El magistrado Manuel Piñar del juzgado de lo Penal 1 de Granada ha decretado este jueves el ingreso inmediato de Juana Rivas en prisión y se ha negado a suspender la pena de prisión de dos años y medio por la sustracción de sus dos hijos en agosto de 2017. 

En el auto, al que ha tenido acceso este periódico, el juez pide que se libre oficio a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para la localización de Juana Rivas en "un plazo no superior a 15 días" a fin de notificarle la resolución que la mandará al penal. El auto también requiere a Rivas a abonar la indemnización de 12.000 euros fijada para indemnizar a su expareja.

El abogado de Rivas, Carlos Aránguez, ha expresado su "indignación" por esta actuación "sorpresiva ante una persona que ha solicitado indulto el pasado cuatro de mayo al Gobierno" y que "según el artículo 4º párrafo 4º del Código penal tiene derecho a la suspensión de una pena que no alcanza los tres años" para una persona sin antecedentes. Aránguez a confirmado que recurrirán la decisión judicial primero en reforma y luego en apelación ante la Audiencia Provincial de Granada. 

"Doña Juana Rivas no está siendo oída ante la justicia penal española. De nuevo se la deja en silencio y ni siquiera se la escucha. No es que no se esté aplicando una perspectiva de género que está expresamente prevista en la ley de igualdad y en el Convenio de Estambul en este tipo de procedimientos judiciales, sino que no se le está dando el mismo trato que a otros reos a los que se les da un plazo de ingreso y posibilidad de recurrir", ha añadido su abogado.

Según el auto emitido por el juez "siendo la pena impuesta superior a los dos años no procede la suspensión de acuerdo a lo que dispone el art. 80 del Código Penal".

Esta decisión tiene lugar después de que el pasado mes de abril el Tribunal Supremo rebajara la condena a la mitad (dos años y medio en lugar de cinco) por entender que Rivas incurrió en un sólo delito de sustracción de menores y no de dos. Sin embargo el Alto Tribunal mantuvo intacta la prohibición de ejercer la patria potestad por un período de seis años y estableció la indemnización en 12.000 euros.

El abogado de la expareja de Rivas, Enrique Zambrano ha manifestado este jueves que un posible recurso no suspendería la orden de entrada en la cárcel, dado que hacerlo o no es una "decisión discrecional" del juez sentenciador, en este caso Manuel Piñar. Zambrano ha dicho además a Efe que la tramitación e incluso posible concesión del indulto solicitado por Rivas al Gobierno sería compatible con el cumplimiento de su condena.

En un tuit hecho público pocas horas después de conocerse el auto judicial, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asegurado que "necesitamos justicia feminista para Juana Rivas y estamos a tiempo. Trabajaremos para que así sea. Las mujeres que defienden sus derechos y los de sus hijos e hijas frente a la violencia machista necesitan saber que estamos con ellas".

Una sentencia polémica

El Juez Piñera, que establece el ingreso en prisión de Rivas, es el mismo que en primera instancia en Julio de 2018 la condenó por dos delitos de sustracción de menores, en un auto que fue ampliamente criticado por diversas organizaciones feministas y algunos partidos políticos. Entre los motivos de la crítica figura el hecho de que el Juez no admitió ninguna prueba sobre los posibles malos tratos de Francesco Arcuri, expareja de Rivas, hacia ella. Arcuri fue condenado por malos tratos en 2009 y Rivas lo había vuelto a denunciar por malos tratos habituales en 2016, denuncia que nunca fue vista ni investigada por la justicia española.

En ese momento, tanto Rivas como sus dos hijos tenían la condición de víctimas de violencia de género por la Casa de la Mujer de Maracena (Granada), uno de los mecanismos de atención a estas víctimas puestos en marcha por la Junta de Andalucía. Sin embargo, la sentencia de Piñera despacha el tema de los malos tratos afirmando que "se trata de una estrategia de Rivas para quedarse con la guarda y custodia" de sus hijos menores.

Otra de las polémicas levantadas tenia que ver con el hecho de que el juez  fechara la sentencia el 18 de julio, el mismo día en que se había celebrado el juicio, por lo que no habría tenido tiempo de valorar la abundante documentación aportada por la defensa de Rivas.

Por último, otras de las irregularidades que se han denunciado en este caso tienen que ver con la sentencia de la Audiencia Provincial de Granada que confirmó la confirma la condena de Rivas. En ella se intercalaban hechos y nombres y fechas que no correspondían al caso de Rivas y sus hijos, por los que fuentes de la defensa de Rivas afirman que el Tribunal Supremo tuvo que utilizar los hecho probados que figuraban en la sentencia de primera instancia del juez Piñera en su revisión del caso.

Rivas desapareció con sus hijos durante un mes a finales de julio de 2017. Según afirmó siempre, lo hizo para protegerlos y no entregarlos a su expareja a quien denunció por violencia de género. A lo largo. de los últimos cuatro años, Rivas ha interpuesto diversas denuncias por malos tratos de Arcuri hacia sus hijos. Ninguna de ellas ha sido investigada ni vista en un juzgado. Ahora la fiscalía de Cagliari (Cerdeña) está investigando seis de las denuncias no archivadas. A lo largo de estos años existen diversos informe médicos emitidos por el servicio de Salud andaluz y por hospitales italianos que afirman que los menores podrías estar sufriendo "malos tratos graves".