No contento con perseguir a Francisco Camps por ver si deja de reírse de una vez, el malvado Rubalcaba tuvo tiempo de encargar a su “muchedumbre policial” un informe en el que se dan pelos y señales de la presunta financiación ilegal del PP de Madrid. Según se describe, la trama funcionaba igual que en Valencia pero con fundación interpuesta, Fundescam, que era la que pagaba gastos electorales del partido con los fondos aportados por empresarios afines como el moroso Díaz Ferrán. Como ya entonces Esperanza Aguirre era “cojonuda”, el de la CEOE apoquinó entre 2003 y 2004 más de 246.000 euros, que luego recuperaría multiplicado en concesiones de la Administración madrileña. Su cuñado Arturo, más modesto, sólo contribuyó a la causa con 57.000 euros. Se ve que los restaurantes no dan para más.

Incorporado al sumario de la Gürtel, el asunto de Fundescam tiene muy mala pinta para Aguirre, que dejó su presidencia a toda prisa en febrero de este año, y tiene una pinta horripilante para Pío García Escudero, que estaba al frente de la cosa en los años en los que, tal y como apunta la Policía, se camuflaron gastos por importe de 1,3 millones de euros. García Escudero, que es el azote de Zapatero en el Senado y hombre de confianza de Rajoy, hasta el punto de ser uno de los asiduos de las famosas reuniones de maitines, sigue sin decir ni pío sobre este tema, y eso que Aguirre le endosó el mochuelo hace unos meses.

El principal problema de Aguirre no se llama Rubalcaba sino Pedreira, el juez instructor, cuya minuciosidad debe de estar resultando exasperante a los populares. El magistrado está tirando de todos los hilos de la madeja, y si uno llega hasta las cuentas del PP, otro alcanza las adjudicaciones a dedo que el Gobierno regional concedió a empresas de la red de Correa, un total de 367 contratos desde que la lideresa está en la Puerta del Sol.

De Correa, la presidenta ha llegado a decir en privado que es un corruptor en toda regla, pero, al margen de depurar a los cargos públicos imputados a los que había forrado el riñón, ha evitado mayores indagaciones internas, consciente de que ella misma se ha beneficiado de sus andanzas. Obtener financiación ilegal para una campaña se llama delito electoral, y no dejará de llamarse así por mucho que el delito haya prescrito.