A primera hora de la mañana, los responsables de Interior de la UE se mostraban muy optimistas de alcanzar un acuerdo que desbloquease los últimos escollos del Pacto de Asilo y Migración, empantanado desde hace ocho años. En junio, el acuerdo no fue posible por la negativa alemana, pero con la locomotora germana ya en el barco, brotaba el entusiasmo. Pero el giro del Ejecutivo ultraderechista italiano en el último minuto ha propiciado un cambio de guion inesperado y ha hecho perder una oportunidad de oro.

Los 27 estaban llamados este jueves a cerrar los flecos pendientes del mecanismo de gestión de crisis y dar así comienzo a las toscas negociaciones con el Parlamento Europeo. Este reglamento está pensado para establecer una hoja de ruta y unas reglas claras sobre los procedimientos de asilo y así enterrar de forma definitiva el Reglamento de Dublín.

El objetivo es ampliar hasta 20 semanas el tiempo en el que las personas pueden permanecer en los centros fronterizos en momentos de fuertes llegadas, endurecer los requisitos de entrada y también acelerar los retornos de todos aquellos que no cumplen con las demandas para permanecer en el territorio comunitario.

Los Verdes, parte de la coalición tripartito alemana, habían expresado su oposición hace unos meses por las vulneraciones de derechos humanos que todo ello podría desatar, especialmente para los menores. Unas voces de preocupación que han mostrado también las ONG de derechos humanos.

Pero el Ejecutivo germano que abandera Olaf Scholz había dado instrucciones claras de sellar la fumata blanca de Berlín durante el encuentro de este jueves en la capital comunitaria.

Sin embargo, el Gobierno italiano que lidera la ultranacionalista Giorgia Meloni ha bloqueado el acuerdo porque quiere cerrar el cerco a las ONG que operan en el Mediterráneo, a las que quiere acusar en el texto europeo de "explotación" e instrumentalización para desestabilizar los países.

Una de las primeras medidas que articuló la líder de Hermanos de Italia tras su llegada al poder fue imponer multas a las ONG que rescatan a personas en el mar y decretar el estado de emergencia estatal alegando una llegada masiva de migrantes. A Roma tampoco le han gustado las nuevas exenciones en el mecanismo para los grupos más vulnerables.

En cualquier caso, el ministro Fernando Grande-Marlaska, que ha presidido el encuentro en nombre de la Presidencia española de la UE, ha asegurado en rueda de prensa que el acuerdo está "muy, muy cerca" y que "es cuestión de días" asegurando que las diferencias se reducen a "matices".

Sin embargo, las agujas del reloj corren en contra de los europeos. El Consejo necesita mayoría cualificada. Con ella, se abrirán las negociaciones con los colegisladores del Parlamento Europeo para abordar los últimos escollos del Pacto de Asilo. Y este diálogo no será fácil.

Uno de los requisitos de la Eurocámara es establecer una acogida obligatoria cuando se produzcan situaciones de crisis, como la acontecida en 2015, cuando cerca de un millón de refugiados sirios llegaron a las costas del Viejo Continente mientras huían de la cruenta guerra de Bashar al Asad, que se prolonga hasta día de hoy.

En medio de esta batalla política en un tema tan sensible y tan divisorio como la migración, los sospechosos habituales de la UE continúan su discurso férreo contra la migración.

En junio lo que sí logró consensuar el Consejo, con la oposición de Hungría y Polonia, es un mecanismo por el que los Estados miembros se comprometen a reubicar a solicitantes de asilo aglutinados sine die en países de primera línea como Grecia o Italia.

Para sortear las posiciones más radicales, se ofrece la posibilidad a cada Estado miembro de pagar una compensación de 22.000 euros por cada persona rechazada, como alternativa a la acogida. Pero Varsovia y Budapest han dejado claro que no aceptarán ni una cosa ni la otra.

Túnez, en el foco de las miradas

Sacar adelante el Pacto migratorio se encuentra en lo alto de las prioridades de la Presidencia española de la UE, que se pondría una medalla ante un tema tan espinoso que tantas antecesoras han intentado sin éxito.

A su favor juega la urgencia que impera en las mayorías de las capitales, que no quieren llegar a las elecciones europeas de junio con este tema en el aire. Pero sobre el terreno, la situación empeora.

Las llegadas a la isla italiana de Lampedusa han experimentado un ascenso exponencial en las últimas semanas aumentando la duda sobre el papel de Túnez, país del que parten la mayoría de refugiados e migrantes que han llegado este año a Europa.

Las relaciones con el país magrebí no atraviesan su mejor momento. En el aire está el Memorandum de Entendimiento que la Comisión Europea firmó hace poco con Túnez para dotar al país con 1.000 millones de euros para evitar su colapso financiero a cambio de que sirva como muro de contención para la migración.

Pero el autoritario presidente Kais Said, que ha lanzado al desierto a centenares de subsaharianos, quiere más y se lo ha hecho ver a los europeos. Hace poco, ha vetado la entrada de una delegación del Parlamento Europeo y, poco después, de un equipo de la Comisión. En los últimos días, ha enviado a su ministro de Asuntos Exteriores a Rusia.

En cualquier caso, el objetivo de gestión migratoria en Europa está ya encaminado: más retornos, más endurecimiento de las normas de entrada y más acuerdos con países terceros.

"Defendemos la cooperación con los principales países de origen y de tránsito como herramienta fundamental para prevenir los flujos migratorios irregulares. Salvan vidas", ha asegurado Grande-Marlaska en rueda de prensa.