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Violencia sexual contra la infancia Una jueza de Barcelona le quita la custodia a una madre que denunció abusos sexuales de su expareja hacia sus hijos

La madre entrega a sus dos hijos tras unos días de estar en paradero desconocido. La demoledora sentencia separa a los hermanos. Entrega al menor de 4 años al padre y decreta que la niña de 7 sea custodiada por los servicios sociales (DGAIA) y prohíbe a la madre tener ningún contacto con la niña.

Silvia A.M. entrega a sus hijos.
Diversas personas apoyan a la madre que entregó a sus hijos hoy tras la decisión de una jueza

Marisa Kohan

El pasado 17 de febrero la jueza Regina Selva del juzgado de primera instancia nº 18 de Barcelona decretó un cambio de custodia de los hijos de Silvia A. M., una mujer que había denunciado posibles abusos sexuales de su expareja hacia sus dos hijos. El menor tiene hoy 4 años y la niña 7.  En un auto duro y demoledor, la jueza decreta el cambio de custodia inmediato de los niños de la madre al considerar que "no ejerce de forma adecuada la guarda de los menores" y culparla de que los niños "no recuperen el vínculo con su padre y se relacionen normalmente con él".

El auto decreta también la separación de los hermanos, porque si bien la custodia de los dos pasa al padre, el menor convivirá con él, mientras que la niña pasará un tiempo indeterminado institucionalizada en las dependencias de la Dirección General de Atención a la Infancia (DGAIA), donde deberá recibir tratamiento psicológico "para restablecer la relación paternofilial". Según la decisión de la jueza, basada en la recomendación de los servicios sociales, la madre no tendrá ningún derecho de visita con su hija y podrá ver a su hijo menor una vez cada 15 días durante una hora en un punto de encuentro de forma "tutelada permanentemente".

La jueza decretó en el auto que la retirada (que se conoce como arrancamiento) que ésta se llevara a cabo el mismo día de la vista, es decir, el día 17 de febrero pasado y pedía a agentes no uniformados que acompañaran a los funcionarios a efectuar la recogida en el colegio o en el domicilio de los menores.

La madre, que ha permanecido en paradero desconocido desde el momento del auto, ha hecho entrega de los menores a mediodía de este miércoles en la ciudad de la Justicia de Barcelona, en un acto en el que estuvo arropada por algunas organizaciones, que han firmado un manifiesto de apoyo a esta madre. 

En el manifiesto, una veintena de organizaciones y de profesionales de distintos ámbitos denuncian la violencia institucional extrema al que se somete a los niños en "nombre del interés superior del maltratador y padre de familia" y recuerdan que los niños no mienten ni tienen la capacidad de inventarse abusos sexuales que no han sufrido. 

Denuncias por posibles abusos sexuales

Este último auto es el colofón de un largo y tortuoso procesos judicial que se inició a finales de 2015, cuando la hija de Silvia A.M. relató a su madre tocamientos y posibles abusos sexuales por parte de su padre. En ese momento, la madre decidió abandonar con lo puesto el domicilio familiar llevándose a sus hijos e interponer una denuncia contra su expareja. La primera intervención con la niña se realizó a principios de 2016 en Unidad Funcional de Abusos al Menor (UFAM) del hospital San Juan de Dios. Este informe, afirma la abogada de la madre, ha ejercido un "efecto bola de nieve", que ha arrastrado todo el proceso y que ha puesto en duda a la madre, afirma su abogada Antonia Ortiz a este diario.

La UFAM, uno de los servicio de referencia durante años sobre abuso a menores, ha sido duramente criticado por sus modos de operar y por producir infinidad de informes en los que no cree en el relatos de niños y acabo culpabilizando a las madres, a las que se acusa de un falso síndrome de alienación parental, es decir, de lavarles en cerebro a sus hijos para que acaben detestando al padre. Se trata de un síndrome inexistente, puesto que no ha sido reconocido por ninguna institución médica internacional e incluso el Consejo General del Poder Judicial previene de su uso en los juzgados. Recientemente diputadas del Parlament catalán han pedido que se revisen cientos de informes realizados por esta unidad a lo largo de los últimos años.

Tal como explica la abogada de la madre, a pesar de que la menor cuenta los hechos, el informe concluye que los relatos de la niña (que en ese momento tiene 3 años) y de la madre no son creíbles, por lo cual el procedimiento se archiva. 

