la orden de arresto internacional emitida por la fiscalía sueca.

Las autoridades de Suecia le acusan de dos casos de violación y varios delitos de abuso y acoso sexual de acuerdo con las declaraciones de dos mujeres con las que Assange tuvo relaciones sexuales el año pasado. Éste nunca ha negado que aquellas relaciones hubieran existido, sin embargo sostiene que siempre se dieron en un contexto de mutuo consentimiento y cree que forma parte de una operación política.

Ahora la principal preocupación de Assange y sus abogados es retrasar o paralizar su extradición por el temor a un movimiento de la Casa Blanca para solicitar a Suecia su traslado a EEUU. Washington lleva meses buscando resquicios en su sistema judicial para encontrar la manera de juzgarlo.

Por ahora, la única acusación que podría encontrar algún tipo de apoyo por parte de los jueces sería la de espionaje. Aunque EEUU tendría que demostrar que el propio Assange presionó y seleccionó la información confidencial que se filtra a WikiLeaks.

Los movimientos del Gobierno estadounidense comenzaron en julio del año pasado, cuando WikiLeaks publicó el 'Diario de la guerra de Afganistán'. Aquel documento constaba de 75.000 informes elaborados por militares estadounidenses en los que se demostraban ataques contra la población civil afgana y un avance de los talibanes mayor del esperado.

Washington trató primero de minimizar el impacto de las informaciones diciendo que no eran cosas que no se conocieran ya. Pero después pasó al ataque acusando a WikiLeaks de poner en peligro la vida de sus militares y confidentes. 

Sin embargo ni Assange ni su organización se plegaron a las presiones y en octubre de 2010 hicieron público el 'Diario de la guerra de Irak', compuesto por más de 200.000 informes sobre las acciones de las tropas estadounidenses durante la invasión.

Las evidencias que presentaban esos informes fueron mucho más dañinas que las de Afganistán porque denunciaban las matanzas aleatorias en los puestos de control por parte de los soldados de EEUU. También pusieron de manifiesto cómo EEUU consintió las torturas a las que sometía la policía y el Ejército iraquíes a los detenidos, lo que propició la llamada de la ONU a una investigación.

Sin tiempo para reponerse llegó la publicación de los 'Cables de la diplomacia de EEUU', lo que se ha convertido en la filtración más grande de la historia. Los papeles revelados por WikiLeaks han demostrado, no sólo la manera en que EEUU ve el mundo, sus aliados y sus enemigos, sino las presiones a las que somete a todos los países del mundo para que actúen en su interés.

Esta fue la gota que colmó el vaso y que propició que EEUU pusiera un énfasis especial en la necesidad de detener a Assange. El tono político se encendió en Washington, donde se llegó a acusar a Assange de "terrorista tecnológico". Algunos políticos, como el canadiense Tom Flanagan, llegaron a pedir que se asesinara al Australiano.

Las autoridades estadounidenses decidieron que una manera de frenar a WikiLeaks y Assange era estrangulando sus fuentes de financiación y por eso presionó a las compañías de tarjetas y pago por Internet PayPal, Visa o Mastercard para retirar su apoyo a la organización.

A la salida de la cárcel, Assange ha anunciado que escribirá un libro de memorias para poder recuperar todo el dinero que ha perdido WikiLeaks no sólo por este motivo sino por el costoso proceso judicial al que se enfrenta y por los 285.000 euros que le impuso la Justicia británica como condición para su puesta en libertad bajo fianza.

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