Barrido el suelo en el que se amontonan las pelusas, el polvo y los recuerdos. Repartidos los muebles y los reproches. Se atisba el fin de todo, el precipicio. Los días se nublan y todo se tiñe de un color inevitablemente cursi, insoportable. "¿Quién se queda la casa?", la pregunta irrumpe insolente, conocedora de que puede afear más todavía el punto y final. Alguien solloza estridentemente. Qué pegajoso todo.

 "¿Qué pasa con la vivienda?", la cuestión retumba también en Moncloa, durante los Consejos de Ministros. El idilio de PSOE y Sumar que ha desarrollado la acción de Gobierno durante esta legislatura, desde finales del 2023, parece agrietarse. "No vamos a romper el Gobierno por Ábalos, pero ojo que la vivienda es el principal problema social del país". La frase es recurrente en el ala izquierda del Ejecutivo de coalición, aunque las amenazas previas de Yolanda Díaz quiten fuerza y credibilidad a las medidas de presión al PSOE desde Sumar. 

"No podemos seguir así" exhortó la vicepresidenta a Sánchez en diciembre, tras las acusaciones de acoso sexual a Paco Salazar y la quietud del PSOE durante meses sobre el asunto. Díaz reclamó una modificación del Ejecutivo al presidente, la cuál sigue sin realizarse. "No podemos seguir así", advertía la propia Díaz también en junio, tras el estallido del 'caso Cerdán' que llevó al hasta entonces número 3 del Partido Socialista ni más ni menos que a la prisión madrileña de Soto del Real.

La vivienda es el principal problema para la ciudadanía, con bastante diferencia sobre el resto. Así lo reflejó, de nuevo, el Barómetro del CIS publicado este mismo viernes. A la pregunta de "¿cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España?", la vivienda aparece en primer lugar con 23,8 puntos, muy por encima del segundo, el Gobierno y partidos políticos (13,1) y del tercer problema, los problemas políticos en general (7,4). Cada vez impregna más en la sociedad la conciencia de una división social que coloca, por un lado, a inquilinos y, por otra, a propietarios y, sobre todo, a caseros.     

Este gravísimo problema se cronifica, pese a las numerosas y relevantes movilizaciones que se impulsan desde colectivos sociales tales como el Sindicat de Llogateres o Sindicato de Inquilinas, la PAH y tantas otras organizaciones y asambleas vecinales. Buena parte de la responsabilidad política de esta crisis recae en las comunidades autónomas, la mayoría del PP, que boicotean la ley de vivienda aprobada en la pasada legislatura y no declaran zonas tensionadas en sus territorios, lo que permitiría poner un tope a los precios de los alquileres de las viviendas ahí localizadas. Sin embargo, cunde la sensación y la evidencia de que el Gobierno de coalición estatal, el de PSOE y Sumar, tampoco está logrando solucionar esta crisis.  

Los gravísimos casos de corrupción que han explotado en el seno del PSOE, así como los escándalos relacionados con el acoso sexual o laboral también en las filas socialistas, debilitan al socio mayoritario del Gobierno. Y la relación entre ambas partes del Ejecutivo se ha ido enfriando durante los últimos meses, se les gastó el amor de tanto usarlo. En Sumar creen que las crisis en el PSOE les deben dar más margen para imponer su relato y sus medidas políticas sociales, y lograr resultados en materias como, y sobre todo, vivienda. Sin embargo, esta semana el presidente del Gobierno anunciaba en persona nuevas medidas sobre este tema: un real decreto que, entre otras cosas, recompensa fiscalmente a los caseros que no suban en 2026 el precio de sus alquileres. El enfado de las plataformas de inquilinas y de las izquierdas políticas no se hizo esperar. También en Sumar.

El PSOE nunca se ha escondido al considerar públicamente que la vivienda no solo es una cuestión de derechos, sino también un bien de mercado. En Sumar les sentó como si les pusieran los cuernos, pues estaban negociando con el PSOE sobre la prórroga de los alquileres sin subidas de precios, y  han pisado el acelerador. Cada vez muestran más contundencia al confrontar dialécticamente con su socio de gobierno; el idilio ha terminado. Desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 dirigido por Pablo Bustinduy llevan la avanzadilla. También desde el grupo parlamentario en el Congreso de Sumar, los distintos partidos cada vez son más beligerantes con el Ministerio de Vivienda que lidera la socialista Isabel Rodríguez. 

Así, este viernes Bustinduy anunciaba que perseguirá a las webs que ofrezcan pisos en alquiler por encima de los precios establecidos en zonas tensionadas. El mismo día, el grupo parlamentario de Sumar afeaba que la empresa Alquiler Seguro pueda concurrir a las adjudicaciones de la empresa pública Casa 47 y pregunta por ello a la ministra Rodríguez, para que se posicione. También desde el grupo del Congreso se impulsará una PNL a favor de la prórroga automática de contratos de arrendamiento ante la situación de emergencia residencial. 

El mismo día que Sánchez anunciaba el real decreto que beneficiaría fiscalmente a los caseros que suban los precios de los alquileres, Sumar salió en tromba a criticar la medida, en señal no de ruptura, pero sí de crisis y alejamiento. "Regalar dinero público a los rentistas es un grave error", criticaba Díaz. "Por fin, el Partido Socialista ha reconocido la necesidad de intervenir el mercado del alquiler, pero lo ha hecho con una fórmula que a nuestro entender es ineficaz, es injusta y no es adecuada. Una fórmula que nosotros no compartimos", hacía lo propio Bustinduy. "El objetivo de las políticas de vivienda debe ser garantizar los derechos de las inquilinas y acabar con la burbuja especulativa", recordaba Sira Rego, ministra de Juventud y de Infancia e integrante de Izquierda Unida, dejando una conclusión: "Las ventajas fiscales a los caseros van en la dirección contraria". 

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"La gente necesita alquileres justos, protección y valentía, no a un PSOE que vuelve a poner una alfombra roja a los especuladores", criticaban, a su vez, desde Más Madrid. "El real decreto-ley que plantea el presidente del gobierno está pensando en los rentistas y, por tanto, no lo vamos a apoyar", advertía el diputado Alberto Ibáñez, de Compromís.

La legislatura, a trancas y barrancas, va avanzando como las relaciones de pareja; y está a un año y medio de su final ordinario. Cada vez parece más plausible que Sánchez culmine su mandato, pese a que en distintos momentos parecía una idea descabellada e imposible. Las encuestas son claras, la derecha y la ultraderecha de PP y Vox gobernarán la próxima legislatura si no hay un giro de guion inesperado que dé una vuelta de 180 grados a estas tendencias demoscópicas. Todo esto hace pensar que es necesario un cambio en la marcha del Ejecutivo de coalición si la izquierda quiere tener opciones de seguir gobernando. En Sumar, al menos, lo han leído así y lo relacionan, sobre todo, con  hacer una política de vivienda valiente. 

La política de vivienda ha colocado el disenso en el seno del Ejecutivo, entre PSOE y Sumar, en la propia sala de reuniones del Consejo de Ministros. Un disenso que hasta ahora estaba centralizado en el Congreso, donde la exigua mayoría parlamentaria que invistió a Sánchez ponía el foco en cada votación sobre Junts y, también, en Podemos, aunque por motivos diferentes. "¿Qué hacemos con la vivienda?", se preguntan en unos Consejos de Ministros en que la pasión de los enamorados brilla por su ausencia. ¿Qué hacemos con la casa?