La posibilidad de que las personas que estén en paro demoren el pago de la mitad de la cuota de sus hipotecas es un alivio pero no un regalo. Pasados dos años, tengan o no trabajo, el banco empezará a cobrarles mes a mes todo el dinero aplazado. Además, como esta parte de la deuda seguirá devengando intereses, el coste final de la vivienda será inevitablemente más alto.

La medida aprobada ayer por el Consejo de Ministros, en cambio, sí puede ser un negocio redondo para las instituciones financieras. La mayoría de los beneficiarios son morosos en potencia. Las cantidades que difieran estarán plenamente garantizadas por el Estado. Y, si la moratoria ocasiona nuevos problemas de liquidez, hay cuantiosas ayudas públicas para afrontarlos.

El Gobierno ha decidido también reducir las retenciones a los titulares de hipotecas con derecho a desgravación fiscal en el IRPF y alargar dos años el plazo para ejecutar las actuales cuentas vivienda. En esta especie de plan de rescate ciudadano, sin embargo, no se dice una sola palabra de los alquilados, que al fin y al cabo, si se quedan sin empleo, deben afrontar las mismas dificultades, cuando no más, que los propietarios.