El malvado César González Ruano solía decir de la familia Sánchez Mazas: “En esa casa, todos hablan mal de todos y todos tienen razón”. Hace ya tiempo que en el Partido Popular ocurre lo mismo, con la diferencia de que unos cuantos no se han conformado con hablar mal de los demás. Han empleado fondos públicos o del propio partido para espiar a los contrincantes. ¿Con qué objetivo?

Hay medios de información y altos cargos de la derecha empeñados en limitar el escándalo a una trifulca de poder político interno entre Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón, con el objetivo de eliminar al otro en la carrera por la sucesión de un Mariano Rajoy al que todo dios da por finiquitado. ¿Acaso buscaban en sus seguimientos y grabaciones ilegales demostrar una traición a los principios del liberalismo conservador?

Al fondo de todo el entramado, se divisa más bien otro fundamento: la pasta. Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, (Nachete para los amigos), es el Rasputín de Aguirre, el hombre que lo mismo negocia la concesión de licencias de televisión digital que la construcción de un polideportivo en la periferia de Madrid. Acostumbrado a actuar como el dueño de un cafetal, le importa un comino firmar adjudicaciones a una empresa participada por un socio de su hermano y de su cuñado.

Aunque sólo fuera por una cuestión de higiene democrática, va siendo hora de que alguien frene el pestilente intento del PP de matar al mensajero.

La Fiscalía Anticorrupción tiene la obligación de no perderse en el ejercicio de la confusión política, mediática y crematística. Hay datos sobrados para iniciar una investigación judicial que no dependa, por cierto, de un Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al que también alcanza la mágica mano del ínclito Nachete.