Hace menos de un año Reem Alsalem asumió el cargo de Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer. Un puesto que se asigna a personas expertas en la materia y se ejerce de forma independiente a la propia organización y a los distintos gobiernos. Tal como explica en esta entrevista reporta directamente ante el Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General de la organización multilateral. En su cartera tiene un mandato ambicioso: apoyar y trabajar con los actores relevantes, sean estos Gobiernos, organismos de NNUU, ONG, víctimas o personas que las representan, para prevenir y responder al problema global de la violencia contra las mujeres. Un equipo muy pequeño para un trabajo muy amplio, que abarca a todos los países del mundo. 

En los últimos dos años, al menos cinco comunicaciones de esta relatoría han pedido al Estado español explicaciones sobre el uso del inexistente Síndrome de Alienación Parental en el sistema de Justicia y se ha preocupado por distintos casos que han llegado a su conocimiento. Como el de Irune Costumero, la madre de Bizkaia a la que los servicios sociales le quitaron a su hija por la fuerza o la última en llegar, la que preguntaba por Diana García M.

Pero desde que llegó a este puesto, Alsalem subió el listón y el tono de las cartas. En una de las más recientes afirmaba que la cantidad de denuncias recibidas desde nuestro país en su relatoría, "indica que existe un patrón estructural" en la judicatura que "desprotege a los niños y discrimina a las mujeres". En esta entrevista afirma que esta violencia institucional puede llegar incluso al grado de tortura.

Hace pocos días, esta experta vino a España en una visita no oficial para participar en el I Encuentro sobre violencia vicaria y violencia de género institucional, junto a diversas víctimas, representantes institucionales y expertas de distintas áreas. Afirma que este contacto directo con las madres que han denunciado violencia sexual hacia sus hijos, le ha mostrado que "la situación es realmente más dramática de lo que había entendido". Sobre todo esto habla en esta entrevista. 

¿Qué hace la Relatora especial sobre la violencia contra la mujer y cuáles son sus competencias?

Esta relatoría es la más antigua de las que existen en Naciones Unidas. Además responder al mandato general de prevenir al problema global de la violencia hacia las mujeres y de hacer comunicaciones y recomendaciones a distintos actores, como los gobiernos, cada relator o relatora identifica una serie de prioridades sobre las cuales quiere trabajar. He llegado a este puesto en un momento muy complejo en el que hay un pushback, una regresión, en temas de igualdad de género y de los derechos de la mujer sobre diversos temas, como la salud sexual y reproductiva. Asumí mi mandato en un tiempo muy complejo a nivel global y en particular en algunas regiones.

Mi compromiso es seguir trabajando en los temas clásicos y centrales en los que ha estado trabajando esta relatoría durante los últimos años, los que representan formas muy evidentes de violencia contra la mujer y las niñas. Pero yo quiero mirar con más atención los nexos o relaciones entre la violencia contra la mujer y las causas estructurales o problemas sistemáticos y endémicos. Por ejemplo, el impacto de las sanciones en Afganistán y cómo la paralización de recursos bancarios hacia este país contribuye a fomentar la crisis humanitaria y las repercusiones que tiene en el incremento de la violencia hacia la mujer. También quiero mirar de cerca la relación que existe entre la crisis climática y esta violencia.

Es decir, intento relacionar asuntos que quizá esta relatoría no ha examinado tanto en el pasado, para ver cómo estas situaciones estructurales contribuyen en la violencia que viven las mujeres.

También quiero profundizar en el tema de la interseccionalidad de la violencia, porque sabemos que la mujer puede estar expuesta a esta violencia por el hecho de ser mujer, pero también porque pueda tener un perfil específico por el que puede ser sometida a una violencia por otras razones adicionales. Este es el caso, por ejemplo de las activistas en política, de las defensoras de los derechos humanos, las indígenas, las mujeres con discapacidad. Por eso hablamos de que hay perfiles que pueden estar más expuestas a la violencia, como las mujeres que son activas en la política, las defensoras de los derechos humanos, indígenas, mujeres con discapacidad.

