“Iberdrola acusa a Repsol de competencia desleal, publicidad engañosa y greenwashing”. Parece un titular de El Mundo Today, pero no lo es. La compañía que preside el multimillonario Ignacio Sánchez Galán señala a su rival por haber adoptado “prácticas de eco postureo”, presentándose como empresa verde cuando en realidad sigue impulsando los combustibles fósiles. ¿Hay, en efecto, un lavado verde de la estrategia de Repsol? Lo hay, como es práctica habitual en el mercado energético; que sea Iberdrola quien lo denuncia es, a efectos prácticos, como si en España un banco denunciara a otro por sus comisiones abusivas.

Nadie puede negar el esfuerzo inversor de Iberdrola en energías renovables. Los motivos para hacerlo y el modo que se materializan dichas inversiones son otra cosa. Con un negocio nuclear deficitario y el cierre de las centrales térmicas por el cierre de las minas de carbón, no le quedaban muchas más opciones. Hay más de negocio que de cuidado por el medio ambiente detrás de su viraje verde.

Al mismo tiempo, y como veíamos hace poco con Forestalia, el hecho de moverse en el negocio de las renovables no es sinónimo de cuidar del entorno natural. En el caso concreto de Iberdrola, a la que hace muchos años que sigo, sus parques eólicos han supuesto una grave amenaza para especies protegidas como el urogallo. Recuerdo cómo Castilla y León, la región que más ZEPAs (Zona de Especial Protección Ambiental) tenía de España se convirtió de la noche a la mañana en la comarca con más parques eólicos. Curiosamente, lo hizo con parques que no superaban los 50 megavatios porque, de haberlo hecho, además de no acceder a ayudas públicas, su declaración de impacto ambiental dependería del ministerio de Medio Ambiente, y no de la Junta de Castilla y León, cuya exigencia a la luz de los hechos era más laxa. Allí estuvo Iberdrola.

Tampoco puedo olvidar cómo Iberdrola se sentó el año pasado en el banquillo acusada de alterar artificialmente el precio de la luz; y no era la primera vez que tales sospechas se producían, pues en 2013 la UCO también apuntó en esa dirección, señalando como modus operandi el uso de sus embalses para inflar el precio de la luz. A estos hechos se suman en 2021, además, el escandaloso vaciado de pantanos que gestiona Iberdrola para incrementar el margen de beneficio en su producción, lo que llevó al Ministerio de Transición Ecológica a amenazar con aplicar la Ley de Aguas para evitar tal despropósito. La Xunta de Galicia llegó a abrir a Iberdrola un expediente sancionador por ello.

Esta Iberdrola que se presenta ahora como adalid de la energía limpia es la misma que en Reino Unido recurría al llamado constraint payment, es decir, al cobro de una suerte de indemnización del Estado cuando se deja de producir energía porque cae el consumo o la red nacional no es capaz de absorber toda la electricidad generada. Adivinen, ¿cuál es la energía que detenía Iberdrola? Efectivamente, la eólica, recibiendo una indemnización de 220 libras (258 euros) por MWh cuando, en realidad, las ayudas perdidas por dejar de producir energía tan sólo era de 55 libras (64 euros).

Iberdrola supedita su estrategia a maximizar beneficios; así supera los 4.800 millones de facturación y paga a Ignacio Sánchez Galán casi 14 millones de euros al año; eso sí, mientras posee más de medio centenar de filiales en paraísos fiscales como Delaware. Este anteposición del negocio a la orientación verde de Iberdrola se plasmó en el informe de Transnational Institute en el que revela cómo casi el 50% de la energía producida por Iberdrola seguía en 2022 procediendo del gas fósil o la energía nuclear.

No parece, pues, que pueda dar mucho ejemplo a Repsol la compañía que preside Sánchez Galán, el que nos llamó “tontos” a quienes disfrutábamos de la tarifa regulada y se opuso a la ‘excepcionalidad ibérica’ a pesar de estar registrando ingresos récord. Iberdrola, como en tantas otras cuestiones como sus puertas giratorias, haría bien en no tratar de manipular a la opinión pública, porque resulta muy sencillo volver tal ardid en su contra.