"Me gustaría poder contar que cuando uno pasa por el Supremo acaba creyendo más en la Justicia, pero la respuesta es no. Y no porque el tribunal crea o no a un grupo de periodistas o testigos, sino porque cuando ves cómo se hacen las salchichas, te lo piensas antes de comértelas". José Precedo, periodista de El Diario.es, concluyó así en X su valoración sobre la redacción de la sentencia del Tribunal Supremo contra el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por filtrar (él o "alguien de su entorno", no es broma) los datos del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto Quirón González Amador. Las posibilidades que ha abierto el Alto Tribunal en el Derecho español con su sentencia tardía contra el fiscal general -demasiado tiempo en relación al fallo- son infinitas e inescrutables, pero no esperen que se apliquen en igualdad de condiciones; eso sí que no. Y a las salchichas me remito.

Hace muchos años que denunciamos en Público la connivencia del poder político de (ultra)derecha con el Supremo, donde se quiso ungir a Manuel Marchena como presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para que controlara el gobierno de los jueces y, "por detrás", la sala segunda (Penal) del Tribunal Supremo, donde se daban cita -entonces más que nunca- los casos de corrupción del PP. No pudo ser, pero Marchena siguió al frente de la sala de lo Penal del Supremo y, ahora, en su sala de máquinas. De aquellos polvos -el PSOE de Sanchez respaldaba el nombramiento de Marchena, no se crean-, estos lodos -el fiscal general -"o alguien de su entorno"- nombrado por Sánchez ha sido condenado sin pruebas por un tribunal con Marchena al fondo-. ¿Así funciona la justicia suprema o viceversa? Así mismo, y si hacen esto con el fiscal general, imaginen lo que harían con ustedes o con esta plumilla. Ésa es la cuestión.

Al Gobierno, sobre todo a la parte del PSOE, no hay por dónde cogerlo estos días, dice la (ultra)derecha y no pocas en el lado correcto -sí- de la igualdad y los derechos humanos: que si el fiscal general "o alguien de su entorno" filtrando datos reservados, secretos o qué sé yo, que ni el Supremo se aclara en el término, de un ciudadano particular (que no es tal siquiera porque lo defiende con especial entusiasmo la Comunidad de Madrid); que si babosos y acosadores por todas partes, de norte a sur, porque, dicen los del PP, que los del PP (y mira que los denunciamos aquí ya en febrero) son menos, dicen ellos, vengan de Galicia o Algeciras,...  Porque aunque Alberto Núñez Feijóo pacte con los negacionistas de la violencia machista y del feminismo en toda su amplitud (que es mucha), el PP es feminismo, y pobre de ti que digas lo contrario. Aunque también, pobre de ti cuando buscas enfrente.

Acosadores en el PSOE (la violencia machista que el PP niega por y para Vox), el negocio obsceno del hospital de Torrejón (la sanidad privada al mejor postor de Ayuso, modelo 1997 de Aznar para la España que pueda y quiera), las 7.291 víctimas mortales en las residencias de mayores por discriminación durante la covid en la Comunidad de Madrid con dos imputados a la fuga; la exsecretaria general del PP, exministra de Defensa y expresidenta de Castilla-La Mancha, Dolores de Cospedal, que si hubiera sido ministra del sanchismo (o fiscala general), es fácil prever que estaría en prisión provisional, como mínimo, por el caso de las cloacas de Jorge Fernández Díaz, el ministro procesado por la Kitchen que da lecciones sobre mafia o democracia; la causa secreta en la Audiencia Nacional contra la exmilitante socialista Leire Díez y un expresidente de la SEPI que acabó en la empresa (o no) de Santos Cerdán, Servinabar; la DANA que ignoró -y sigue ignorando- el presidente Mazón con sus 230 cadáveres, el procesamiento confirmado ya del putero Ábalos y su extensión García...

La batalla política está en los tribunales, de eso no cabe duda y ése es hoy el problema de nuestra democracia. La vivienda, la preocupante desigualdad en España pese a las buenas cifras macroeconómicas, la precariedad salarial, la productividad de un país orientada al turismo y al sector porcino, la crisis de los servicios públicos meguantes, el auge de los racismos y machismos... Esto no importa a nadie; todo depende de los aditivos y saborizantes del embutido residual que te vendan desde el Supremo u otras instancias judiciales gobernantes (sic), sean sentencias, sucedáneos o la perversión del Derecho, según quién sea el acusado o, ya que estamos, conforme a "una persona de su entorno inmediato". In dubio pro Ayuso.