Cuando afirma que asume la relatoría en un momento difícil. ¿A qué se refiere concretamente? ¿Al auge de los discursos negacionistas de la ultraderecha en los últimos años?

Lo que está claro en la Ley Internacional de los Derechos Humanos, es que los Estados están obligados a promover y proteger estos derechos, independientemente de sus sistemas y sus leyes internas. Es decir, no se pueden usar los sistemas políticos, religiosos, sociales, culturales… para justificar la violencia y la discriminación. Y que los Estados tienen la obligación de eliminar esta discriminación y violencia sin demora.

Dicho esto, lo que vemos a nivel global es que hay un retroceso contra la igualdad de género y que estas fuerzas que empujan en contra están muy organizadas, tienen muchos recursos y tienen mucha influencia. Esto es preocupante, porque están consiguiendo deshacer avances en temas de derechos para la mujer. Y cuando hablo de la mujer es porque me refiero a las personas de las que trata mi mandato, pero hablo de mujeres indistintamente de su orientación sexual y diversidad de género. Es decir, de la mujer en toda su diversidad.

Lo que preocupa es ver cómo en algunos lugares estas fuerzas están logrando, además, desmantelar sistemas de protección y por eso atacan los derechos y los sistemas de protección del sistema judicial. Estamos viendo incluso regresión en países en donde rige el Estado de Derecho y donde ha habido logros importantes. Por ejemplo, en Estados Unidos, con la decisión de Texas con el aborto y el retroceso que podría suponer una decisión de la Corte Suprema de invalidar la decisión conocida como Roe versus Wade [por la que se legalizó el aborto]. Esto es lo que preocupa.

En los últimos meses su relatoría ha enviado diversas comunicaciones a España por la utilización del supuesto Síndrome de Alienación Parental y por la situación de diversas mujeres en el sistema de justicia. ¿Qué ha pasado para que su relatoría y otras envíen un número elevado de comunicaciones a nuestro país?

En las comunicaciones siempre nos basamos en el marco de derechos humanos. Es decir, se plantea o se eleva al Gobierno alegaciones o hechos que van en contradicción con las obligaciones del Estado según este marco. En el caso de España, hemos recibido en la relatoría más de 30 casos en los últimos años, en donde habían razones de peso para entender que España estaba violando sus obligaciones en tema de la legislación internacional de los derechos humanos. Esto estaba fundado en los testimonios de madres y de sus hijos que estaban inmersos en procesos en la Justicia, principalmente en casos de abusos sexuales hacia los niños y niñas por parte de los padres.

En estos casos se violaba los derechos de los menores, pero había un patrón de aplicación de un estereotipo de género contra las madres, en donde sus testimonios eran tenidos menos en cuenta que el de los del padre, o que era considerado como no creíble y en donde la Justicia considera que las madres  intentan alienar a sus hijos para cambiar su comportamiento hacia el padre. Todo esto ocurría a pesar de existir importantes evidencias de que los abusos sexuales habían existido. En estos casos vimos que los derechos de los niños estaban siendo violados por el empeño de obligarlos a continuar su relación con los agresores, bien sea mediante la custodia compartida o en algunos casos porque las madres han sido castigadas por el sistema judicial por presentar estas demandas. En algunos casos ellas han acabado si la custodia de sus hijos o se ha intentado imponer a toda costa un sistema de custodia compartida. 
En todos estos casos hay muchos factores que apuntan a la aplicación de un estereotipo de género y de discriminación de las mujeres en la Justicia, pero también hay preocupación sobre la aplicación del interés superior del menor, sobre la forma en la que se realizan las valoraciones de los menores.

¿Están los Estados obligados a responder a estas comunicaciones que envía su relatoría? 

