No les bastaba con aplicar la ley. Querían humillarlo. Sabían que Baltasar Garzón saldría de la Audiencia Nacional como lo que es para miles de ciudadanos: la última víctima del franquismo. No podían tolerar que los titulares de esta mañana recogieran un doble mensaje: el Poder Judicial suspende a Garzón por querer investigar los crímenes de la dictadura española y lo autoriza para que sí investigue los de otras dictaduras. Habría sido el broche incomprensible de una cacería inexplicable. Incluso para la imagen internacional de una democracia seria. El Consejo General del Poder Judicial está obligado por ley a suspender de sus funciones a cualquier juez sobre el que se haya dictado la apertura de juicio oral, por descabellado que sea el auto que decreta esa decisión. Sobre este punto no cabían dudas a la vista de las prisas espectaculares que le entraron al instructor del Supremo Luciano Varela por empapelar a Garzón. Algunos miembros progresistas del órgano de gobierno de los jueces, incluso el propio Garzón, confiaban ayer por la mañana en que la Comisión Permanente convocada para la tarde autorizaría su traslado a la Corte Penal Internacional. Pecaron (una vez más) de ingenuidad. Con la excusa de solicitar informes complementarios a La Haya o al Supremo, se decidió aplazar la decisión y bloquear (por el momento) una salida digna del juez ajusticiado. En la calle se gritaba “¡qué vergüenza!”. Y así es.