Abusos sexuales en la infanciaEspaña y Argentina: dos maneras de afrontar el inexistente Síndrome de Alienación Parental

Esta semana el Gobierno argentino ha fijado y hecho pública su posición contraria al denominado Síndrome de Alienación Parental (SAP) por considerar que se trata de "una falacia carente de rigor científico" a la que se recurre para "limitar, obturar o deslegitimar el avance en la protección de derechos de niños y niñas víctimas". El documento oficial salió de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) y fue firmado y apoyado por diversos cargos públicos, como el viceministro de Justicia, pero también por organizaciones de la sociedad civil, ONG y por particulares representando a sectores tan diversos como la psicología, el periodismo y la academia.

El detonante para esta reacción institucional fueron las afirmaciones de un presentador de un programa de televisión, que en el espacio que lleva su apellido, "Fantino por la tarde", explicó a su audiencia que una de las consecuencias invisibles de esta pandemia en España había sido el terrible incremento de los casos en los que se da este síndrome. Dando por válida la existencia de esta supuesta patología, explicó que, según informaciones que salían de Valencia (sin citar ningún tipo de fuente), el tema "explotó" en España y que se ha dado un incremento de denuncias falsas. Con estos antecedentes en España, el presentador advierte a la población argentina sobre los peligros de este "vendaval" que está ocurriendo en nuestro país.

El pronunciamiento del Gobierno argentino llegó una semana después. Afirma que este síndrome es utilizado, especialmente en ámbitos judiciales, por "varones adultos acusados de violencias graves y/o abusos sexuales en perjuicio de sus hijos e hijas menores de edad" y que mediante su uso "se pretende colocar un manto de sospecha sobe dichos niños o niñas que declaran ser víctima de violencia, alegando falsamente que los menores no hacen más que repetir discursos inculcados por otra persona adulta (generalmente la madre) que le habría metido en la cabeza que tiene que acusar falsamente al otro progenitor". El documento afirma que desde este argumento "todos, o la inmensa mayoría de las niños y niñas actuarían manipulados" y que todas o la inmensa mayoría de las madres "serían manipuladoras inescrupulosas".

La finalidad del posicionamiento, afirma el escrito, es "alertar sobre lo perjudicial que resulta para los derechos de los niños y niñas víctimas de graves atropellos" que este falso síndrome se presente como una "teoría seria, científica, validada por expertos". De hecho ningún organismo internacional ha reconocido su existencia.

España huérfana de pronunciamientos institucionales

En España la realidad es bien distinta. No existe un pronunciamiento oficial por parte del Gobierno en contra de este supuesto síndrome, a pesar de que, tal como explicó el presidente de la Comisión de los derechos del Niño de la ONU recientemente a Público, nuestro país es, junto con Chile y Brasil, donde su uso está más extendido.

Se pueden contar con los dedos de una mano, y sobran cuatro, las instituciones parlamentarias en las que se ha enunciado un rechazo a esta supuesta patología. Sólo los partidos políticos representados en las Juntas Generales de Vizcaya llegaron a un acuerdo mayoritario de rechazo y a la adopción de medidas para que el servicio a la Infancia no utilice nunca más el SAP. También acordaron pedir al Gobierno Vasco analizar los criterios de valoración en la atención y protección a menores para dar mejor respuesta a menores víctimas de abuso sexual.

Lo hizo después de varios casos en los que a las madres se les retiró la custodia de sus hijos tras denunciar a sus exparejas por abuso sexual o maltrato hacia sus hijos. El caso que disparó el consenso fue el de Irune Costumero, que sentará en el banquillo de los acusados a los máximos responsables de infancia de dicha comunidad.

En Cataluña, una iniciativa similar de repudio hacia el SAP fue rechazada por la mayoría de la cámara, con los votos en contra incluso de fuerzas políticas de izquierda como el Partido de los Socialistas de Catalunya (PSC) y de Esquerra Republicana (ER). 

La enmienda fue presentada en el Parlament 8 de junio por En Común Podem, e incluía dos puntos de posicionamiento institucional: el rechazo de la cámara al uso del supuesto síndrome y exigir al Govern el compromiso de que ninguna institución u organismo que reciba financiación pública utilizara esta teoría pseudocientífica o cualquiera de sus derivados nunca más. Ninguno de los puntos vio la luz.

