Justo al día siguiente de que el fiscal Brammertz presentase sus primeras conclusiones denunciando la “insuficiente” colaboración de Belgrado en la persecución del carnicero de los Balcanes, el primer ministro serbio anunciaba ayer su captura y aseguraba que “todas las puertas de adhesión a la UE están ahora abiertas”. Boris Tadic también aseveró: “Hemos limpiado nuestro nombre y el nombre de todos los ciudadanos serbios”.

Esta última afirmación es falsa, y la primera también debería serlo. Después de 16 años de burla a la Justicia internacional, Serbia pretende haber lavado todas sus culpas con la entrega de un solo hombre –por abominables que fueran sus crímenes– sin que nadie responda por ese largo encubrimiento de un genocida que al final fue hallado en un domicilio familiar al que hace años que informaciones periodísticas señalaban como su posible escondite. Durante ese tiempo, Ratko Mladic incluso participó en cacerías en bosques remotos y asistió a fiestas de cumpleaños de sus antiguos camaradas de armas, como mostraron los vídeos caseros aparecidos en 2009, donde se le veía bailar y celebrar.

No cabe la menor duda de que altos oficiales del Ejército serbio le ayudaban a eludir a la Justicia, y estos siguen jugando un papel relevante en la política del país. Dar ahora por buena la salud democrática de Serbia como para incorporarse a la UE sería bajar de nuevo la guardia como se hizo con las prisas de acoger a otros países de la Europa del Este, cuyos gobiernos siguen exhibiendo muchos años después comportamientos antidemocráticos, exacerbando la xenofobia, limitando la libertad de expresión y coartando los derechos de las minorías en el propio seno de la Unión.

Seríamos más que ingenuos si creyésemos que los militares serbios merecen el título de demócratas sólo por haber entregado a uno de los suyos.