Óscar Celador

Profesor de Derecho Eclesiástico del Estado y de Libertades Públicas

La visita del papa a Madrid está suscitando mucha polémica debido al disparatado despliegue de medios y espacios públicos que le acompaña, pese a que se trata de un viaje de carácter pastoral y a que España, aunque por momentos pueda no parecerlo, es un país ideológica y religiosamente laico en palabras del Tribunal Constitucional. Asimismo, los partidarios y los detractores de la visita han realizado un cruce de acusaciones tanto sobre el coste económico de la estancia papal como sobre la posibilidad de manifestarse públicamente contra ello.

Los gobernantes madrileños y la Conferencia Episcopal han repetido hasta la saciedad que la visita del papa no se financia con fondos públicos, mintiendo de forma descarada a la sociedad española. Por poner algún ejemplo, miles de peregrinos podrán utilizar espacios públicos –como polideportivos o colegios– para alojarse sin pagar coste alguno por ello, o los servicios públicos de trasporte pagando tarifas reducidas; y el Gobierno de la nación declaró acontecimiento de excepcional interés público a las Jornadas Mundiales de la Juventud, permitiendo de esta manera que las donaciones económicas que realicen empresas o particulares a la organización del evento disfruten de un régimen fiscal privilegiado, de forma que las arcas públicas dejarán de ingresar el importe de las generosas deducciones.

El otro aspecto que ha generado polémica es el deseo de numerosas asociaciones y colectivos de manifestarse contra la visita del papa. Lo llamativo de esta situación es que sean aquellos que hace poco cargaban sus tintas contra las principales políticas públicas aprobadas por el Gobierno de la nación, y se manifestaban legítimamente contra la aprobación de leyes en terrenos como la educación, el aborto o el matrimonio entre personas del mismo sexo, los que ahora vean en la manifestación anunciada un ataque a su derecho de libertad religiosa. Puede que la denominada manifestación “antipapa” sea la pequeña mancha en la florida alfombra con la que nuestros gobernantes quieren acoger al papa durante su visita, pero no hay que olvidar que nuestra Carta Magna reconoce las libertades religiosa y de manifestación a todos los españoles, católicos o no.