Una de las decisiones más decepcionantes que ha adoptado Zapatero durante su mandato ha sido la colocación de Carlos Dívar al frente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo. Por razones inherentes a su propio funcionamiento, el colectivo judicial español se caracteriza por un predominio de la derecha ideológica, circunstancia que en más de una ocasión se ve reflejada en resoluciones, sentencias o informes. En septiembre pasado, tras dos años de bloqueo del PP, los dos partidos mayoritarios alcanzaron un acuerdo para la renovación del órgano rector de los jueces en función de la nueva aritmética parlamentaria: cada uno se adjudicó la nominación de nueve representantes y dejaron los dos restantes a CiU y el PNV. Zapatero quedó con la potestad de proponer al presidente del CGPJ. Lo lógico era que sugiriese a una persona que, siendo competente, dialogante y de trayectoria impecable, tuviese además una visión progresista que sintonizase con la concepción laica y los proyectos legislativos más sociales del Ejecutivo.

El presidente del Gobierno tenía la obligación moral con sus votantes y con su propio proyecto político de satisfacer esas expectativas. Sin embargo, por una mezcla de tacticismo político y ecuanimidad mal entendida, desaprovechó la coyuntura excepcional y situó al frente de los jueces a un magistrado que repartía rosarios entre sus colegas de la Audiencia Nacional, que colaboraba con la revista de la Hermandad del Valle de los Caídos y que consideraba que “sólo en amar a Cristo y en hacerle amar se encuentra la única y verdadera justicia”.

Dívar podrá ser un buen juez y una buena persona, pero, no nos engañemos, el ejercicio de la justicia tiene un margen de discrecionalidad ideológica que, a veces, resulta decisiva en la resolución de los expedientes más abiertos a la interpretación. Es lo que ha sucedido con el proyecto de ley del aborto: la confesa militancia ultracatólica de Dívar ha impedido que el CGPJ, por primera vez en sus 29 años, presentase el informe preceptivo al Gobierno. El Ejecutivo, si realmente tiene voluntad, podrá pese a todo sacar adelante la ley, puesto que el informe del poder judicial no es vinculante. Lo realmente grave de este incidente es que, por una parte, supone un fracaso institucional del órgano al que Zapatero pretendía modernizar bajo las riendas de Dívar. Y, por la otra, confirma que, con la designación de éste, el jefe del Ejecutivo desaprovechó una oportunidad de oro para avanzar en la construcción del Estado laico que le prometió a sus votantes y que tanto le conviene a España.