Tanto el PSC como ER negaron la existencia de que dicho síndrome se estuviera utilizando y pusieron en duda el consenso científico sobre la existencia de este fenómeno. Desde ER afirman que votaron "en contra de la moción porque el texto que se sometió finalmente a votación buscaba hacer creer que existe un apoyo institucional a esta teoría, y esto no es verdad", argumento cuanto menos curioso, puesto que en Catalunya han seguido ocurriendo los arrancamientos decretados por el sistema judicial de niños de su madres y que son considerados como una violencia hacia los menores. 

Justo antes de la declaración del estado de alarma, Silvia, una madre catalana fue obligada por una jueza a entregar a sus dos hijos. Al menor a su expareja y a la niña mayor, de tan sólo siete años, a los servicios sociales, con la prohibición de tener visitas con ninguno de los dos. La retirada de custodia se produjo tras un largo periplo judicial que se inició cuando la madre denunció a su expareja por abusar sexualmente de su hija. Los informes de la Unidad de la Familia Funcional de Abusos al Menor (UFAM) perteneciente al Hospital Sant Joan de Déu, determinaron que era la madre la que malmetía a sus hijos en contra del padre, afirmando que ella sufría de "preocupación mórbida", un de los eufemismos que se utilizan para aplicar el SAP.

Una ley de infancia con carencias

Tampoco el anteproyecto de ley contra las violencias en la Infancia que acaba de presentar el Gobierno aborda la prohibición de este supuesto síndrome que causa la desprotección de los menores en los procesos judiciales. Diversas organizaciones de defensa de la infancia y contra la violencia hacia las mujeres han expresado su sorpresa e indignación por el hecho de que una ley específica no aborde este serio problema. De hecho algunas expertas no sólo resaltan que la ley no lo prohibe de forma expresa, sino que la propia norma en su redacción actual puede promover su uso. 

"El anteproyecto de ley no prohibe el uso del SAP, sino por el contrario, lo cuela por la puerta de atrás. Por una parte se crean espacios extrajudiciales en los cuales será posible una aplicación sistemática de este inexistente síndrome. Por otra, la posible introducción de la figura de un coordinador parental o el mayor peso de los servicios sociales a la hora de decidir custodias, abre la puerta a que se sigan imponiendo procesos de revinculación forzosos de los menores con un progenitor que se considera violento, que es el fundamento del SAP", explica a Público Estrela Gómez, responsable de la organización gallega AGAME. 

También la psicóloga Sonia Vaccaro, experta en violencia de género y una de las voces más activas en la lucha contra el SAP, carga contra la redacción actual de la ley. Según Vaccaro el texto contra la violencia en la infancia presentado por el Gobierno está en total contradicción con la ley de violencia de género de 2004 e instala en su articulado lo que se conoce como la terapia de la amenaza. Es lo que Richard Gardner, autor de la teoría del SAP, decía que había que aplicar para "curar" el síndrome.

Esta terapia consiste en apartar a la madre del hijo o la hija y establecer una revinculación obligatoria con el padre, incluso aunque éste estuviera acusado de abusar de sus hijos. "El anteproyecto de ley presentado dice que los niños que viven en un ambiente violento están en riesgo. No dice que son víctimas. Al estar en riesgo los servicios sociales pueden actuar y declarar el desamparo, incluso en el caso de que la madre sea víctima de violencia de género. Ella pasaría de ser víctima a victimaria. Tenemos ejemplos. Es lo que le pasó a Irune Costumero: los servicios sociales declararon el desamparo, asumieron la custodia de la menor y se la entregaron al padre. Esto está ya en las leyes del País Vasco y se llama Balora. Ahora se está institucionalizando en la ley de la Infancia", explica Vaccaro.

De hecho todos estos temas formarán parte de las enmiendas que diversas organizaciones sociales están preparando para esta ley, cuyo plazo acaba de comenzar y concluirá el próximo dos de septiembre.

En una reciente entrevista con Público, el presidente del Comité de Derechos del niño de Naciones Unidas, Luis Pedernera, declaró que el SAP es un tema clave que debería ser abordado en una ley contra las violencias en la infancia para prohibir su uso porque su aplicación genera situaciones de "extrema violencia en los niños y niñas.

Según Pedernera, los países en el mundo en que se está aplicando este supuesto síndrome de forma preocupante son Brasil, Chile y España. "Creo que esta ley tendría que ser una oportunidad para decir algo sobre esto en la línea de lo que dicen los órganos de Naciones Unidas: que no se puede aplicar bajo ninguna circunstancia".