La historia sangrienta en Siria se repite. En 1982, las Fuerzas Especiales al mando de Rifaat al Asad (hermano menor del entonces presidente Hafez) sofocaron una revuelta de los Hermanos Musulmanes en la ciudad de Hama con la matanza de entre 10.000 y 30.000 civiles.

Casi 30 años después, el actual presidente, Bashar al Asad, y su hermano menor, Maher (jefe de la Guardia Republicana), son responsables de la brutal represión de las protestas que desde marzo han costado ya más de 2.000 vidas, muchas de ellas en la misma Hama, donde sólo este fin de semana han muerto al menos 150 ciudadanos.

La familia que controla el complejo entramado del poder en Siria desde hace décadas no cambia, por tanto, su gen represor, por mucho que de vez en cuando Al Asad anuncie supuestos avances aperturistas. Ni siquiera se altera la excusa para torturar y matar a manifestantes. Alega el régimen (como ya hiciera en 1982) que se trata de islamistas armados.

La diferencia en 2011 está en el mismo germen que ayudó a sacar del poder a los sátrapas de Egipto o de Túnez: pese a que el Gobierno no permite la entrada a periodistas extranjeros, las redes sociales recogen pruebas de la represión en directo. Entre la intervención militar (fracasada en Libia) y la ambigüedad política, hay fórmulas drásticas de presión económica y diplomática que la comunidad internacional debe aplicar ya sobre Siria, para detener las matanzas y evitar una guerra civil.