"Què volen aquesta gent, que truquen de matinada?" En el cruce del Passeig de Gràcia y la Gran Via de les Corts Catalanes de Barcelona se vivían momentos de alta emotividad aquel 21 de octubre de 2017. Los Jordis (Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, entonces dirigentes de la ANC y Òmnium Cultural, respectivamente) llevaban cinco días en prisión (serían después muchos más) acusados de sedición. La represión del Estado empezaba a actuar de forma implacable contra los líderes del Procès. 

Miles de personas se concentraban aquel día contra las detenciones. Una convocatoria que apelaba a un espectro social mucho más amplio que el independentismo catalán. El entonces líder de Comuns, Xavier Domènech, y David Fernández, quien había sido referente de la CUP en el Parlament, se encontraron entre la multitud y juntaron sus manos levantándolas. Alguien inmortalizó el momento en una fotografía que pronto se haría viral. 

En el escenario, Maria del Mar Bonet interpretaba este himno antifranquista que relata cómo la policía de la dictadura detiene a un joven de noche, en su casa, bajo la atenta mirada de su madre que no puede evitar la captura. Pelos de punta entre los asistentes, buena parte del independentismo empezó a darse cuenta de que la respuesta del Estado sería más seria de lo esperado, muchas lágrimas también. "De matinada han trucat. Són al replà de l'escala. La mare, quan surt a obrir, porta la bata posada".

Junto a la cantautora mallorquina, en el escenario, en segunda fila, también cantaban los líderes de CCOO y UGT de Catalunya, Javier Pacheco y Camil Ros, que no lograban ocultar la rabia por la reacción de la justicia española, apoyando a los represaliados independentistas. Tras los Jordis, llegaría el turno del entonces president de la Generalitat Carles Puigdemont, exiliándose en Bélgica, o del vicepresident Oriol Junqueras, que sería juzgado por el Tribunal Supremo y posteriormente encarcelado... Así, ocurrió con otros muchos dirigentes políticos y activistas independentistas tras diferentes procesos judiciales. 

En las calles de Barcelona se fraguaba aquellos días una suerte de sujeto político y social muy diverso, quizás de una manera inconsciente. Un sujeto que reunía a distintas sensibilidades en base a dos líneas: por un lado, el rechazo a la represión del Estado; por otro, una contraposición al modelo centralista del nacionalismo español, entonces representado por PP, Ciudadanos y Vox. Un magma que aglutinaba a independentistas, pero también a soberanistas de distinto grados y a federalistas. Y que juntaba en las mismas manifestaciones antirrepresivas a la derecha catalana postconvergente y a los sindicatos de clase, polos antagónicos históricos. 

Meses más tarde tomaría forma políticamente en el Congreso de los Diputados un sujeto similar, pero que apelaba a todo el Estado. El 1 de junio de 2018 triunfaba una moción de censura a Mariano Rajoy que llevaría a Pedro Sánchez a la Moncloa. El PSOE, tras la condena de la Audiencia Nacional al PP por beneficiarse de la trama Gürtel, se animó a presentar la iniciativa que fue apoyada por una mayoría en el Congreso muy diversa que se alineaba en base a dos premisas, una tendencia progresista y un sentimiento plurinacional. 

Esa mayoría, en líneas generales, es la misma que sostiene hoy a Sánchez en la Moncloa. La que ha facilitado las investiduras del presidente socialista y los gobiernos de coalición progresistas entre PSOE y Unidas Podemos o Sumar. Esta legislatura, los números han cambiado y las derechas vasca y catalana tienen más fuerza y son determinantes para condicionar las políticas del Gobierno. El giro a la derecha del hemiciclo complica la consecución de leyes de contenidos sociales y de izquierdas.

Así, esta última semana el Consejo de Ministros aprobaba en segunda vuelta la reducción de la jornada laboral a las 37 horas y media semanales impulsada por el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz. Poco después, Junts anunciaba que presentaría una enmienda a la totalidad a la medida. Sin el apoyo de los de Puigdemont, la medida no saldrá adelante en el Congreso. Que la negativa anunciada por Míriam Nogueras, que tildó la propuesta de "ley infumable promovida por el lobby sindicalista", sea inamovible o se trate solo del arranque de un tortuoso proceso de negociación, es algo que está por ver en las próximas semanas.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, no tardaba en responder a Junts. "Es difícil gestionar que eres más inútil que la última tostada del pan Bimbo. Y cuando tienes que gestionar que no tienes la más mínima utilidad para nadie, tampoco para la gente que representas o para los poderes que representas, pues suele haber una relación directa entre la inutilidad y los aspavientos y los excesos verbales y las pataletas que se adoptan cuando se dicen las cosas. Y yo creo que eso es lo que le pasa a Junts", declaró el sindicalista. Las relaciones entre Junts y CCOO, es evidente, se han deteriorado. El entendimiento político entre opciones diferentes que reaccionan a la represión del Estado o a un posible Gobierno de PP y Vox ya no opera en el caso de Junts.

La mayoría de la investidura ha permitido que la legislatura haya ido avanzando a duras penas el último año y medio, con muchos sobresaltos. Pero el Ejecutivo no ha podido resolver la aprobación de unos Presupuestos que darían tranquilidad para alargar el mandato casi hasta los cuatro años, y suda sangre para sacar algunas de sus medidas clave. Es el caso de la reducción de la jornada, la política estrella de Díaz y de Sumar de este ciclo político. El PSOE ya reconoce en público que ve complicada la aprobación de la norma de Trabajo, dadas las circunstancias, pero también Sánchez ha asumido la negociación como propia de todo el Gobierno y los socialistas se pueden involucrar en los contactos con Waterloo.  

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, sitúa antes de verano la resolución de esta corte de garantías sobre la ley de amnistía. El pronunciamiento a favor de esta ley por el TC aceleraría el regreso de Puigdemont a España. Distintos diputados de las formaciones que conforman el Ejecutivo reconocen en privado un error fundacional de la legislatura: que a cambio de la ley de amnistía pactada con Junts solo se reclamara la investidura y no la aprobación de alguna otra medidas, como unos Presupuestos. De esta manera, la inestabilidad política generada por las ajustadas mayorías parlamentarias se gestionaría con menos angustia para el Ejecutivo.

La legislatura entra en caminos embarrados para el Gobierno, sobre todo para Sumar. En un momento en el que buena parte del debate público se centra en la situación geopolítica y la UE apuesta por políticas de rearme que pueden atacar directamente a la inversión social, Sumar tiene la difícil tarea de sacar adelante promesas de izquierdas desde el Gobierno con una mayoría parlamentaria hostil. En la negociación de la reducción de jornada y en su resultado final hay en juego algo más que la propia medida: aclarar si quedan rebanadas para más sándwiches esta legislatura o si es la última tostada del pan Bimbo. Para ello, la movilización social y sindical será clave en las próximas semanas. Y las contrapartidas que puede ofrecer el Gobierno a Junts para que cambie el sentido de su voto.