Los represores siguen sin rendir cuentas en Honduras

Ninguna persona ha sido condenada penalmente por las graves violaciones de los derechos humanos que se cometieron después del golpe de Estado del 28 de junio en Honduras, según un informe difundido por la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW).

"La Fiscalía Especial de Derechos Humanos del Ministerio Público a cargo de la investigación de denuncias sobre violaciones de derechos humanos presuntamente cometidas por policías o militares ha presentado acusaciones en 20 casos de presuntas violaciones ocurridas durante el Gobierno de facto. En ocho casos, las acusaciones fueron sobreseídas. Los demás casos se encuentran pendientes ante los tribunales, algunos de los cuales están paralizados debido a que los acusados se encuentran prófugos", señala el informe.

Desde que Lobo asumió el poder, 18 activistas han sido asesinados

"Hasta que las autoridades hondureñas no adopten medidas concretas para reducir la impunidad y poner freno a los ataques, difícilmente podrá restablecerse la confianza en el sistema democrático del país", afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

El informe documenta 47 casos de ataques y amenazas desde que Porfirio Lobo asumió el poder tras las elecciones de noviembre de 2009, entre ellos 18 asesinatos de periodistas, defensores de derechos humanos y activistas políticos. Muchos de ellos, indica la organización "se produjeron en circunstancias que sugieren que estos crímenes respondían a motivaciones políticas".

El Gobierno no ha asignado fondos al programa para proteger testigos

"Las autoridades han logrado avances sumamente limitados o nulos en la investigación de estos casos", insiste la organización.

Human Rights Watch comprobó que las fuerzas de seguridad obstruyeron la investigación de abusos cometidos después del golpe. Se negaron a entregar armas para efectuar pruebas de balística y no respondieron a solicitudes de información que tenían por objeto identificar a policías acusados de cometer abusos. Además, el Gobierno no ha asignado fondos al Programa de Protecciónde Testigos.

Los ataques a las libertades políticas y de expresión, unidas a la impunidad que rodea a las agresiones han fomentado "un clima de terror". Una activista política, por ejemplo, fue atacada junto con sus hijas y recibió un disparo en la pierna. A consecuencia del ataque, la activista decidió abandonar sus actividades políticas.