El periodista español Pablo González, colaborador de Público, lleva detenido en una prisión de máxima seguridad polaca desde el pasado 28 de febrero acusado de espionaje. Las autoridades de Polonia le acusan de trabajar para la Inteligencia rusa, sin que hasta el momento se haya presentado ninguna prueba que lo sustente. De hecho, hoy se cumplen once días sin tener noticias de Pablo, sin que ni siquiera su abogado haya podido hablar con él. Totalmente incomunicado, con sus derechos civiles pisoteados y la opacidad y bajo perfil del Gobierno español. ¿Qué sucedería si Pablo hubiera sido detenido en Rusia?

La respuesta a esta pregunta es obvia: no sólo el gobierno español estaría movilizándose mucho más, sino que haría gala de ello. Ahora, en cambio y pese a la vulneración de hasta 18 artículos de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (UE), ni España ni la UE están velando como debieran por la seguridad de este profesional de la información.

De haber sido detenido en Rusia acusado de espiar para Ucrania, el resto de los medios de comunicación también actuaría de un modo muy distinto a cómo la mayor parte de ellos lo está haciendo. El apoyo, la solidaridad que cabría esperar de compañeros de profesión, tan expuestos como Pablo a este trato vejatorio, ha brillado por su ausencia en muchos casos.

Nada puede empañar la imagen, el relato de heroicidad sin fisuras que se está construyendo del bando pro-Ucrania. Pablo si lo empañaba, simplemente describiendo la realidad. Ante esa narrativa con que nos inundan los medios de conciertos en el metro, de voluntarios solidarios y niñas cantando Frozen, el periodista detenido también describía cómo se producían saqueos por parte de algunos ucranianos o cómo las milicias armadas sin formación ni disciplina militar podían representar también cierto riesgo para la población civil.

Eso es informar, relatar cuanto sucede, aunque empañe el relato ideal. Y para eso es preciso moverse, hablar con muchas personas, relacionarse con unos y otros, gozando de esa protección que un periodista debiera tener y de la que Pablo ha carecido. Concedo que, precisamente por ese proceder para hacer un buen trabajo, el oficio de periodismo es la perfecta tapadera para ser espía, porque justifica hablar con uno y otro bando, relacionarte con personas de distinto pelaje, pero ello no implica adhesión a las mismas, del mismo modo que cuando se realiza un reportaje de investigación con sicarios el periodista no es acusado de asesinato.

Las informaciones de Pablo, el modo en que aborda la realidad incomoda, molesta a ciertos círculos. Es un hecho. Reflexiones como la realizada cuando Putin cerró Facebook en Rusia chirrían, porque evidencia la hipocresía: el periodista llamó entonces la atención a cómo fue Moscú quien cerró el grifo a la red social y no ésta la que, como otras compañías, optó por dejar de prestar servicio pues el mercado ruso reporta cuantiosos beneficios. Una reflexión difícil de encontrar en otros medios entre tanto montaje de imágenes trágicas de la guerra con música de fondo lacrimógena.

El propio Pablo, días después de que fuera detenido en Ucrania a principios de febrero y copiaran el contenido de su teléfono móvil, admitía en Twitter que "sé que mi trabajo en Ucrania no ha sido siempre del gusto de todos. A unos no gustaban los reportajes desde Donetsk, a otros no gustaban los reportajes con batallones nacionalistas, etc. Es curioso que de los combatientes que conozco, prácticamente nadie se me ha quejado".

Ni si quiera es cuestión de si Pablo es efectivamente espía o no; se trata de que su presunción de inocencia se ha ido por el sumidero, de que no está recibiendo un trato justo y sus libertades civiles están siendo vulneradas, sin acceso siquiera a asistencia legal. Y todo ello sucede en Polonia, en plena Unión Europea, mientras el Gobierno español calla, limitándose a indicar que Exteriores le presta atención consular. ¿Qué atención es esa que ni le permite hablar con su familia o abogado?

Ayer, durante la sesión de control al Gobierno y ante una pregunta directa del diputado de EH, Bildu, Jon Iñarritu, la ministra de Defensa, Margarita Robles, al fin admitió lo que este medio ya había avanzado el mismo día que Pablo fue detenido en Polonia (28 febrero): que días antes, el CNI interrogó a su familia.

Todo alrededor de este asunto es lamentable. Reporteros Sin Fronteras ya ha urgido a las autoridades polacas a aclarar la detención del periodista y ha encendido las luces de alarma por esta situación. Todo en vano. El atropello continúa evidenciando el doble rasero con que se informa de los hechos, cómo la vulneración de la libertad de prensa y el derecho a la información pasa a un segundo plano cuando se viola en territorio aliado, mientras se cargan las tintas con las penas de 15 años de prisión con que amenaza Moscú a quien informe de lo que el Kremlin considera propaganda... Al tiempo que Europa, directamente, censura los medios rusos con la misma consideración.

Urge que la situación de Pablo se resuelva; es absolutamente inadmisible que un Estado Miembro como Polonia se comporte como un régimen totalitario con la connivencia de España y el resto de países de la UE. 11 días de incomunicación en una prisión de máxima seguridad para un periodista, retenido sin pruebas que lo sustenten, no es propio de quienes dicen defender la democracia en Ucrania, de hecho, dice bien poco de ellos.