Si se respetara escrupulosamente la normativa sobre incompatibilidades, un buen número de altos cargos del nuevo Gobierno tendrían que abstenerse a la hora de tomar decisiones en materias bajo su responsabilidad. Porque no se trata sólo del primer nivel del Ejecutivo, ministros que han accedido a sus carteras procedentes de los lobbies más influyentes en esas mismas áreas cuya dirección política asumen. Los segundos escalones de la Administración están a su vez plagados de nombres relacionados con las empresas, industrias o consultoras que se juegan suculentos contratos y pingües beneficios según qué medidas vayan apareciendo en el BOE. No es un fenómeno novedoso, y suele justificarse con el lógico argumento de que al Gobierno deben llegar "los mejores". Haber ocupado altos puestos en la esfera privada sería una garantía de capacidad y experiencia en la administración del interés general.

Sin embargo, tal ecuación tropieza con la evidencia de que apenas se conocen casos de altos cargos que se hayan abstenido al tomar decisiones que podrían estar condicionadas por sus más recientes intereses particulares. El problema no reside tanto en la legislación vigente como en la aplicación estricta de la misma y en la transparencia gubernamental. Si no se dan esos dos requisitos básicos, es más que legítima la sospecha de que ciertos tecnócratas pasan temporalmente a la política no por vocación de servicio público sino para cumplir intereses privados.