Los Estados no están obligados a responder a las cartas que les llegan de los procedimientos especiales del Consejo de los Derechos Humanos, y de forma global, yo diría que recibimos un 50% de respuestas a las cartas que enviamos a los gobiernos o a los actores no estatales A veces también enviamos notificaciones a empresas, organizaciones de naciones Unidas, etc.

Sin embargo, estas cartas que enviamos se hacen públicas y es visible si ha existido o no una respuesta del gobierno, porque también se publican. En estas respuestas el Estado tiene una oportunidad importante para verificar los hechos y clarificar lo ocurrido y es además una importante oportunidad de corregir estos vacíos y de asegurarse de que una violación de derechos se subsana.

España tradicionalmente ha respondido a estas peticiones de su relatoría, pero ¿cómo valora su contenido? En general han sido un corta y pega de las distintas leyes aprobadas en nuestro país sobre igualdad, pero sin dar respuesta a los casos concretos por los que usted se interesa.

Depende del Estado, lo que quiera decir y cómo lo hace. En el caso de España, hay una cantidad de otros actores que funcionan de manera autónoma y pueden seguir empujando y llevando los procesos. Incluso si se entendiera que la respuesta del Estado no es adecuada, España tiene una cantidad de organizaciones y ONGs muy vibrantes. También dentro del Estado hay ministerios que tienen un mandato y pueden seguir esta discusión que se establece entre la relatoría y el estado y utilizar estos momentos para avanzar en un debate o un de los temas. En este sentido también sirven las cartas y comunicaciones que hacemos. 

Es decir, no debemos ver solo el impacto de la carta enviada y la respuesta recibida, sino que las comunicaciones desde la relatoría asume una vida propia y es algo que hemos visto en el caso de España. En estos momentos, si ves conferencias o consultas redes sociales, el tema del SAP o la violencia vicaria se hacen muchas referencias a los escritos de esta relatoría. Creo que esta es otra forma en que se pueden empujar los cambios.

Hemos visto que en más de una de esas comunicaciones al Gobierno español participa más de una relatoría especial de la ONU. ¿Esto es habitual?

Si. Se hace de forma habitual pero también depende del Relator. Como señalé, para mí es muy importante durante mi mandato resaltar el tema de la interseccionalidad y las causas de la violencia. En este caso de las comunicaciones a España era importante resaltar las consecuencias psicológicas y físicas de la violencia que se ejerce sobre la madre y sus hijos [en el sistema de Justicia] y por eso impliqué en algunas comunicaciones a la Relatora sobre la Salud Mental y física. También existe un grupo de trabajo sobre discriminación contra mujeres y las niñas que era importante que estuviera presente porque en estos casos veíamos de forma muy clara la discriminación sobre como se tratan las declaraciones de las mujeres y la utilización de los estereotipos, que es una forma de discriminación e influyen en la manera en que actúa la Justicia. Para mi también es muy importante implicar además a la Relatora sobre la tortura, porque según el marco internacional de los derechos humanos hay formas de violencia contra la mujer que llegan a ser tortura y es algo que yo quiero explorar. En este caso fue muy claro.

Quiero también decir que no fue solo la relatoría la que ha planteado este tema. El Grevio, que es el mecanismo que fiscaliza la implementación de los Estado de la convención de Estambul, en su informe sobre España expresó su preocupación sobre la forma en que se valoran los testimonios de las mujeres y los niños en la Justicia en procesos de violencia vicaria y en procesos de custodia.

Por lo que dice, ¿se puede entender como tortura la violencia institucional que ejerce el Estado por su acción o inacción?

Si. La violencia que la mujer experimenta puede llegar a un nivel en el que se considere como tortura. Es posible que lo realice el Estado por acción u omisión de sus deberes. Ahora, en cada caso tendrá que ser evaluado y mirar las circunstancias específicas. No todos los casos pueden ser considerados como tortura.

Hace unas semanas estuvo en España en una visita no oficial para participar en un encuentro sobre violencia vicaria y violencia institucional de género. Entonces usted dijo que vino a escuchar y a entender. ¿Qué escuchó y qué conclusiones sacó?

