No avisaron de la quiebra de Enron, ni de la estafa de WorldCom. Ni de la crisis de las puntocom. Ni alertaron de las hipotecas basura. Al contrario: les dieron nota alta. Y hasta casi la víspera de la quiebra de Lehman Brothers tanto Standard & Poor’s como Moody’s mantuvieron la calificación más alta para su cliente (Lehman).

Ha habido muchas ocasiones para comprobar que las agencias de calificación no son fiables al valorar los riesgos. Una subcomisión de investigación del Senado de Estados Unidos concluyó hace unos días que las firmas de calificación crediticia tenían conflictos de interés y han ignorado señales de fraude. Entre los documentos aparecía una conversación en la que un analista de Moody’s le decía a un banquero que la revisión del rating no se definiría hasta que “el tema de las comisiones” estuviera resuelto. Ese año, las agencias de calificación cobraron 6.000 millones de dólares, el doble que cinco años antes.

La UE pide “responsabilidad y rigor” a las agencias. Pero aquí estamos, con un sistema que alimenta la especulación y determina las políticas de los estados mucho más que los parlamentos nacionales.

Esta semana, la deuda de Grecia ha caído al nivel de los bonos basura y las de Portugal y España han sido rebajadas a manos de Standard & Poor’s. Si Grecia quiebra se lo deberá a Standard & Poor’s, a la dejación de funciones de los políticos europeos y, especialmente, al Gobierno griego (al anterior) que engañó a todos con la ayuda de Goldman Sachs.

Precisamente a los directivos de Goldman Sachs les llamaron ayer banksters (mezcla de banqueros y gangsters). Algo parecido habría que llamar a las agencias de calificación, un negocio que se forra cobrando de aquellos a los que evalúa y que nos ha dado una muestra tras otra sobre su poca credibilidad.

La reforma es urgente.