Hoy se cumple el segundo aniversario de la desarticulación de la trama Gürtel, pero hay pocos motivos de celebración. Si acaso, el hecho de que sigan en la cárcel algunos personajes que jamás debieron acercarse a menos de mil kilómetros de la actividad política. Quienes permitieron no ya la cercanía sino una simbiosis rentabilísima entre mafiosos y supuestos servidores públicos siguen acomodados en el sillón. Dos o tres jueces y un puñado de fiscales y policías tienen el mérito de haber desvelado que esta tropa robó al erario público un mínimo de 120 millones de euros (20.000 millones de las antiguas pesetas) en ocho años de latrocinio. Esa cifra no incluye el todavía ignoto monto de la evasión fiscal o el volumen exacto del dinero negro manejado. La cúpula del PP, con Mariano Rajoy a la cabeza y Federico Trillo como cerebro estratega, ha utilizado artimañas políticas y jurídicas para dilatar el proceso de la Gürtel. Bajo el paraguas de la presunción de inocencia se protegen escandalosos indicios de financiación ilegal, en Madrid y en Valencia. Francisco Camps será candidato electoral si consigue retrasar el momento de sentarse en el banquillo. No importa que mintiera sobre el pago de los trajes (lo cual ya quedó demostrado en el primer auto del TSJCV). Las mentiras son simples herramientas que sirven para ocultar lo más grave: el dinero de los contribuyentes se evapora y la demagogia convierte las urnas en lavadoras del saqueo.