La representación jurídica de Juana Rivas ha presentado en la tarde de este jueves una querella criminal contra el Juez Manuel Piñar, magistrado del Juzgado de lo Penal nº 1 de Granada y que la condenó en primera instancia en 2018, por "delito continuado de prevaricación judicial y atentado contra la integridad moral (maltrato institucional)" por sus "decisiones ilegales" durante la tramitación de la Ejecutoria en el Caso Juana Rivas. Esta denuncia fue anunciada hace unos meses por su defensa legal y llega poco después de que el Tribunal Supremo desestimara la petición de la expareja de Rivas, Francesco Arcuri, para que se anulara el indulto que le concedió el Gobierno. 

En la querella, a la que ha tenido acceso este periódico, el abogado de Rivas en España, Carlos Aránguez, desgrana diversas de dichas actuaciones "ilegales" del magistrado a lo largo de los últimos años y lo acusan, además, de falta de imparcialidad y de objetividad. El escrito explica que Piñar, "careciendo absolutamente de competencia para ello", tramitó un expediente de indulto "con la única intención de informar negativamente sobre dicho beneficio, con absoluta parcialidad, alterando intencionadamente la realidad y ocultando la propia existencia de ese expediente a la defensa".

En la querella se acusa al Piñar de que, a pesara de que la sentencia firme condenatoria hacia Rivas la realizó el Tribunal Supremo, y que por tanto era esta alta instancia la que debía encargarse de la tramitación de los documentos necesarios solicitados por Justicia para valorar la medida de gracia, "ha usurpado las atribuciones de nuestro más alto tribunal, dando lugar a la existencia de dos expedientes de indulto paralelos. Uno debidamente informado por el Tribunal Supremo y otro al que jamás debió darse curso y al que jamás debió darse curso" y que fue realizado por Piñar. 

Una retahíla de resoluciones injustas

El abogado cita en la querella diversas actuaciones "a sabiendas de su injusticia" por parte de Piñar en el caso de Juana Rivas. Como la que dictó con "clara falta de imparcialidad y objetividad" el 27 de mayo de 2021 por la que ejecutó la pena de prisión hacia Rivas en la que ordenó la búsqueda, captura e ingreso en prisión sin ningún trámite previo. Estos procedimientos, según el equipo jurídico, suelen estar precedidos de una notificación de 15 días para entrar en prisión de forma voluntaria, cosa que en este caso no existió.

Otro ejemplo es el auto dictado por este magistrado el 9 de mayo del mismo año por el que denegó la suspensión de la pena de prisión a Rivas, una vez que el Gobierno había reducido su pena de cárcel y le había conmutado la inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad por 180 días de trabajos en beneficio de la comunidad.

Estas decisiones, afirma el escrito, estuvieron amparados en "tres absolutas falsedades: que la querellante no se había arrepentido de su conducta (cuando consta lo contrario en los informes penitenciarios); que había reiterado la conducta de sustracción de los menores en el extranjero (cuando la realidad es que no tiene ningún otro procedimiento) y, lo mas grave, que habría permitido el abuso sexual de uno de sus hijos, una acusación tan infundada y cruel que constituye un atentado contra la integridad moral de mi patrocinada", afirma la querella. 

Un magistrado polémico contrario a las leyes de Igualdad

Para comprender la ausencia de imparcialidad del magistrado la querella afirma que es necesario saber que Juana Rivas conocía al magistrado desde hace años, "dado que era amiga de las hermanas del querellado". De hecho, una de ellas representó en algún momento a la expareja de Rivas, Francesco Arcuri y "tuvo siempre con ella una relación tensa por su falta de sintonía ideológica", recalca el abogado en su nota de prensa y añade que una simple ojeada al Facebook de Piñar "para advertir la antipatía" del magistrado "hacia las políticas de igualdad y contrarias a las leyes contra la violencia de género".

En marzo de 2019, cuando aún no existía una sentencia firme contra Rivas, una persona "que no tiene ningún tipo de vínculo con Dña. Juana Rivas, por razones que esta parte desconoce, presentó una solicitud de adulto firmada exclusivamente por él, circunstancia que Piñar no puso en conocimiento ni de Dña. Juana Rivas, ni de ninguno de sus abogados", a pesar de haberla recibido del Ministerio de Justicia, añade el escrito. Sin embargo, en mayo de 2021 le sirvió al magistrado para "abrir una extraña pieza separada de la ejecutoria de Rivas, que dio traslado a la Fiscalía y a a acusación particular, "pero jamás a la defensa. La querella afirma que, a pesar de haber pedido pieza testimoniada de dicho escrito, la defensa de Rivas solo lo conoció cuando la expareja de Rivas solicitó la nulidad del indulto de ésta ante el Supremo. 

Una nueva línea de actuación

En relación a delito contra la integridad moral que pide la querella, el abogado reconoce ser consciente de que "no existen precedentes" de condena a un magistrado por este tipo de delitos, pero "estamos ante un caso de maltrato institucional, pues una vez firme la sentencia del Tribual Supremo (...), mi patrocinada fue sometida a un escenario que en absoluto queda amparado por su condición de reo". "Creemos que el querellado ha dispensado a Juana Rivas un trato que menoscaba intencionadamente su dignidad, absolutamente incompatible con la honestidad y la humanidad que exige la Administración de Justicia". 

El equipo legal de Rivas ya ha presentado una denuncia previa ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que no ha sido inadmitida, y en la que denuncia al Estado por la vulneración de derechos fundamentales de Rivas y de sus hijos y que abunda en la falta de coordinación de los sistema judiciales de España e Italia, algo tratados internacionales como el Convenio de Estambul (ratificado por ambos estados) obliga. 

La antipatía de Piñar por las leyes que favorezcan la Igualdad y la lucha contra la violencia de género, es conocida y patente en sus sentencias desde hace años y volvió a saltar a la luz pública cuando este magistrado condenó a Juana Rivas a cinco años de prisión y seis de inhabilitación a la patria potestad en julio de 2018 (hace ahora cuatro años). La sentencia, que lleva fecha del mismo día en el que se realizó el juicio (lo que llevó pensar que la tenía ya redactada y que no tuvo tiempo de mirar la numerosa documentación que la defensa de Rivas había entregado en dicha vista), incorporaba valoraciones misóginas y contrarias a la violencia de género que ya había utilizado en anteriores sentencias hacia otras mujeres. 

Esta querella se ha interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ser Piñar magistrado en activo y tener condición de aforado.