En el proceso de divorcio, sin embargo, una jueza decreta que la custodia de los menores sea para la madre y que el padre vea a los menores en un punto de encuentro para reanudar de forma paulatina la relación paternofilial.

En 2018 el menor de los hijos relata a la madre tocamientos y maltrato del padre, que habrían ocurrido en el lavabo del punto de encuentro en una de las visitas del padre. Entonces un pediatra del hospital Vall d'Hebron inicia un protocolo por posibles abusos, pero finalmente quedan archivados por falta de pruebas. En la exploración física no se detectan signos de abusos.

"Esto empieza en la UFAM y a partir de ahí todos los informes públicos van en esa línea. Cuestionar a la madre y no al padre", explica Ortiz. Siguiendo la estela de la UFAM, los informes de organismos públicos como la DGAIA consideran que la madre proyecta una imagen negativa y por eso los niños no quieren ver al padre. La acusan de inventarse los abusos a pesar de que existen diversos informes psicológicos que explican que existe estrés postraumático de la menor por lo que ha vivido con el padre y que entienden como creíble el relato de los menores, éstos no se tienen en cuenta", afirma Ortiz.

Tal  como explica esta abogada, las denuncias por posibles abusos sexuales del padre hacia sus hijos han sido archivadas provisionalmente por falta de pruebas, como suele ocurrir en la gran mayoría de casos sobre abusos sexuales hacia menores. "Esto no quiere decir que los hechos no hayan ocurrido y que él haya sido absuelto, sino que los hechos no se han podido probar". 

En los últimos meses, la madre ha presentado querellas contra diversos servicios sociales de la Generalitat, como la DGAIA, los servicios sociales del ayuntamiento o el Equipo de atención a la infancia y a la adolescencia (EAIA) por prevaricación, por afirmar que los niños estaban en situación de riesgo. También ha presentado una querella contra la jueza por el mismo delito. Dichas querellas se encuentran repartido por diversos juzgados y aún no han sido admitidas a trámite, por lo que la decisión de la jueza de cambiar la custodia de los menores e institucionalizar a la niña, no ha tenido ninguna cortapisa.

Una vista en la que sobrevuela el SAP

La vista en la que la jueza decide el cambio de custodia tuvo lugar el pasado 17 de febrero sin la presencia de la abogada ni de la madre. Ortiz se encontraba de baja médica, por lo que a jueza dio un plazo de 48 horas a la madre para nombrar un nuevo representante legal o acudir al juicio sin uno. La madre respondió que quería asistir con asesoramiento jurídico pero que no podía nombrar a nadie que la representara en poco tiempo y que quería que Ortiz siguiera siendo su abogada.

La jueza, entonces, decidió celebrar el juicio, la que Silvia A. M. tampoco acudió por encontrarse indispuesta. En el vídeo de la vista, al que ha tenido acceso este diario, se vierten duras acusaciones hacia la madre y afirmaciones habituales que justifican el un SAP, que debería estar proscrito de las salas de justicia.

Durante la vista dos técnicas de los servicios sociales declaran la necesidad de la retirada de custodia y justifican que la madre no vea a sus hijos durante un tiempo (especialmente a la niña) para que no influya en ella. Diversas expertas explican que esta actuación es lo que Richard Gardner, inventor del SAP, llamaba la técnica de la amenaza, un proceso por el que se aleja a madre e hija para "desprogramarla". 

A a vista asiste, también, una coordinadora parental, una figura nombrada por el juzgado para mediar entre los progenitores. En su intervención en la vista afirma en relación a los posibles abusos sexuales: "La madre no hay forma de que entienda de que no se han cometido esos hechos, pero no tiene empatía con las necesidades de los niños". Afirma que "lo que hace la madre es un maltrato, porque priva a los niños de la figura del padre" y "que promulga el odio al padre y que esto tendrá consecuencias". 

Cuando la jueza le pide que explique que significa anular la influencia que la madre ejerce sobre los niños, la coordinadora afirma: "Aunque es duro, lo suelo explicar así cuando me he encontrado con estos casos: esto es como una secta, y lo que hay que hacer es erradicar a esa persona de ahí para intentar que vuelva a tener una visión propia de la realidad. ¿Que quiero decir con esto? Que los niños no tienen que tener la influencia de la madre".