La ola de populismo conservador y xenófobo que recorre Europa ha seguido avanzando en los últimos días. El éxito electoral de los llamados Auténticos Finlandeses se sumó el domingo a los resultados obtenidos antes por grupos de ultraderecha en Suecia, Holanda o Francia. Ese mismo día, el Gobierno galo cerró temporalmente su frontera ferroviaria con Italia para impedir la llegada de inmigrantes tunecinos, decisión respaldada por Bruselas bajo la excusa de “garantizar el orden público” a pesar de que viola el derecho a la libre circulación. Ayer, el Parlamento de Hungría (país que actualmente ejerce la presidencia de la Unión Europea) aprobó una nueva Constitución que puede calificarse de antidemocrática. La mayoría absoluta de la que goza la derecha populista le ha permitido imponer una carta magna en la que se bloquea la posibilidad legal de abortar y el matrimonio homosexual, se instaura la cadena perpetua y se encomienda expresamente “a Dios la corona de Hungría, el orgullo patrio, la cristiandad y la familia”.

La oposición de izquierda y numerosos colectivos sociales e intelectuales han definido el texto como un “golpe de Estado constitucional” mientras la ultraderecha (tercera fuerza ya en Hungría) también votó en contra por considerarla poco nacionalista. La Comisión Europea debe evaluar con urgencia si esta ley es compatible con los principios democráticos y actuar (por una vez) antes de que sea tarde.