El PSOE y Unidas Podemos mantienen abierta su batalla en el seno del Gobierno de coalición para tratar de atajar las subidas abusivas del precio de la vivienda y para frenar una posible emergencia habitacional en los próximos meses. El acuerdo entre la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, y las principales entidades financieras del país para impulsar un protocolo con el que aliviar las subidas hipotecarias de las personas más vulnerables, no convence al socio minoritario del Ejecutivo.

El problema con la vivienda tiene que ver con la imposibilidad de las familias de hacer frente a los pagos abusivos necesarios para tener un hogar y el riesgo de que, como consecuencia de ello, se produzca una oleada de desahucios que provoque una emergencia habitacional como la que se dio durante la crisis financiera.

Las dificultades para las familias se dan en dos ámbitos: las hipotecas y los alquileres. En el primer caso, debido al aumento de las hipotecas de tipo variable, como consecuencia del incremento de los tipos de interés y del Euribor en un contexto marcado por la guerra de Ucrania y la inflación. En el segundo, la subida generalizada del coste de la vida ha afectado también a unos precios del alquiler que, en muchos casos, ya estaban en niveles estratosféricos (sobre todo en las grandes ciudades) antes de la deriva inflacionista.

El enfrentamiento entre los socios del Ejecutivo se da por el recetario que quiere aplicar cada uno para frenar esta emergencia y en ambos casos, a grandes rasgos, se da la misma disyuntiva: Unidas Podemos pide una intervención que limite de manera directa los precios, mientras que el PSOE apuesta por otro tipo de medidas que no implican el establecimiento de topes.

El último ejemplo es el de las hipotecas. Este martes Nadia Calviño ha presentado en el Consejo de Ministros el acuerdo que ha alcanzado con las principales entidades financieras para tratar de "aliviar" la carga de las familias que tienen una hipoteca de tipo variable. Este pacto pasa por ampliar el denominado Código de Buenas Prácticas de la banca y, entre otras medidas, se da opción a reestructurar el préstamo hipotecario con con un tipo de interés más bajo durante la carencia del principal de 5 años (euríbor menos 0,1% frente al euribor más 0,25% actual).

Este protocolo no ha pasado como solución para Unidas Podemos, y sus principales dirigentes han afeado sus escasos efectos y alcance para aliviar la carga hipotecaria y dar seguridad a las familias. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, se preguntó este martes: "¿Las medidas que se adoptan sirven para que repartamos las cargas de la crisis? Humildemente, creo que no. ¿De qué van las medidas? Van de garantizar que los tipos de interés, que a día de hoy son elevadísimos, se mantengan".

Díaz: "Las entidades se están beneficiando como nunca"

Díaz ha explicado que "en esos acuerdos, que se suscriben entre las partes (banco y cliente), lo que está claro es que el tipo de interés actual ha de seguir abonándose a cambio de una renegociación que consiste en un alargamiento de la duración de la hipoteca".

"¿Esto es lo que defendemos desde Unidas Podemos? No. Es un pequeño paso, ahora bien, si ustedes me preguntan, ¿las entidades financieras se comprometen con su país o hacen un pequeño sacrifico? No. La transferencia de rentas desde la ciudadanía a las entidades financieras por la subida del Euribor es de 8.000 millones de euros, ergo las entidades se están beneficiando como nunca de la subida de los tipos de interés", ha remachado. 

La ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, escribía en su cuenta de Twitter: "Desde Podemos vamos a seguir proponiendo medidas más ambiciosas y obligatorias para la banca que nos permitan apoyar a todas las familias. En materia de vivienda queda mucho por hacer".

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, también se pronunciaba al respecto en sus redes sociales: "Las medidas que ha filtrado la Vicepresidenta Calviño son voluntarias, apenas van a reducir la cuota de la hipoteca, dejan a muchas familias fuera y casi no tocan los beneficios obscenos de la banca. Nosotros vamos a seguir trabajando para limitar las subidas abusivas de verdad".

En el mes de octubre, en plena negociación entre Calviño y las principales entidades financieras, CaixaBank puso sobre la mesa la posibilidad de congelar las hipotecas de las familias vulnerables durante un año, una medida que fue respaldada por Yolanda Díaz. El equipo de la vicepresidenta segunda entiende que la medida más eficaz para evitar impagos y grades pérdidas de poder adquisitivo es mantener las cuotas hipotecarias tal cual estaban en el mes de julio, antes de que el Euribor se disparase por la subida de los tipos de interés.

El bloqueo de la ley de vivienda

En el caso de los alquileres, Unidas Podemos denuncia el bloqueo en el Congreso de la ley de vivienda, que se aprobó en Consejo de Ministros en febrero y que acumula más de dos años de retrasos desde que ambos socios del Gobierno se comprometieron a impulsarla.

Esta norma contiene dos fórmulas para tratar de contener los precios de los alquileres: incentivos fiscales para los pequeños propietarios que accedan a no subir las rentas de los inquilinos, y límites para los grandes tenedores de vivienda en las denominadas zonas de mercado tensionado. En el espacio confederal aspiran a profundizar en más medidas y a mejorar la ley en su trámite parlamentario, y trataron de vincular estas reformas a la negociación de los Presupuestos de 2023, aunque finalmente las cuentas se cerraron sin un compromiso en materia de vivienda.

Hasta que la norma se apruebe, EH Bildu y el PSOE pactaron este martes el apoyo del grupo parlamentario vasco a los Presupuestos en el Congreso a cambio de que se amplíe la limitación del 2% en la subida de los alquileres cuando se revisen por parte de los arrendadores.

Se trata de una medida que se aprobó en marzo para hacer frente a las consecuencias económicas de la inflación y de la guerra de Ucrania, y que expiraba en diciembre (las rentas del alquiler se suelen actualizar por contrato de manera anual atendiendo a la evolución del IPC, que desde hace muchos meses experimenta subidas históricas, lo que provocaría incrementos notables de los precios que tienen que pagar los arrendatarios). Con este acuerdo, la limitación del 2% se mantendrá también durante todo 2023.