Más de un millón de familias podrán rebajar la presión económica que les supone el pago de sus hipotecas como consecuencia del acuerdo cerrado en las últimas horas por el Gobierno y las principales entidades bancarias, y cuyo contenido ha aprobado el Consejo de Ministros con forma de decreto que será publicado en los próximos días.

El Gobierno ha decidido actualizar y relanzar el 'escudo social' que ya activó para hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia, ahora para tratar de evitar una crisis habitacional y otra en el sector bancario como la que sufrió el país durante la 'gran recesión', con una nueva batería de medidas que se suma a otras recientes como la ampliación hasta mayo de 2024 del veto a los desahucios para familias en situación de vulnerabilidad.

Las aprobadas ahora abren la puerta a "proteger a más de un millón de hogares, esto es, más de una de cada tres familias que tienen hipoteca a interés variable", señaló la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, que anotó que "ha llegado el momento de arrimar el hombro y aliviar la situación de las familias más vulnerables que se pueden ver perjudicadas por la subida de los tipos de interés".

Este movimiento, que según apuntó Calviño responde a "un esfuerzo muy intenso y muy constructivo" por parte tanto del Gobierno como de la banca, llega en un momento en el que, coincidiendo con el encarecimiento de las hipotecas por la subida del euríbor desde principios de año, ha arreciado la presentación de demandas de ejecución hipotecaria por parte de las entidades financieras.

Así, las 6.485 formalizadas de enero a junio de este año duplican las de los dos años previos a la pandemia en ese mismo periodo y elevan a 250 el volumen que llega a los juzgados cada semana, según indican los datos del INE (Instituto Nacional de Estadística), que señalan que ese ritmo no se daba desde hacía un lustro.

¿En qué consiste la batería de medidas?

Básicamente, en una nueva versión del Código de Buenas Prácticas de la anterior crisis para las entidades financieras, que a partir de ahora podrán optar por mantener el anterior o actualizar su conducta y elegir el nuevo. Esto último les obliga a aplicar las nuevas condiciones en las hipotecas de sus clientes en situación más vulnerable.

¿Cuándo entra en vigor?

A partir del 1 de enero, según explicó Calviño, que también indicó que las entidades financieras dispondrán de un mes, a partir de su publicación, para adherirse al nuevo marco, algo que ya ha anunciado que va a hacer Caixabank, que posee la mayor cartera hipotecaria del país. "Espero que todas las entidades que actúan en el mercado hipotecario se sumen", aventuró la vicepresidenta económica.

¿Quién se puede acoger?

Hay varios supuestos, el principal de los cuales se dirige a perceptores de rentas inferiores a 24.318 euros anuales (tres veces el Iprem o Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) que estén comprando viviendas que les cuesten más del 30% de sus ingresos y a quienes la subida del euríbor les haya supuesto un incremento del esfuerzo económico del 50%.

¿Hay matices?

Sí, o, más que matices, definiciones pendientes de conocer y que se concretarán en el decreto. Son, básicamente, cuatro: ¿el límite de renta se refiere a la del deudor hipotecario (el titular del préstamo) o a la de la unidad de convivencia? ¿Hablamos del 30% del ingreso neto o del bruto? ¿Afecta a viviendas principales o también a las de otro tipo? ¿El esfuerzo se refiere a lo que ha subido todo el recibo mensual o únicamente a los intereses que gravan el crédito?

¿En qué cambian sus condiciones?

Las hipotecas de quienes cumplan esos requisitos podrán ver reducidos durante cinco años los intereses a un nivel del euríbor menos una décima, lo que dejaría los recargos en el 2,73%, ya que ese indicador se encuentra en el 2,83% según los datos del BCE (Banco Central Europeo), al tiempo que les evitaría el pago del diferencial.

Esos mismos deudores podrán negociar con el banco en más de una ocasión la reestructuración de su deuda, pasarán a disponer de 24 meses desde el primer impago de cuotas para poder plantear la dación en pago que liquida los débitos con la entrega de la casa y contarán con un plazo de un año (ahora es de seis meses) para solicitar a la entidad financiera que les aplique un alquiler social del 3% de su renta para poder seguir viviendo en su casa tras perder su propiedad.

¿Y si el 'esfuerzo' no ha crecido tanto?

Cuando la carga haya aumentado por debajo del 50%, los afectados podrán pedir una carencia de intereses como la anterior durante dos años, ampliar hasta el siete el periodo de liquidación del préstamo (eso reduce la exigencia al recortar el principal de cada recibo) y optar también a una reducción de interés menor que la citada.

¿Hay más grupos de beneficiarios?

Las nuevas normas pactadas entre Gobierno y banca contemplan apoyos para el grupo de deudores hipotecarios cuyos ingresos no superen 3,5 veces la cuantía del Iprem, lo que supone 28.372 euros brutos al año, que podrán acogerse a las rebajas siempre que, al mismo tiempo, cumplan el requisito de haber visto incrementarse en un 50% el esfuerzo financiero que les requiere la hipoteca.

Este grupo, del que según Calviño forman parte otras 750.000 familias, podrán solicitar la congelación de las cuotas durante doce meses, la aplicación de un tipo de interés menor (que Calviño no especificó) y alargar hasta siete años el plazo de vencimiento del préstamo.

¿Hay más novedades?

La batería de medidas anunciada por Calviño contempla modificar la normativa sobre cesiones de créditos para reducir la indefensión de los hipotecados que cambian de acreedor sin saberlo al vender su banco a otras entidades esas deudas, además de recortar el coste de cambiar de tipo de interés variable a fijo y eliminar durante 2023 las comisiones por amortización anticipada y por el cambio de tipo. También el encargo al Banco de España de una guía sobre deudores vulnerables.

¿En qué consiste el nuevo 'defensor del cliente'?

Por último, se crea la Autoridad Administrativa de Defensa del Cliente Financiero, que unifica los servicios de atención a los usuarios del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros. 

Este nuevo 'defensor del cliente bancario', en el que la presentación de denuncias será gratuita, tendrá potestad sancionadora y sus resoluciones serán vinculantes para las entidades financieras cuando el importe no alcance los 20.000 euros, dos aspectos que hasta ahora no habían sido incluidos en la normativa sobre supervisión de la actividad del sector financiero. 

Su marco de actuación incluirá los criptoactivos y las operaciones con entidades de tipo 'fintech', es decir, los activos virtuales y las operaciones con fiadores sin sede física.