La derecha ha salido en tromba contra la normativa antideshaucios promovida la semana pasada por la Junta de Andalucía, y para denigrarla -como es habitual- ha empleado todo tipo de falacias, que resulta bastante fácil desmontar.

1.- Las expropiaciones no son un invento de los socialistas o de los comunistas de IU, como el PP y su coro mediático parecen empeñados en hacernos creer. En nuestro país, están reguladas por una ley que data de 1954; es decir, del franquismo, que no fue precisamente una dictadura de izquierdas. El artículo 33 de la Constitución española también ampara esa limitación del derecho a la propiedad privada, siempre y cuando existan razones de utilidad pública o interés social. Un interés social que en el caso de las víctimas de desahucio con riesgo de exclusión está más que justificado.

2.- La Junta de Andalucía no es la primera administración pública que recurre a esta herramienta: todas, incluso las gobernadas por el PP, la utilizan con frecuencia. ¿Cómo, si no, se hubieran podido llevar a cabo -por poner sólo dos ejemplos- el trazado ferroviario o la red de carreteras? O, más recientemente, el aeropuerto sin aviones de Castellón. Y, cuando expropió los terrenos necesarios para darse ese costoso capricho, nadie -que se sepa- acusó al "ejemplar" Carlos Fabra de hacer suyas las políticas nacionalizadoras del chavismo en Venezuela.

3.- Hasta que se conocieron las intenciones de Griñán, al Gobierno de Rajoy no se le había oído queja alguna sobre el "atentado contra la propiedad privada" que pudieran suponer en general las expropiaciones. Todo lo contrario: sólo unos días antes, el 7 de abril, el Grupo Popular en el Congreso presentó una proposición no de ley para eliminar algunas trabas burocráticas que ahora soportan y abaratarlas. Detrás de esta iniciativa es fácil entrever la mano de la ministra de Fomento, Ana Pastor, que suele lamentarse de que un metro cuadrado expropiado para construir autopistas de peaje sale a veces "más caro que un metro cuadro en la Gran Vía".

4.- El Gobierno -como el viernes se encargó de recordar su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría- ya tomó hace poco una medida parecida a la de la Junta de Andalucía. Aunque no la llame así, ¿qué es la paralización de los lanzamientos por hasta dos años, prevista en el decreto ley sobre desahucios, sino una expropiación de uso? Con una particularidad además: que Rajoy no pagará ni un duro a los propietarios de las vivendas, mientras que Griñán -de acuerdo con los usos legales- les compensará con un justiprecio, que en parte deberán sufragar los inquilinos.

5.- En cualquier caso, las expropiaciones decididas en Andalucía no van a afectar a los particulares, sino a los bancos y a las promotoras de viviendas, cuya responsabilidad en la crisis inmobiliaria es de todos conocida. Pese a ser entidades privadas, las nefastas consecuencias de su codicia durante los años del boom nos ha costado a los españoles mucho dinero y, en justa correspondencia, hay sacrificios que deben hacer ellas.

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