Para mí fue el primer contacto directo y físico con mujeres que son víctimas y madres de niños y niñas que han sido abusados. Hubo un lado humano muy importante que me impactó mucho como Relatora, pero también como ser humano. Encontrarme con varias de estas víctimas fue uno de los momentos importantes y algo que intento hacer en mis visitas oficiales. Puedes expresar la solidaridad con ellas, que no se sientan solas y que hay personas que entienden el nivel de sufrimiento.

Pero también este encuentro y haber escuchado tantas historias de estas víctimas, me mostró que la situación es realmente más dramática de lo que había entendido. Y en particular el nivel de la violencia psicológica a la que se enfrentan, pero también la violencia económica que sufren a lo largo de los años. Fue particularmente doloroso entender que viven durante muchos años con mucho temor, escondidas.

También entendí mejor el estereotipo basado en el género que no sólo se limita al poder Judicial. Sino que se trata de toda una red de actores que lo aplican, desde los trabajadores sociales a los psicólogos que en su relación con los niños y sus madres replican estas discriminaciones.

Pero quiero también decir que me impresionó mucho el hecho de que los representantes de varias instituciones gubernamentales en el seminario (tanto de la judicatura, la Fiscalía, la Delegación del Gobierno contra la violencia de género) e instituciones europeas como el Grevio se engancharan en una conversación muy abierta y muy seria y muy respetuosa al mismo tiempo y que vinieran para entender mejor esta problemática y buscar soluciones. 
Valoro muy positivo que de la reunión se saliera con una hoja de ruta y un programa de acción complejo, integral. Por supuesto queda claro que hay mucho aún por hacer. No sólo en España, sino en otros países y foros internacionales.

Porque éste no es un problema exclusivo de España.

No. Esta relatoría ha recibido denuncias de muchos sitios del mundo como Brasil, Italia Austria, Suecia, México, Colombia, Estados Unidos, Israel… y esto me ha llevado a decidir que mi próximo informe temático que presentaré al consejo de derechos humanos en 2023 va a tratar este tema: la ausencia de procesos judiciales con perspectiva de género y centrados en el interés superior del niño o la niña en los temas de custodia. Es necesario tratar este asunto de forma global. Nuestra relatoría es pequeña y no tenemos la capacidad de tratar cada caso en particular.

En España se ha aprobado en las últimas décadas leyes muy avanzadas sobre violencia hacia las mujeres, pero parece que esto no es suficiente. ¿Qué falta?

España tiene muchas leyes buenas y recientemente ha criminalizado el uso del  síndrome de alienación parental en la ley orgánica sobre protección de la infancia y la adolescencia, que también resalta el derecho de las víctimas a ser escuchadas. También ha emitido directivas dirigidas a los jueces en relación a la inexistencia de la base científica de ese supuesto síndrome. Es decir, si miramos las leyes son muy buenas. Pero este es parte del problema. Que estas cuestiones no se pueden resolver sólo a través de las leyes, sino que también hay que asegurar las políticas públicas para que los estándares de las normas sean seguidos. También es preciso que la formación con perspectiva de género sean realmente institucionalizadas. No solamente para los jueces que tratan temas de custodias, sino para la judicatura en general y para cualquier persona que actúe con las víctimas de violencia o con niños y niñas que han sufrido esta violencia.

Es necesario institucionalizar cómo se implementan todas esas medidas contenidas en las leyes. Entender qué significa tener una sensibilidad de género en la forma en la que se trata a las mujeres víctimas de violencia.

Porque esta es una obligación del Estado. Lo ha dicho a España especialmente la CEDAW [el comité antidiscriminación hacia la mujer de la ONU, por sus siglas en inglés]. Que los procedimientos judiciales sobre violencia de género sean imparciales y que no estén atravesados por estereotipos de género. Los estados están obligados a esto bajo las leyes internacionales de los derechos humanos, para asegurar que las leyes no discriminen y aseguren la igualdad.